Los archivos de la dictadura uruguaya enfrentan al Gobierno con asociaciones de v¨ªctimas
Expresos pol¨ªticos denuncian ante la CIDH que no fueron consultados para un proyecto de ley busca permitir el acceso universal a los archivos oficiales entre 1973 y 1985
A casi 40 a?os de la recuperaci¨®n democr¨¢tica, la opacidad que predomina sobre lo ocurrido durante la dictadura uruguaya (1973-1985), sigue avivando los recelos en la sociedad y cortocircuita las relaciones entre el oficialismo y las organizaciones de v¨ªctimas. En las ¨²ltimas semanas, las desavenencias han escalado a ra¨ªz de la aprobaci¨®n en una comisi¨®n del Senado de un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo con el fin de permitir el acceso universal a los archivos disponibles relacionados con ...
A casi 40 a?os de la recuperaci¨®n democr¨¢tica, la opacidad que predomina sobre lo ocurrido durante la dictadura uruguaya (1973-1985), sigue avivando los recelos en la sociedad y cortocircuita las relaciones entre el oficialismo y las organizaciones de v¨ªctimas. En las ¨²ltimas semanas, las desavenencias han escalado a ra¨ªz de la aprobaci¨®n en una comisi¨®n del Senado de un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo con el fin de permitir el acceso universal a los archivos disponibles relacionados con ese periodo. ¡°Para que se conozca toda la verdad¡±, insisten desde el Gobierno formado por una coalici¨®n de centroderecha. La asociaci¨®n Crysol, que congrega a 7.000 expresos pol¨ªticos del r¨¦gimen dictatorial, discrepa con el proceder de las autoridades y denuncia que no fueron recibidos ni escuchados por los legisladores, en una nota enviada a la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos el 4 de octubre.
El ministro de Defensa, Javier Garc¨ªa, defendi¨® el proyecto en la comisi¨®n de Derechos Humanos y Educaci¨®n del Senado, asegurando que durante ¡°much¨ªsimos a?os¡± esos archivos estuvieron en poder de ¡°muy pocos¡±. ¡°Hubo una especie de apropiaci¨®n de algunas pocas personas y no hubo voluntad pol¨ªtica para que se conociera toda la verdad. Que no hubo voluntad pol¨ªtica es un dato concreto, objetivo, porque si usted tiene durante 15 a?os los archivos y no hace nada para que tengan conocimiento p¨²blico, quiere decir que no es por falta de tiempo, es por falta de voluntad pol¨ªtica¡±, se?al¨® Garc¨ªa en alusi¨®n al Frente Amplio (FA-centroizquierda), que gobern¨® entre 2005 y 2020. Para el ministro, este proyecto apela a que ¡°nadie, por m¨¢s encumbrado que sea¡±, diga a los uruguayos ¡°qu¨¦ se puede leer y qu¨¦ no¡±. ¡°Las censuras son de dictadura¡±, remarc¨® ante la prensa.
Con este proyecto el Gobierno busca crear en el Archivo General de la Naci¨®n (AGN) una secci¨®n destinada a ¡°reunir, organizar y conservar¡± los documentos relativos al pasado reciente y a las violaciones de los derechos humanos. Abarcar¨ªa 153 conjuntos de documentos que en 2011 fueron declarados reservados por el AGN, seg¨²n public¨® el peri¨®dico El Observador. No obstante, una parte de estos archivos ya fue revelada por un an¨®nimo en abril de este a?o en el sitio web archive.org, otra fue publicada por el semanario Brecha en 2017, mientras que otra parte est¨¢ disponible al p¨²blico en el Repositorio Luisa Cuesta. Los diferentes archivos de la dictadura hasta ahora conocidos se encuentran dispersos en 17 instituciones p¨²blicas y 13 privadas, de acuerdo con una investigaci¨®n coordinada por los historiadores ?lvaro Rico y Vania Markarian, citada por ese peri¨®dico. Contienen fichas personales, actas de detenidos pol¨ªticos, interrogatorios bajo tortura y escuchas telef¨®nicas, entre otros miles de documentos.
¡°El proyecto del gobierno es muy breve y amplio, habla de la voluntad de hacer p¨²blicos los archivos, teniendo en cuenta la protecci¨®n de los datos sensibles, pero es poco preciso¡±, dice a EL PA?S Fabiana Larrobla, excoordinadora del Equipo de Investigaci¨®n Hist¨®rica de la Secretar¨ªa de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, entre 2015 y 2020. Larrobla se?ala que no tiene conocimiento de que exista un ¨ªndice claro y ordenado de estos documentos, qu¨¦ contiene cada uno, qu¨¦ es lo que est¨¢ disponible y lo que no. ¡°El manejo de los archivos ha sido poco claro durante todos estos a?os y lo sigue siendo¡±, apunta. Con respecto a qu¨¦ hacer con ellos, asegura que el objetivo tiene que ser el acceso universal, siguiendo tres pasos fundamentales: control civil, sistematizaci¨®n y protocolos de uso ¨¦tico, tal y como lo ha expresado el historiador uruguayo Gerardo Caetano al ser preguntado por estos archivos en la radio Sarand¨ª.
Desde el Frente Amplio criticaron el tratamiento ¡°expr¨¦s¡± que se le dio a este proyecto, aprobado en la comisi¨®n del Senado el 11 de septiembre, el mismo d¨ªa en que comparecieron los ministros de Defensa y Educaci¨®n para explicar su cometido. Por esta premura, se?alan en el FA, la comisi¨®n no pudo recibir a las delegaciones de la sociedad civil para escuchar sus opiniones. Asimismo, los legisladores sostienen que lo expresado en esta iniciativa del Gobierno ya est¨¢ previsto en la ley 18.435 que cre¨® el Archivo Nacional de la Memoria en 2008 [nunca implementada hasta ahora]. ¡°?Por qu¨¦ no la hacen funcionar en vez de derogarla?¡±, pregunt¨® la senadora Lili¨¢n Kechichi¨¢n, seg¨²n consta en la versi¨®n taquigr¨¢fica. Frente de las cr¨ªticas del ministro de Defensa, la legisladora defendi¨® la gesti¨®n del FA: ¡°No vamos a aceptar que se diga que la fuerza pol¨ªtica [FA] que hizo cosas concretas como, por ejemplo, entrar a buscar los enterramientos [de detenidos desaparecidos], quiere ocultar la verdad¡±.
Gast¨®n Grisodi, presidente de Crysol, asociaci¨®n de expresos pol¨ªticos, sostiene que ¡°nunca se opusieron a que se conocieran y difundieran¡± los archivos del pasado reciente [como lo desliz¨® el ministro Garc¨ªa ante la prensa], mientras se respeten la protecci¨®n de los datos personales y la dignidad de las v¨ªctimas. Pero hace hincapi¨¦ en que estos archivos no muestran ¡°toda la verdad¡± sino ¡°la verdad de los servicios represivos¡±. ¡°Es la verdad de los terroristas de Estado¡±, remarca. El mi¨¦rcoles 4 de octubre, Crysol envi¨® una carta a la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos, en la que expresa su preocupaci¨®n por el hecho de que se les ¡°impidiera¡± dar su opini¨®n sobre este proyecto de ley que cuenta con los votos para ser aprobado en el Parlamento. ¡°En el marco de una sociedad democr¨¢tica, Crysol considera que en las comisiones parlamentarias se debe escuchar a todas las partes involucradas, de manera directa o indirecta¡±, dice la carta.
Para la organizaci¨®n Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos la propuesta del Gobierno es ¡°absurda y enga?osa¡±, porque lo razonable hubiese sido, sostienen, darle los recursos econ¨®micos a la ley que cre¨® el Archivo Nacional de la Memoria en 2008. ¡°El proyecto busca demostrar una voluntad que no existe¡±, dice a EL PAIS Elena Zaffaroni, integrante de la organizaci¨®n, en referencia a la b¨²squeda de las 197 personas desaparecidas durante la dictadura uruguaya. En ese sentido, recuerda que la agrupaci¨®n ha pedido al Gobierno que exigiera informaci¨®n a los altos mandos militares y aportaran los archivos de inteligencia con las operaciones de detenci¨®n y destino final de cada desaparecido. ¡°No entregaron ninguna informaci¨®n sobre los desaparecidos¡±, se?ala.
¡°Toda la verdad no est¨¢ contenida ni en uno ni en cien archivos. La verdad es compleja y es interpretable. Los documentos no hablan por s¨ª solos, sino que dialogan con testimonios, contextos o circunstancias¡±, dice la investigadora Larrobla. Insiste en que se debe permitir el acceso a la ciudadan¨ªa a todos estos archivos, porque hasta ahora la ¡°compartimentaci¨®n y el secreto¡± han generado ¡°malentendidos, confusiones y sospechas¡±. ¡°Es muy dif¨ªcil conversar sobre este tema sin que est¨¦ te?ido por ideas o creencias acerca del otro. Entonces no conversamos, sino que disputamos qui¨¦n tiene la raz¨®n. No se trata de eso, sino de comprender qu¨¦ sucedi¨®, para qu¨¦ y c¨®mo, si es que el objetivo que tenemos como humanidad es que estos hechos no se repitan¡±, sostiene.