El Gobierno de Gustavo Petro radica su Plan Nacional de Desarrollo

El Gobierno de Gustavo Petro radic¨® en la noche del lunes el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Tras una ceremonia con todo el Gabinete, present¨® al Congreso el proyecto de ley que establece los objetivos para los pr¨®ximos cuatro a?os (2022-2026), as¨ª como tambi¨¦n los presupuestos necesarios para cumplirlos. Con unas horas de margen, el Ejecutivo cumpli¨® con la obligaci¨®n de radicar el PND dentro de los seis meses tras el inicio del mandato presidencial. El proyecto, de 300 art¨ªculos, contempla aspectos como la creaci¨®n de un subsidio de renta ciudadana y el establecimiento de un mecanismo no judicial de memoria hist¨®rica. ¡°Contiene una gran cantidad de instrumentos ¨²tiles para el avance en materia econ¨®mica, social y ambiental del pa¨ªs¡±, remarc¨® el ministro de Hacienda, Jos¨¦ Antonio Ocampo.

El acto se realiz¨® en la Plaza de N¨²?ez, que conecta las sedes del Ejecutivo y el Legislativo. Cont¨® con la presencia del presidente, la vicepresidenta, el director del Departamento Nacional de Planeaci¨®n (DNP) y las autoridades legislativas. El presidente de la C¨¢mara de Representantes, David Racero, recibi¨® el proyecto. Gobiernista, declar¨® que se trataba del inicio de la transformaci¨®n hacia el cambio: ¡°Todo lo que represento como colombiano joven, so?ador de utop¨ªas, se empieza a materializar¡±. Asimismo, el presidente de la Rep¨²blica, Gustavo Petro, coment¨® que este PND trata de c¨®mo convertir a Colombia en ¡°una aliada soberana y profunda de la vida¡± y dejar atr¨¢s una ¨¦poca de cementerios y campos de sangre.

La Constituci¨®n establece que cada Gobierno elabora su propio Plan. El objetivo es centralizar en una sola normativa los cambios legales, a veces muy t¨¦cnicos, que el Ejecutivo necesita para sacar adelante el programa con el que fue electo. La exviceministra de Hacienda y consultora Carolina Soto explica por tel¨¦fono que, en teor¨ªa, todo se puede aprobar a trav¨¦s de otras leyes especificas para cada sector, pero que esto implicar¨ªa ¡°una v¨ªa larga¡± contraproducente.

El PND tiene dos partes. La primera son las bases. Es una secci¨®n general, m¨¢s filos¨®fica, con las metas y estrategias del Gobierno. En este caso hay seis ejes de transformaci¨®n, que van desde garantizar el derecho humano a la alimentaci¨®n hasta lograr una convergencia regional que reduzca las brechas territoriales. Asimismo, se contemplan tres ejes transversales: la paz total, la diversidad de actores como fuente de desarrollo y el mantenimiento de la estabilidad macroecon¨®mica. La segunda parte es el Plan de Inversiones P¨²blicas, dedicado a establecer los recursos financieros y las disposiciones normativas que se requieren para implementar el PND. Esta ¨²ltima es la ley del Plan.

La preparaci¨®n del PND inicia cuando un nuevo Gobierno toma posesi¨®n, en agosto. Es un proceso de meses de eventos destinados a sumar las perspectivas de diversas entidades estatales y actores sociales: en este caso, incluy¨® 51 di¨¢logos regionales. Las bases deben presentarse en noviembre, tres meses despu¨¦s del inicio del mandato presidencial, a una entidad consultiva llamada Consejo Nacional de Planeaci¨®n. Este realiza sugerencias hasta enero del siguiente a?o. Finalmente, el DNP y el Ministerio de Hacienda filtran las propuestas y elaboran el proyecto de ley, con el segundo como el encargado final del articulado. A veces hay tensiones entre ambas entidades, pero este no ha sido el caso esta vez: el ministro Ocampo estuvo a cargo del DNP en los a?os 90 y tiene buena relaci¨®n con el director actual.

El proyecto radicado incluye amplias facultades extraordinarias para el presidente. Tendr¨¢ seis meses para crear, unir, dividir o eliminar entidades del Ejecutivo, sin l¨ªmite alguno. Adem¨¢s, podr¨¢ comprar los inmuebles del Hospital San Juan de Dios, una hist¨®rica cl¨ªnica p¨²blica del centro de Bogot¨¢ que como alcalde encontr¨® abandonada y busc¨® recuperar en una accidentado proceso. Tambi¨¦n podr¨¢ reglamentar las condiciones especiales de reclusi¨®n de miembros de pueblos ind¨ªgenas y regular los usos alternativos del cannabis para fines medicinales.

Esto ha sido objeto de cr¨ªticas por parte de la oposici¨®n. El pol¨ªtico uribista Enrique G¨®mez, por ejemplo, declar¨® hace unos d¨ªas que el Plan era ¡°un calco¡± de las acciones del expresidente venezolano Hugo Ch¨¢vez, con facultades extraordinarias ¡°para hacer b¨¢sicamente lo que le venga en gana¡±. Sin embargo, la exviceministra Soto enfatiza que este tipo de atribuciones las piden todos los Gobiernos. El expresidente ?lvaro Uribe fue uno de los que m¨¢s solicit¨®, con amplios poderes para transformar el Estado, similares a los que propone Petro.

Puntos principales

Algunos aspectos esenciales tienen que ver con la pol¨ªtica social. El primero es la creaci¨®n de un programa de renta ciudadana, que a partir de 2024 unificar¨¢ varios subsidios ya existentes. ¡°Consistir¨¢ en la entrega de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas de manera gradual y progresiva a los hogares en situaci¨®n de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad socioecon¨®mica¡±, dice el art¨ªculo 52. Adem¨¢s, el art¨ªculo 298 otorga al presidente atribuciones para crear ¡°un sistema de transferencias o subsidios en dinero y/o en especie¡± que apoye a la poblaci¨®n en situaci¨®n de pobreza. En suma, el Plan permite una reforma al sistema de subsidios.

Tambi¨¦n est¨¢ presente la reforma a la salud, que se radicar¨¢ en el Congreso en las pr¨®ximas semanas. El art¨ªculo 125 abre la puerta a reducir o incluso anular funciones de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), el aspecto de la reforma que m¨¢s ha generado controversia en las ¨²ltimas semanas. Seg¨²n el proyecto, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), la entidad p¨²blica que administra el dinero de la salud, podr¨ªa girar directamente a los hospitales y otros prestadores de servicios de salud los recursos que le reconoce el Estado a las EPS por cada afiliado, llamado Unidades de Pago por Capacitaci¨®n (UPC). Dice que el Gobierno definir¨¢ en qu¨¦ condiciones y situaciones lo har¨¢. Actualmente la ADRES se lo gira a las EPS y estas lo transfieren a los prestadores; si se elimina ese paso, la l¨®gica del sistema puede cambiar por completo.

El Plan tambi¨¦n trae disposiciones relevantes para la paz total. Entre ellas, el art¨ªculo 4 crea un mecanismo no judicial que contribuye a la memoria hist¨®rica. Aunque no establece una entidad, se asemeja al funcionamiento de la Comisi¨®n de la Verdad, que se constituy¨® en virtud de los acuerdos de paz con las FARC. La diferencia radica en que el mecanismo propuesto podr¨ªa incluir los resultados de diversas negociaciones de paz y de sometimiento a la justicia, como las que el Gobierno maneja con grupos tan variados como el Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN) y el Clan del Golfo. Al igual que con la Comisi¨®n, se estipula que la informaci¨®n que surja no podr¨¢ utilizarse en el marco de un proceso judicial.

El Congreso tiene cuatro meses para aprobar el Plan. Primero sesionar¨¢n de manera conjunta las comisiones tercera y cuarta de ambas c¨¢maras, que deber¨¢n pronunciarse en los pr¨®ximos 45 d¨ªas, hasta el 23 de marzo. Despu¨¦s, el texto ir¨¢ a las plenarias de la C¨¢mara de Representantes y del Senado, con 45 d¨ªas adicionales para los debates. El 6 de mayo debe estar definitivamente aprobado por ambas c¨¢maras. En caso de que no sea posible, el presidente puede sacar por decreto el proyecto presentado este lunes, sin cambios.

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