Justicia reprocha a la Seguridad Social su falta de control a la anciana que cobr¨® 33 a?os la pensi¨®n de un muerto

La Audiencia Provincial de Madrid ha reprochado en una sentencia al Instituto Nacional de la Seguridad Social y al Registro Civil su falta de control de las prestaciones de un fallecido. Se trata del caso de Juana Igue?a, la trabajadora social del Hospital Psiqui¨¢trico Alonso Vega de Madrid que cobr¨® la pensi¨®n de un muerto durante 33 a?os al falsificar su DNI.

En el juicio se lleg¨® a un acuerdo para una condena de dos a?os de c¨¢rcel, confirmada ahora por la resoluci¨®n judicial. Hubo disconformidad respecto a la responsabilidad subsidiaria de Bankia, que ahora ha resultado absuelta. As¨ª consta en una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se condena a Igue?a, de 83 a?os, como autora penalmente responsable de un delito continuado de falsedad en documento oficial, en concurso ideal medial con un delito de estafa de los art¨ªculos 248, 250.1.5¡ã del C¨®digo Penal. La condenada tendr¨¢ que pagar una multa de 900 euros y una indemnizaci¨®n al Instituto Nacional de la Seguridad Social por 147.963 euros, as¨ª como el inter¨¦s del art¨ªculo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En la sentencia se absuelve a la entidad bancaria Bankia de la responsabilidad civil subsidiaria que le reclamaba la Seguridad Social.

Los magistrados se?alan que "no consideran acreditada la infracci¨®n de la normativa por la entidad bancaria". Sin embargo, indican una "posible falta de control de la pervivencia del pensionista fallecido, adem¨¢s de la entidad bancaria, tambi¨¦n han podido tener su parte de responsabilidad el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social, que tiene un originario deber de control de sus prestaciones". Ampl¨ªa esta responsabilidad tambi¨¦n al Registro Civil, "que emiti¨® los certificados de fe de vida y estado sin cerciorarse adecuadamente de la pervivencia del fallecido, a pesar de que constaba inscrita su defunci¨®n en el mismo Registro Civil de Madrid". En el juicio, uno de los agentes de la Polic¨ªa Nacional que realiz¨® la investigaci¨®n confirm¨® que las bases de datos del Registro Civil no se cruzan con las bases de datos de la Seguridad Social.

En la vista oral, el exdirector de la sucursal donde la acusada retir¨® el dinero estafado durante a?os relat¨® que en 1981 se abri¨® una cuenta de ahorro con el nombre del fallecido, indicando que la mujer iba al banco con el DNI y con la Fe de Vida (certificado que declara que una persona est¨¢ viva), manifestando que estaba enfermo en casa.

Juana Igue?a trabajaba en el Hospital Psiqui¨¢trico Alonso Vega donde estaba internado Jaime Pons, que muri¨® el 17 de marzo de 1980. Gracias a que el fallecido no ten¨ªa familiares conocidos, la acusada se hizo con su DNI y documentaci¨®n bancaria con el fin de seguir percibiendo la pensi¨®n de jubilaci¨®n por incapacidad absoluta que le hab¨ªa sido concedida en 1977.

Al principio, Igue?a percib¨ªa una pensi¨®n de 104,16 euros mensuales, pero en 2013 ascendi¨® a 689,15 euros. Para ingresar el dinero, el 23 de diciembre de 1981 la acusada abri¨® una cuenta corriente a nombre del fallecido donde domicili¨® el pago de las pensiones y desde donde retiraba en efectivo todos los meses el dinero ingresado.

A partir de 2008 modific¨® su modus operandi y falsific¨® una autorizaci¨®n a su favor firmada "aparentemente" por Pons, lo que le permit¨ªa hacerse con el dinero. En enero de 2013 la entidad bancaria inst¨® a la acusada a que aportara una Fe de Vida y Estado del titular de la cuenta, "que la acusada obtuvo del Registro Civil ?nico de Madrid", presentando el DNI original del fallecido, y una autorizaci¨®n a su favor para solicitarla, "que ella misma hab¨ªa confeccionado imitando su firma".