Desalojados en nombre de la conservaci¨®n: ¡°Somos mendigos en nuestra tierra¡±

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Antes del 2 de junio de 2017, Edwin L¨®pez viv¨ªa tranquilo en su comunidad. No era gran cosa, dice. Su casa era de palma de guano y madera, pero firme. Ten¨ªa una huerta con la que alimentaba a su familia y viv¨ªa en un pueblo de campesinos e ind¨ªgenas v¨ªctimas del conflicto armado que llegaron a Laguna Larga, en el departamento guatemalteco de Pet¨¦n, en los 70. Hasta ese junio maldito cuando los 500 vecinos fueron desalojados a la fuerza del territorio y se asentaron como pudieron a tres kil¨®metros de all¨¢, en la frontera con M¨¦xico. No hubo consulta previa, ni aviso, ni excepciones. De la noche a la ma?ana, fueron expulsados para la ampliaci¨®n del Parque Nacional Laguna del Tigre, como parte de un plan de conservaci¨®n nacional. ¡°Si nosotros somos los que mejor cuidamos esto¡­ No entiendo de qu¨¦ conservaci¨®n hablan¡±, lamenta L¨®pez, cinco a?os despu¨¦s, a¨²n sin alternativa habitacional, a¨²n sin entender nada.

En el antiguo pueblo de L¨®pez hab¨ªa una escuela rural, dos iglesias y las sedes de las autoridades comunitarias. Ahora, seg¨²n narran los vecinos por tel¨¦fono, el colegio es el nuevo puesto de la polic¨ªa, mientras que ellos viven en un asentamiento con condiciones insalubres. Los l¨ªderes de la comunidad lamentan que el Gobierno guatemalteco los haya esquinado a esta situaci¨®n alegando la defensa del medio ambiente, una denuncia que se replica en otras zonas protegidas de la regi¨®n, como la reserva de la Bi¨®sfera Sian Ka¡¯an, en M¨¦xico, o la comunidad quom en Argentina, que en 2010 fue desalojada de lo que es ahora el Parque Nacional Pilcomayo. En ambos casos, l¨ªderes comunitarios aseguran que los desplazaron para priorizar proyectos tur¨ªsticos.

El mismo mes del desalojo de Laguna Larga, el Bufete de Derechos Humanos, una organizaci¨®n no gubernamental de Guatemala, denunci¨® la situaci¨®n. Luego, escalaron la demanda a la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos, que el 8 de septiembre de ese a?o emiti¨® una medida cautelar en la que denunciaba la situaci¨®n: ¡°Los pobladores desplazados de la Laguna Larga se encuentran en una situaci¨®n de gravedad y urgencia de riesgo de un da?o irreparable¡±. Adem¨¢s, el organismo exig¨ªa al Gobierno tomar medidas para proteger los derechos de esta poblaci¨®n y continuar los di¨¢logos con los vecinos para alcanzar una ¡°soluci¨®n duradera¡±. En 2021, Guatemala emiti¨® finalmente una sentencia en la que reconoci¨® su responsabilidad y se comprometi¨® a garantizar la vida digna en materia de vivienda, educaci¨®n y alimentaci¨®n.

Sin embargo, poco ha cambiado desde entonces. Durante estos cinco a?os, han fallecido 15 personas por causas vinculadas con la insalubridad de las viviendas en las que habitan. Entre ellas, la madre de L¨®pez. ¡°Ten¨ªa solo 60 a?os, pero su coraz¨®n no pudo con todo lo que estaba viviendo¡±, lamenta afectado. Rub¨¦n Domingo, abogado responsable del caso, critica la ¡°indecencia¡± del Gobierno. La sentencia de la Corte Constitucional fue ¡°emblem¨¢tica¡±, dice. ¡°No hab¨ªa habido ning¨²n caso similar en Guatemala, pero no se ha cumplido nada. Hay otras 60 comunidades en un riesgo similar de desalojo actualmente¡±, denuncia.

La Reserva Maya, de la que forma parte el parque Nacional Laguna del Tigre, se declar¨® ¨¢rea protegida en 1989. Para entonces, ya hab¨ªa varias comunidades viviendo all¨¢. Pero desde ese momento, las poblaciones campesinas de Pet¨¦n pasaron a ser consideradas ilegales y se convirtieron en objeto de una campa?a de criminalizaci¨®n que los tild¨® de responsables de la devastaci¨®n de la selva. Aunque la ley contemplaba pol¨ªticas de asentamiento para quienes ya habitaban este territorio, seg¨²n el abogado, los acuerdos de permanencia ¡°no fueron aplicados¡±. ¡°La gente est¨¢ muriendo a causa del desalojo¡±, zanja.

Estos vecinos viven ahora hacinados en chabolas de nailon y palmal, en casas compartidas por hasta cuatro familias. ¡°Nos hablaron de que nos ceder¨ªan unas tierras para la agricultura, pero son pedregosas. No nos sirven para cultivar. Y nosotros vivimos de eso¡±, dice el alcalde auxiliar. La respuesta alimentaria que recibieron se tradujo en env¨ªos de alimentos cada ¡°siete u ocho¡± meses. ¡°Nos ayudan las ONG y ni siquiera las de nuestro propio pa¨ªs¡±.

M¨¦xico: ¡°No hay hueco para los que cuidaban los recursos, pero s¨ª para el turismo¡±

Algo similar pas¨® en la Reserva de la Bi¨®sfera Sian Ka¡¯an, en M¨¦xico. Victoria Santos Jim¨¦nez, ingeniera forestal y parte del Consejo ciudadano por la defensa y rescate de Sian Ka¡¯an, critica la gesti¨®n del territorio. Si bien en esta zona no eran comunes los asentamientos de los mayas, s¨ª que eran tierras en las que estas comunidades incursionaban. ¡°Iban sobre todo a pescar y sin apenas presi¨®n medioambiental¡±, narra. ¡°Pero se les prohibi¨® el acceso y empezaron a cobrar entrada a turistas. Para los que cuidaban los recursos no hay hueco, pero para los proyectos tur¨ªsticos, s¨ª¡±, critica.

En esta reserva, se distinguieron varias ¨¢reas, cada una con unos permisos de uso diferentes. Seg¨²n varias organizaciones y el testimonio de la ingeniera, ya hay construcciones tur¨ªsticas avanzadas. ¡°Por eso les entra el af¨¢n de echar a los pueblos; para que ellos puedan apurarse en sus proyectos multimillonarios¡±. Esta denuncia la comparte F¨¦lix D¨ªaz, miembro de la comunidad quom en Argentina, desalojados el 23 de noviembre 2010 de lo que es ahora el Parque Nacional Pilcomayo. ¡°Argentina nos reconoc¨ªa derechos por ser pueblos originarios; derechos que se han ratificado hasta el d¨ªa de hoy. Pero todo eso qued¨® en nada. Somos mendigos en nuestra tierra¡±, lamenta.

¡°Este es un modelo dominante que no solo se circunscribe a estos casos¡±, apunta por tel¨¦fono Lola Rama, investigadora de la campa?a por la descolonizaci¨®n de la conservaci¨®n de Survival International. ¡°?Bajo qu¨¦ pretexto entendemos que hay que expulsar a las comunidades que son las que m¨¢s han hecho por proteger el entorno para proteger la biodiversidad?¡±, se pregunta. ¡°La visi¨®n colonialista y blanca nos convenci¨® de que la ¨²nica forma de salvaguardar a la naturaleza es separ¨¢ndola de las personas. Lo que est¨¢ verdaderamente detr¨¢s es el fin extractivista¡±.

Las pueblos originarios ¡ªm¨¢s de 476 millones, presentes en 90 pa¨ªses¡ª custodian el 80% de la biodiversidad mundial. La tendencia a la paternalizaci¨®n, el despojo de tierras y la vulneraci¨®n a los derechos adquiridos hace d¨¦cadas son algunas de las cr¨ªticas que m¨¢s reivindican sus l¨ªderes. ¡°No somos vulnerables, pero las pol¨ªticas actuales y la discriminaci¨®n pone en peligro nuestra supervivencia f¨ªsica y cultural¡±, asegur¨® en entrevista con EL PA?S Anne Nuorgam, presidenta del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Ind¨ªgenas.

Domingo, el abogado guatemalteco, se suma a la sospecha extractivista detr¨¢s del despojo de tierras: ¡°Creemos que hay intereses de empresas transnacionales en el Tri¨¢ngulo de la Candelaria. Y estos habitantes no les ser¨ªan nada c¨®modos, claro. Adem¨¢s, se les ha etiquetado de ser narcocampesinos y depredadores del bosque, lo cual es falaz. No hubo ninguna investigaci¨®n que afirme tales extremos. Es parte de la estrategia¡±.

Este modelo conservacionista que denuncian surge de la gesti¨®n del Parque nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, a principios de 1800. ¡°Es naturaleza o nosotros. Este sistema no entiende la interdependencia¡±, cuenta Nicol¨¢s Pinel, profesor del ¨¢rea de sistemas naturales y sostenibilidad de la Universidad Eafit, en Medell¨ªn. ¡°En Latinoam¨¦rica se est¨¢ intentando salir de ella gracias a que se est¨¢n ganando cada vez m¨¢s derechos de las comunidades ind¨ªgenas. Lo ideal es un paradigma menos excluyente. Porque, adem¨¢s, no se ha demostrado que sea m¨¢s eficaz en la protecci¨®n del medio ambiente. No hay estudios que as¨ª lo avalen¡±.