El Gobierno de Petro enfrenta el fantasma de las interceptaciones ilegales en Colombia
Una denuncia del magistrado Jorge Enrique Ib¨¢?ez revivi¨® la discusi¨®n de las chuzadas. Fiscal¨ªa, Procuradur¨ªa y Presidencia investigan el caso
El trauma por un esc¨¢ndalo del pasado, cometido por un Gobierno en las ant¨ªpodas del actual, revive en Colombia. Se trata de las interceptaciones ilegales ¡ª chuzadas, en buen colombiano¡ª a altos magistrados, cometidas por un Gobierno. El pasado 14 de junio un magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ib¨¢?ez, advirti¨® a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que su celular ha sido intervenido, al igual que el de sus colaboradores. ¡°Con base en informaci¨®n que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusi¨®n de que lamentablemente ello obedece a operaciones de ¨®rganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorizaci¨®n judicial y por fuera de los marcos jur¨ªdicos¡±, escribe el magistrado en el documento. Una semana larga despu¨¦s, el problema ha escalado a las m¨¢s altas instancias del Estado.
El pasado viernes, la Corte Constitucional inform¨® que invit¨® a la fiscal a la Sala Plena de los togados para presentarle la denuncia. Al d¨ªa siguiente, la Fiscal¨ªa anunci¨® que hab¨ªa abierto una investigaci¨®n para determinar si se cometieron irregularidades. Este lunes, la misma Presidencia de la Rep¨²blica respondi¨® que adelanta una investigaci¨®n interna ¡°con el objetivo de determinar circunstancias irregulares en los procesos y procedimientos que correspondan a las oficinas de Secretar¨ªa de Comunicaciones y Prensa y por la Direcci¨®n de Tecnolog¨ªa de la Presidencia de la Rep¨²blica¡±.
Hasta el momento no se conocen ni los detalles de la denuncia, ni los avances en las investigaciones rese?adas. Pero tienen gran repercusi¨®n porque las interceptaciones ilegales hechas desde el palacio presidencial o su entorno no son nuevas en Colombia.
Quien hoy est¨¢ en medio de las cr¨ªticas, adem¨¢s de Petro, es Carlos Ram¨®n Gonz¨¢lez. Uno de los hombres m¨¢s cercanos al presidente desde cuando militaron en la misma guerrilla, el M-19, Gonz¨¢lez reemplaz¨® a Sarabia como director de la Presidencia. Desde febrero pas¨® a ser el director nacional de Inteligencia. En ese cargo, ya enfrent¨® un debate de control pol¨ªtico en el Congreso, previo a la denuncia de Ib¨¢?ez. Ante la pregunta de si estaba perfilando opositores, magistrados o periodistas, de lo que hasta ahora no se han presentado pruebas, neg¨® todos los se?alamientos. Sin embargo, la oposici¨®n critic¨® que los congresistas del Pacto Hist¨®rico, la bancada del petrismo, propusieran que la sesi¨®n de control legislativo fuera reservada y sin acceso a la opini¨®n p¨²blica, argumentando que se trataba de asuntos de seguridad nacional.
En esa rendici¨®n de cuentas, que finalmente fue p¨²blica, Gonz¨¢lez le pidi¨® a las altas cortes que hagan una veedur¨ªa de ¡°seguimiento y control a las actividades de inteligencia y no se siga especulando m¨¢s¡±. Hoy, esas mismas cortes se solidarizaron con la denuncia del magistrado Ib¨¢?ez y pidieron a la Fiscal¨ªa celeridad en las investigaciones. ¡°Demandamos al Gobierno Nacional las garant¨ªas para el cumplimiento de nuestra labor¡±, escribieron en una misiva.
Las otras denuncias de ¡°chuzadas¡±
Esta no es la primera que el Gobierno Petro enfrenta se?alamientos por supuestas interceptaciones ilegales. Ya hab¨ªa ocurrido en mayo de 2023, con el sonado caso de su n¨²mero dos, Laura Sarabia, y su entonces ni?era, Marelbys Meza. Meza denunci¨® que, tras la desaparici¨®n de una maleta con dinero de la casa de Sarabia, miembros de la seguridad presidencial le realizaron irregularmente a una prueba de pol¨ªgrafo. Despu¨¦s, se conoci¨® que la l¨ªnea telef¨®nica de Meza y de otra trabajadora dom¨¦stica de Sarabia fueron interceptadas, bajo una orden de otros asuntos, en el marco del mismo proceso. Aunque la hoy directora del Departamento Administrativo de Presidencia ha defendido su inocencia, la Fiscal¨ªa Penal Militar y la justicia ordinaria han adelantado diligencias como parte de investigaciones por los presuntos delitos cometidos.
Desde entonces, el presidente ha defendido el proceder de sus funcionarios y ha advertido que las ¨®rdenes no han salido de la Casa de Nari?o. En junio de 2023, en una ceremonia de ascenso de militares en pleno furor del esc¨¢ndalo, asegur¨® que su Gobierno no va a repetir ¡°las suciedades que otros gobiernos hicieron¡±. Dijo: ¡°Ni se les ha dado esa orden ni se les dar¨¢, porque el respeto a los derechos humanos es tal cual est¨¢n consagrados en la Constituci¨®n, en nuestros tratados, en las leyes: se respetan¡±.
Petro se refer¨ªa al espejo ante el cual inevitablemente se miran las interceptaciones ilegales, un pasado que en ese entonces us¨® el fiscal general Francisco Barbosa, permanente cr¨ªtico de Petro, para decir que al pa¨ªs que hab¨ªan regresado las chuzadas. Tanto Petro como Barbosa se refer¨ªan al a las interceptaciones ilegales que hizo el exitinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). El presidente Gustavo Petro, de hecho, fue v¨ªctima de ellas. Junto con otros opositores del momento y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como el hoy ministro de Defensa, Iv¨¢n Vel¨¢squez, sufrieron interceptaciones y seguimientos ilegales.
Otro Gobierno que tampoco sali¨® bien librado fue el del expresidente Iv¨¢n Duque, quien afront¨® el caso de las denuncias conocidas como ¡°Carpetas secretas¡±, que conten¨ªan denuncias de escuchas ilegales a opositores pol¨ªticos, periodistas y jueces por parte de la inteligencia militar. La magnitud de su esc¨¢ndalo fue tal, que ocasion¨® la salida del general Nicasio Mart¨ªnez de la comandancia del Ej¨¦rcito.
En el Gobierno Duque tambi¨¦n se conoci¨® la denuncia de la instalaci¨®n de micr¨®fonos clandestinos en el despacho del magistrado C¨¦sar Reyes, de la Corte Suprema de Justicia, quien para el momento llevaba el caso de manipulaci¨®n de testigos contra el expresidente Uribe.
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