Tres elecciones distintas y un fantasma verdadero

En menos de un a?o se elegir¨¢n en Colombia los tres m¨¢s altos funcionarios despu¨¦s del presidente de la Rep¨²blica: el fiscal general, el procurador general y el contralor general.

El fiscal ser¨¢ elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna enviada por el presidente; el procurador ser¨¢ elegido por el Senado de la Rep¨²blica de terna integrada por candidatos del Presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado; y el contralor por el Congreso en pleno, esto es, el Senado y la C¨¢mara de Representantes en sesi¨®n conjunta.

Una enorme anomal¨ªa del derecho p¨²blico colombiano convierte en secretos estos procesos que, por definici¨®n, deben ser los m¨¢s p¨²blicos, abiertos y transparentes. Esa grave anomal¨ªa parte del error de confundir el voto que es ejercicio de un derecho, con el voto que es el cumplimiento de una funci¨®n constitucional o legal.

Esta diferencia es esencial y con grandes consecuencias porque al elegir, los congresistas o los magistrados en su caso, no est¨¢n ejerciendo un derecho sino cumpliendo una funci¨®n que les asigna la Constituci¨®n. No es un ¡°voto- derecho¡± sino un ¡°voto-funci¨®n¡±. Cuando el voto es un derecho, como el que tenemos todos los ciudadanos para elegir las autoridades p¨²blicas, es fundamental proteger su car¨¢cter secreto. Por el contrario, cuando el voto es el ejercicio de una funci¨®n asignada en la Constituci¨®n o en la ley, es fundamental que sea p¨²blico, pues, que se sepa, en los estados de derecho las funciones p¨²blicas se ejercen ¡°p¨²blicamente¡±.

Por supuesto, la historia constitucional nos ense?a que el voto p¨²blico, por s¨ª solo, no excluye o elimina las posibilidades de concili¨¢bulos, componendas, mangualas, acuerdos por debajo de la mesa, negociaci¨®n de votos, ni la distribuci¨®n anticipada y a veces milim¨¦trica de los puestos y los contratos. Deber¨ªan ser p¨²blicos todos los aspectos de los procesos de elecci¨®n en las corporaciones, pero el car¨¢cter p¨²blico del voto ayuda a rastrear, investigar y conocer las redes de intercambio y triangulaci¨®n de favores que degradan los sistemas pol¨ªticos y crean una sombra de duda sobre la imparcialidad, objetividad e independencia en las instituciones estatales.

En el caso colombiano la percepci¨®n, justa o injusta, de que la elecci¨®n de fiscal, procurador o contralor pueden resultar de concili¨¢bulos, arreglos ¡°amigables¡± o acuerdos secretos, mina la legitimidad de nuestro orden institucional y hace un da?o profundo a la democracia colombiana. Por la alta dignidad de esos cargos y tambi¨¦n por la alta dignidad de quienes participan en su elecci¨®n, tenemos que hacer todo lo que sea necesario para no permitir esa percepci¨®n.

Estas elecciones de fiscal, procurador y contralor, trascendentales en el funcionamiento del sistema pol¨ªtico y de la justicia en el ramo criminal, deber¨ªan estar precedidas de una rigurosa investigaci¨®n, escrutinio y debate sobre los candidatos. En esa investigaci¨®n y debate deben participar las organizaciones de defensa de los derechos fundamentales y de los intereses colectivos y los formadores de opini¨®n en los medios tradicionales y en las redes sociales, pero las instancias institucionales donde necesariamente debe darse ese debate p¨²blico, son las corporaciones a quienes corresponde nominar o elegir: el Congreso en pleno, en el caso del contralor; la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el Senado de la Rep¨²blica en el caso del procurador; y la Corte Suprema en el caso del fiscal.

No hay ninguna raz¨®n que justifique el car¨¢cter secreto del voto cuando es el cumplimiento de una funci¨®n constitucional o legal y el ¨²nico caso en que as¨ª se procedi¨® en nuestro proceso constituyente de 1991, est¨¢ asociado con uno de los m¨¢s vergonzosos y tristes episodios de la historia institucional de Colombia, al cual ahora no voy a referirme. Por ahora solo insistir en que el car¨¢cter p¨²blico de estas votaciones es parte de la constante e incesante b¨²squeda de que el Estado est¨¦ siempre en poder de sus leg¨ªtimos due?os, los ciudadanos.

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