Las dudas detr¨¢s del ¡°servicio social para la paz¡±
El gobierno se propone reemplazar el servicio militar obligatorio con un proyecto que genera dudas, pero podr¨ªa marcar una tendencia regional
El pasado martes el Ministro de Defensa, Iv¨¢n Vel¨¢squez, radic¨® el proyecto de ley que ser¨ªa la columna vertebral de la paz total, una de las pol¨ªticas insignia del Gobierno de Gustavo Petro. Entre sus disposiciones est¨¢ crear un ¡°servicio social para la paz¡±, lo que concreta la propuesta de campa?a de Petro de ...
El pasado martes el Ministro de Defensa, Iv¨¢n Vel¨¢squez, radic¨® el proyecto de ley que ser¨ªa la columna vertebral de la paz total, una de las pol¨ªticas insignia del Gobierno de Gustavo Petro. Entre sus disposiciones est¨¢ crear un ¡°servicio social para la paz¡±, lo que concreta la propuesta de campa?a de Petro de reemplazar el servicio militar obligatorio, aunque el servicio social ser¨ªa una alternativa que puede elegir cada joven y no un sustituto general. La iniciativa contempla que tenga la misma duraci¨®n y remuneraci¨®n del servicio militar: 12 meses y el 30% de un salario m¨ªnimo, respectivamente.
La implementaci¨®n, seg¨²n anunci¨® Vel¨¢squez, se har¨ªa de forma gradual e incluir¨ªa actividades como la alfabetizaci¨®n digital; el trabajo con v¨ªctimas del conflicto armado, la promoci¨®n de la pol¨ªtica de paz o la protecci¨®n de la naturaleza y la biodiversidad.
La propuesta, aunque anhelada por los sectores sociales, gener¨® sentimientos encontrados en varias organizaciones que han trabajado desde hace a?os en los problemas del reclutamiento, como JUSTAPAZ. ¡°Nos alegramos, pues es necesario evolucionar y permitir a los j¨®venes no ir a la guerra y elegir otras actividades. Sin embargo, tambi¨¦n nos deja un mal sabor pues en todo lo que en nuestro trabajo hemos visto y conocemos, no deber¨ªa ser obligatorio. Realmente no se puede encasillar a los j¨®venes en los que hacen servicio social y los que hacen servicio militar¡±, le dijo a EL PA?S Diana Archila, del equipo de objeci¨®n de conciencia de la organizaci¨®n.
Alejandro Parra, de la Acci¨®n Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (ACOOC), considera que es una iniciativa muy valiosa que se alinea con la construcci¨®n de paz que se pretende impulsar en el pa¨ªs. Destaca que el proyecto de ley unifica cuatro fondos del tema en un ¨²nico Fondo de Paz, lo que implica un respaldo econ¨®mico para la financiaci¨®n del nuevo servicio social.
Sin embargo, la propuesta tambi¨¦n suscita dudas en temas claves. El primero son las sanciones que enfrentar¨ªan quienes se nieguen a prestar alguno de los dos servicios, pues el proyecto no menciona si habr¨ªa consecuencias para quienes no se vinculen a ninguno. Otra incertidumbre es si el servicio social ser¨ªa de car¨¢cter obligatorio para las mujeres, un punto que ya alertan algunas organizaciones feministas. Otro punto problem¨¢tico para Parra y Archila es la falta de claridad frente a c¨®mo funcionar¨ªa el servicio militar obligatorio en esa nueva etapa, si el sistema de cuotas continuar¨ªa o si se modificar¨ªan las causales de exoneraci¨®n actuales. La ley no menciona la objeci¨®n de conciencia, y tampoco la proyecci¨®n del servicio social. ¡°No se sabe si se va a pensar en perspectiva de proceso a mediano y largo plazo. O si va a ser por ahora un piloto¡±, concluye Parra.
En algunos sectores cercanos a las fuerzas militares la noticia no tuvo buena acogida. Las cr¨ªticas desde all¨ª estuvieron dirigidas al impacto que tendr¨ªa una alternativa social en el pie de fuerza, y c¨®mo afectar¨ªa su planta base, que hoy la conforman reclutas y soldados profesionales que antes prestaron servicio militar.
Un avance en la din¨¢mica regional
Este proyecto tiene una antesala de propuestas similares en la regi¨®n, la mayor¨ªa sin ¨¦xito o sin lograr cambios estructurales a largo plazo. Los ¨²nicos pa¨ªses de Latinoam¨¦rica que han abolido el servicio militar obligatorio son Per¨², Argentina y Uruguay. En el resto de pa¨ªses se sigue prestando, pero con variaciones.
En Paraguay, por ejemplo, se reconoce el derecho a la objeci¨®n de conciencia a ra¨ªz de un cambio constitucional despu¨¦s de la dictadura en los a?os noventa. Aunque hay un servicio sustitutivo, organizaciones de derechos humanos han denunciado que quienes objetan deben pagar grandes sumas de dinero o terminan siendo amenazadas, como lo explica a este peri¨®dico Pelao Carvallo, integrante de la Organizaci¨®n Internacional Resistentes a la Guerra (IRG) y cient¨ªfico social en CLACSO.
En Chile, cuando no se llenan las cuotas militares establecidas, se cita a los j¨®venes (hombres y mujeres) a enlistarse de manera obligatoria. La abolici¨®n de esa exigencia fue una de las banderas de la revuelta social de los ¨²ltimos a?os, y despu¨¦s de las manifestaciones se logr¨® disminuir sustancialmente el n¨²mero de enlistamientos, e incluso se suspendi¨® la obligatoriedad durante 2020. Hasta el momento, el Gobierno de Gabriel Boric no ha anunciado modificaciones sobre el tema.
Para Carvallo, la propuesta de Gustavo Petro podr¨ªa ser una oportunidad para que Colombia impulse a nivel suramericano un desmonte estructural del servicio militar obligatorio. ¡°Ir deshaci¨¦ndose del servicio militar obligatorio es imprescindible para la paz. Esto debe ser un esfuerzo regional que logre desmilitarizar las juventudes y el pa¨ªs¡±, asegura.
En Colombia, de acuerdo con cifras de la Asociaci¨®n de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (ACORE), durante los ¨²ltimos cinco a?os 460.113 j¨®venes, en su mayor¨ªa de clases media y baja, prestaron el servicio militar. Para las organizaciones de derechos humanos, esa cifra hace evidente la necesidad de agilizar el tr¨¢mite de esta ley, que es solo una de los m¨¢s de 100 proyectos de ley que se han radicado en el Congreso desde que se instal¨® el 20 de julio. Mientras avanza el proyecto en el legislativo, JUSTAPAZ y ACOOC esperan que el Gobierno genere espacios de di¨¢logo con las organizaciones sociales antimilitaristas y de j¨®venes. Tambi¨¦n reclaman que se invierta en el sector social. ¡°La educaci¨®n y el trabajo digno deben ser una prioridad en el nuevo gobierno para que se creen proyectos de vida que trascienden a la guerra¡±, valora Archila.
Hace menos de un mes, el senador Humberto de la Calle y el representante por el departamento de Antioquia Daniel Carvalho, independientes frente al Gobierno y de un ala pol¨ªtica de centro, radicaron una iniciativa similar. Proponen eliminar el servicio militar obligatorio en 2030 con sanciones claras a quienes no presten el servicio social. Los dos proyectos de ley empiezan su curso en medio de incertidumbres y grandes expectativas, en especial por parte de los j¨®venes que, junto a las mujeres, fueron fundamentales para la victoria de Petro.
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