En Jamund¨ª, los soldados custodian a la polic¨ªa

El reloj de pared de Betsab¨¦ Mota Puentes marca la misma hora desde hace nueve meses. Est¨¢ colgado sobre una pared resquebrajada y a punto de venirse abajo. Las grietas asoman los ladrillos en la d¨¦bil estructura sobre la que est¨¢ sostenida toda la casa desde el pasado 22 de septiembre, cuando, a las 7:55 a.m., deton¨® un carrobomba en la cuadra en la que vive Betsab¨¦ en Potrerito, un corregimiento del municipio de Jamund¨ª (Valle del Cauca). Los vidrios de las ventanas se reventaron y las paredes temblaron. El reloj no se cay¨®, pero se congel¨® a la hora exacta en que ocurri¨® el atentado. Fue de...

El reloj de pared de Betsab¨¦ Mota Puentes marca la misma hora desde hace nueve meses. Est¨¢ colgado sobre una pared resquebrajada y a punto de venirse abajo. Las grietas asoman los ladrillos en la d¨¦bil estructura sobre la que est¨¢ sostenida toda la casa desde el pasado 22 de septiembre, cuando, a las 7:55 a.m., deton¨® un carrobomba en la cuadra en la que vive Betsab¨¦ en Potrerito, un corregimiento del municipio de Jamund¨ª (Valle del Cauca). Los vidrios de las ventanas se reventaron y las paredes temblaron. El reloj no se cay¨®, pero se congel¨® a la hora exacta en que ocurri¨® el atentado. Fue de los primeros golpes de una guerra que arrecia en el sur del Valle del Cauca. La casa est¨¢ apenas a una veintena de kil¨®metros de Cali, la tercera ciudad de Colombia.

Betsab¨¦ Mora Puentes tiene 70 a?os. Abre la puerta de lo que queda de su casa con cautela y desconfianza, como quien vive en medio de la zozobra. Todav¨ªa le tiemblan las manos cuando recuerda ese primer carrobomba o la granada que vino despu¨¦s, y que pusieron tambi¨¦n a menos de 10 metros de su casa. Lo mismo cuando habla de los dos hostigamientos que han sufrido en esa cuadra. A las afueras todav¨ªa se ve el letrero en metal con el que se ganaba la vida. ¡°Se arrienda habitaci¨®n a persona sola¡±, dice. Pero de cinco que ten¨ªa para alquilar, le quedan apenas dos. Las otras tres son escombros.

En la zona est¨¢ ubicada la subestaci¨®n de Polic¨ªa de Potrerito, una zona poblada a 10 minutos en auto de la cabecera del municipio. La Carrera Primera, que es la cuadra principal del corregimiento, desde hace dos semanas permanece cerrada con barriles y conos atravesados, cuando hombres del grupo disidente llamado frente Jaime Mart¨ªnez volvieron a amenazar con fuerza. El pasado 21 de mayo, a primera hora del d¨ªa, lanzaron una granada que qued¨® incrustada sobre un and¨¦n que colinda con una finca de recreo. Una semana despu¨¦s, cuando los ni?os de la Instituci¨®n Educativa Alfonso L¨®pez Pumarejo hac¨ªan fila para entrar al colegio, desde las monta?as comenz¨® un hostigamiento con r¨¢fagas de fusil que se prolong¨® por 15 minutos. Algunos menores evacuaron, otros se tiraron al piso.

Por ello, hace 10 d¨ªas un comando de fuerzas especiales urbanas del Ej¨¦rcito lleg¨® desde Villavicencio a custodiar esa estaci¨®n de Polic¨ªa. Otro grupo de militares hace presencia en el corregimiento de Robles, una media hora m¨¢s al sur. Pese a ese refuerzo, el 20 de junio los disidentes hostigaron los polic¨ªas y militares de Robles durante 75 minutos seguidos. Era el segundo ataque en menos de 24 horas. En ese corregimiento, que ha sido uno de los m¨¢s atacados por las disidencias, ocurri¨® un nuevo ataque con explosivos este s¨¢bado, 22 de junio, cuando detonaron un artefacto explosivo en la mitad del pueblo.

Para el general ?rik Rodr¨ªguez Aparicio, cabeza del Comando Conjunto 2 del Ej¨¦rcito, a cargo de las fuerzas militares en los tres departamentos del suroccidente, el conflicto se debe a los cultivos de uso il¨ªcito. ¡°Lo que nos sucede en las monta?as de Jamund¨ª es que los disidentes tienen organizada a la gente por chats de WhatsApp para impedir nuestro ingreso al territorio. Se sustentan en una asociaci¨®n comercial. Les dicen que si sube el Ej¨¦rcito se acaba el negocio. El municipio tiene m¨¢s de 1.600 hect¨¢reas sembradas de coca¡±.

Sin embargo, para los l¨ªderes rurales de la regi¨®n la situaci¨®n es m¨¢s compleja. As¨ª lo explica Lina Tabares, defensora de Derechos Humanos e integrante de la Mesa de Paz de Jamund¨ª. ¡°Estamos a menos de 25 minutos de un cant¨®n militar clave, el de la Tercera Brigada en Cali, y a 40 minutos de la sede de la Polic¨ªa Metropolitana de Cali. Afectan a Jamund¨ª para atacar a Cali. Ese es su mensaje¡±, dice. Jamund¨ª es una peque?a ciudad de poco m¨¢s de 130.000 habitantes. En los ¨²ltimos a?os, se ha convertido en la residencia de miles de cale?os que migraron en busca de una ciudad m¨¢s peque?a para vivir. Es casi un suburbio de la capital del Valle del Cauca.

Cuando Tabares hablaba con este diario, dos hombres se acercaron a su vivienda. Ella alcanza a verlos de reojo en un monitor conectado a las c¨¢maras de seguridad que instal¨® hace tres a?os, en una de las veces que la amenazaron de muerte por su labor. Extrem¨® sus medidas de seguridad hace cerca de un mes, cuando dejaron los primeros explosivos en el parque del municipio. Desde entonces, ella y su familia cubrieron con cinta adhesiva todas las ventanas de su casa para minimizar los da?os en caso de una bomba. ¡°Estamos esperando una explosi¨®n¡±, dice con firmeza, como si no tuviera miedo. Los hombres se van.

Cuenta que los ataques del frente Jaime Mart¨ªnez son una respuesta a la decisi¨®n del Gobierno de suspender en el suroccidente del pa¨ªs el cese al fuego que hab¨ªa firmado con la sombrilla de grupos disidentes del llamado Estado Mayor Central (EMC), con el que el Gobierno mantiene una mesa de negociaciones. El 17 de marzo de 2024, disidentes afiliados al EMC atacaron a ind¨ªgenas en el municipio de Torib¨ªo (Cauca), unos 65 kil¨®metros al suroriente de Jamund¨ª; desde entonces, el discurso del presidente Gustavo Petro hacia las disidencias de la regi¨®n se radicaliz¨® y lleg¨® a llamarlos ¡°traquetos¡±. Despu¨¦s, orden¨® retomar las acciones militares en su contra hasta ¡°neutralizarlos¡±. El EMC se fractur¨®, y sus estructuras en los departamentos del Valle, Cauca y Nari?o han negado que los representen los negociadores que se sientan frente al Gobierno para hablar en nombre de su organizaci¨®n.

Seg¨²n Tabares, quien tambi¨¦n se ha sentado en la mesa de negociaci¨®n con miembros de esas disidencias, la intenci¨®n del frente Jaime Mart¨ªnez no es otra que sembrar terror en la poblaci¨®n para mostrar su poder al Gobierno. Lo est¨¢n logrando. Este diario conoci¨® un informe que varios l¨ªderes sociales de la zona hicieron llegar el mes pasado a la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos sobre la situaci¨®n de seguridad en Jamund¨ª, en el que advierten que, entre enero y abril, se hab¨ªan cometido ocho secuestros, 36 homicidios y un ataque terrorista. Solo entre mayo y lo que va de junio, hay registro de al menos diez ataques m¨¢s, entre bombas y hostigamientos.

El Jaime Mart¨ªnez tiene una vieja presencia en este municipio de 577 kil¨®metros cuadrados. Jamund¨ª tiene su cabecera en el f¨¦rtil valle del r¨ªo Cauca, que es una zona rural monta?osa que alcanza los 4.200 metros sobre el nivel del mar. La otrora guerrilla de las FARC tuvo presencia all¨ª, en los corregimientos de San Antonio, Timba, Bellavista y Villa Colombia. Por eso, durante a?os y hasta 2022, el Ej¨¦rcito hizo presencia permanente con un batall¨®n de alta monta?a. Ahora, la Gobernaci¨®n del Valle del Cauca y el Ministerio de Defensa eval¨²an reinstalarlo. La guerra ha vuelto.

Mientras se define si regresa el batall¨®n, con todo el significado del despliegue militar en un territorio, la presencia del Ej¨¦rcito comenz¨® a hacerse visible de manera intermitente. En la v¨ªa Panamericana, que conecta a Cali con el municipio, el pasado 20 de junio comenzaron a verse uniformados del Gaula Militar haciendo retenes en las carreteras. Algunos veh¨ªculos pitaban a los militares o les agradec¨ªan por su presencia. Es una vieja estrategia para mejorar la percepci¨®n de seguridad. Un vocero oficial del Batall¨®n Pichincha, ubicado en Cali, explica a este diario que, desde que los atentados comenzaron a hacerse m¨¢s frecuentes, varias unidades militares del pa¨ªs llegaron hasta ese municipio para desplegarse en varios puntos estrat¨¦gicos. En especial, los puestos de la Polic¨ªa que est¨¢n siendo blanco de ataques.

El Jamund¨ª que controlan las disidencias

Manuel* viaja hora y media desde la vereda de Bellavista hasta el centro de Jamund¨ª para hablar sobre la situaci¨®n de seguridad que vive en su vereda. Su relato y sus denuncias se repiten en casi toda la zona rural del municipio. EL PA?S no pudo visitarlo en su casa, en la alta monta?a: el control de las disidencias lo hizo imposible. Antes de presentarse, saca un carnet de la billetera que lo acredita como habitante de la vereda.

Es un documento que las disidencias exigen a las Juntas de Acci¨®n Comunal expedir para identificar a la poblaci¨®n y controlar el ingreso de personas a las zonas que en las que ellos se mueven con holgura. ¡°Le dijeron a los l¨ªderes que si esos documentos no los fabricaba la Junta, ellos mismos carnetizaban a la gente¡±, dice el l¨ªder en un susurro, como quien teme que las paredes lo escuchen.

Cuando comenz¨® ese proceso de carnetizaci¨®n, las juntas intentaron advertir a los campesinos que se trataba de una estrategia de ¡°ellos¡±, como les dice Manuel. Abre su celular y muestra una las cartas de autorizaci¨®n que los l¨ªderes deben expedir cuando un extra?o va de visita. Cuenta que los disidentes retienen por una noche o m¨¢s a los que llegan y no logran identificarse o justificar su llegada. ¡°A veces llaman a medianoche a los presidentes de las juntas para pedir que vayan a sacar a alg¨²n ¡®fulano¡¯ que no ha comprado el carnet. No tienen misericordia¡±, se lamenta.

En esa zona, la que prima es la ley de ¡°la Jaime¡±. Los negocios nocturnos solo tienen permiso para operar hasta las 2:00 a.m.; cuando se pasan, el riesgo es una multa de 10 millones de pesos, unos 2.500 d¨®lares. Las peleas entre vecinos tambi¨¦n son sancionadas, frecuentemente con trabajos forzados en el campo. Se trata de una forma de control muy usual entre las guerrillas y los paramilitares que se extendieron por el pa¨ªs a finales del siglo XX e inicios del XXI, y que est¨¢n de regreso en Jamund¨ª.

En algunas veredas el control social es a¨²n m¨¢s estricto, y los campesinos deben presentar documentos que acrediten sus movimientos fuera de la zona rural, como facturas de pago del mercado cuando salen a abastecerse de v¨ªveres al casco urbano. La gente sabe que no se mueve una hoja sin que ¡°ellos¡± lo tengan autorizado. Tras contar esa realidad, Manuel se despide temprano. Debe estar de vuelta en su vereda antes de las 10:00 p.m., cuando arranca el toque de queda impuesto por los violentos. ¡°Si uno llega despu¨¦s de esa hora, tiene que tener una justificaci¨®n como un documento firmado por el jefe que diga que uno sali¨® tarde del trabajo, o alguna excusa m¨¦dica¡±.

El fen¨®meno del reclutamiento a menores, seg¨²n los l¨ªderes, es lo que les ha permitido robustecer sus filas. Un l¨ªder de San Antonio, al que guardamos su identidad por seguridad, explica v¨ªa WhatsApp que los disidentes buscan conquistar a los m¨¢s j¨®venes para que se vayan a ¡°trabajar¡± con ellos. Dice que en diciembre llegaron a la vereda balones de f¨²tbol marcados con las palabras ¡°Jaime Mart¨ªnez¡±, y que desde que los ni?os cumplen 12 a?os, comienzan a ofrecerles trabajos por 500.000 pesos (unos 125 d¨®lares) al d¨ªa.

Mientras escribe, el l¨ªder va borrando los mensajes de su celular. Y explica que el temor de los pobladores es llegar a ser se?alados como ¡°sapos¡± [chivatos]. A ¨¦l ya le han revisado el tel¨¦fono varias veces. ¡°Cuando sospechan de alguien, lo paran y le piden el celular. Si encuentran algo sospechoso, se lo llevan y quiz¨¢s no vuelve a aparecer¡±. El miedo a hablar es inminente. ¡°Estamos secuestrados en nuestro territorio¡±, reclama con desespero.

En la mayor¨ªa de corregimientos que controlan los disidentes de la Jaime Mart¨ªnez no hay ataques armados, pero las fuentes consultadas lamentan el abandono de la Fuerza P¨²blica que, dicen, no ven por esos lados desde hace unos dos a?os. ¡°Ellos saben que est¨¢n ac¨¢, que a los comandantes guerrilleros los encuentran sentados en el parque de San Antonio o de Bellavista, vestidos de civil haciendo inteligencia. No se atreven a venir a protegernos¡±, dice el l¨ªder de San Antonio con la voz bajita y aguda. Ese reclamo hace eco en personas que viven tambi¨¦n en San Vicente, Villa Colombia, Rioclaro y Quinamay¨®.

El general Rodr¨ªguez, que comanda las fuerzas armadas en ese territorio, dice que la ausencia se debe a que en el a?o van ocho asonadas de la poblaci¨®n civil en otras veredas para sacar a los uniformados a golpes. La misma poblaci¨®n reconoce que, de no hacerlo, las disidencias los amenazan con matarlos. Aunque no es tan f¨¢cil contradecir al que tiene los fusiles, el general insiste en que, en otras partes del pa¨ªs, los l¨ªderes se han parado m¨¢s fuerte contra los armados. ¡°En otras partes ya lo han hecho¡±, contesta, y dice que en cuesti¨®n de un mes, ya estar¨¢ reestablecido el orden p¨²blico en Jamund¨ª. ¡°De aqu¨ª a mediados de julio est¨¢ todo controlado¡±, afirma con vehemencia.

Mientras llega ese momento, los afectados por los ataques con explosivos levantan sus negocios y sus vidas en medio de los escombros. El ¨²nico cajero de Bancolombia de Jamund¨ª, frente al que explot¨® la motobomba, permanece sellado con tablas de madera. La gente reenv¨ªa audios de WhatsApp en los que, hombres que dicen hablar en nombre del frente Jaime Mart¨ªnez, amenazan con que los pr¨®ximos blancos de ataques ser¨¢n el Hospital Piloto de Jamund¨ª y el Centro Comercial Alfaguara. Tras varias horas de esa amenaza, nadie confirma y nadie desmiente, pero tampoco hay quien custodie esos dos lugares. El l¨ªder de San Antonio, que recorre Jamund¨ª a diario, deja un reclamo final: ¡°Lo que tememos que siga pasando es que nos ataquen a ojos de todo el mundo, pero sin que nadie haga nada para prevenirlo¡±.

*Nombre cambiado por seguridad de la fuente

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