Vecinos en pie de guerra

Jos¨¦ Manuel Fern¨¢ndez lleva toda su vida viviendo en un piso en el n¨²mero 44 de la calle de Maudes, cerca del Paseo de la Castellana. Antes de ¨¦l lo hizo su padre, empleado en el que fuera el Taller de Artiller¨ªa de Precisi¨®n, a escasos metros del bloque de viviendas. En 1944 la Obra Sindical del Hogar (OSH) construy¨® para los trabajadores de este taller militar 152 pisos. Garantiz¨® a los empleados al acceso diferido a la vivienda, es decir, el derecho a quedarse con ellas tras 40 a?os pagando un alquiler.

Pero el pasado 13 de noviembre Fern¨¢ndez recibi¨® una carta con membrete del INVIED, el organismo del Ministerio de Defensa que hoy administra las casas. Pese a lo que establec¨ªan los contratos hace m¨¢s de 60 a?os, Defensa le reclama el pago de 5.025,87 euros o, en alternativa, ¡°que proceda a desalojar voluntariamente¡± el piso en el plazo de un mes. En caso contrario, ¡°se le incoar¨¢ expediente de desahucio por impago¡±. Este jubilado de 64 a?os comparte esta situaci¨®n con otro 143 vecinos, que se han constituido en una asociaci¨®n. ¡°Cuando nuestras casas se construyeron esta zona era la periferia de Madrid. Ahora es unos de los barrios m¨¢s caros de la ciudad, al lado de la Castellana. Los militares quieren estas viviendas y hacen todo lo que puedan para echarnos¡±, asevera.

Las casas no fueron subrogadas pese a lo que establec¨ªan los contratos

Seg¨²n los datos que ha recogido la asociaci¨®n, 15 pisos han sido vendidos y otros 6 est¨¢n subastados. El valor base de los inmuebles en la zona asciende a 3.250 euros por metro cuadrado, seg¨²n el Sistema integral de valoraciones de la Comunidad de Madrid.

Los vecinos han denunciado su situaci¨®n ante varias instituciones. Una de ellos, Mercedes Garc¨ªa, ha recibido una carta en la que la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, manifiesta inter¨¦s para su caso.

Aseguran que el INVIED no se hace problemas en embargar sus cuentas bancarias para obligarles a dejar sus viviendas. Fern¨¢ndez menciona el ejemplo de Carmen G¨®mez G¨®mez, una viuda de 94 a?os con una pensi¨®n de 740 euros, a la que han sido notificados ya tres ¨®rdenes de embargo. Este peri¨®dico ha intentado, sin ¨¦xito, conocer la versi¨®n del INVIED.

Un informe elaborado por Marta Gil y Jes¨²s Padorno, los dos letrados que asisten la asociaci¨®n, explica que en 2010 una Orden ministerial cambi¨® la calificaci¨®n de las viviendas y las convirti¨® en ¡°militares¡± y ¡°enajenables¡±.

Los letrados destacan que estos dos requisitos, y el hecho de que el INVIED se rige en materia de vivienda por normas que dan prioridad a las Fuerzas Armadas, han sido la premisa necesaria para llevar a cabo las ventas de esos pisos excluyendo del proceso a los actuales inquilinos. Insisten en que ¡°esta ley no deber¨ªa afectar para nada¡± a esas casas, ya que ¡°fueron promovidas con car¨¢cter social por la OSH¡± y que, sobre todo, la aplicaci¨®n de la norma ¡°no tiene car¨¢cter retroactivo¡±.

Los inquilinos denuncian el embargo de sus cuentas bancarias

Defensa, adem¨¢s, aprob¨® un baremo que confiere 30 puntos de ventaja al personal militar a la hora de adjudicar anualmente los pisos. Para que un civil pueda colmar esa diferencia, por ejemplo, deber¨ªa tener ¡°es diez hijos o cinco con minusval¨ªas¡±.

La causa de esta situaci¨®n es que las familias de los actuales inquilinos perdieron el derecho de subrogaci¨®n de las casas en las que habitan pese a que los contratos firmados por sus antepasados se los otorgaban. Ahora Defensa les exige el pago de un canon de uso, sin que eso implique la concesi¨®n de alg¨²n derecho respecto a los pisos.

El informe de los letrados trata de explicar por qu¨¦. Escriben que las casas se entregaron ¡°antes de obtener la c¨¦dula de calificaci¨®n de la Direcci¨®n General de la Vivienda¡±, Los contratos ¡°no fueron formalizados por la OSH, sino por el Taller de Artiller¨ªa, seg¨²n un contrato de arrendamiento¡±. El Taller, de esta forma, ¡°se irrog¨® la propiedad de las viviendas, obligando a su personal a firmar contratos de alquiler¡±.

En 1976, al desaparecer la OSH, el Taller adquiri¨® el entero bloque. Pero el acto de compraventa especificaba que los derechos de acceso a la propiedad de los inquilinos permanec¨ªan ¨ªntegros. En 1993 venci¨® el plazo para que los ocupantes se hicieran con estas viviendas, calificadas de protecci¨®n oficial. Pero no pas¨® nada.

Los abogados citan en su informe una sentencia firme del Tribunal Superior de Andaluc¨ªa, que en 1993 asign¨® a sus inquilinos un bloque de viviendas de Algeciras con un historial an¨¢logo a la de las calles Maudes y Pozano y desestim¨® las pretensiones del Ministerio de Defensa de hacerse con ellas. En Madrid, al contrario, los abogados aseguran que el Ministerio sigue ¡°sin otorgar las correspondientes escrituras de propiedad¡± y hasta ha dejado de mantener el inmueble.

¡°Entendemos que las viviendas ya no tienen el valor que ten¨ªan hace d¨¦cadas. Pero pedimos que nuestra situaci¨®n se regularicen de una vez¡±, insiste Fern¨¢ndez.