Zona de bajas emisiones ¡®fake¡¯: el Gobierno pone en el punto de mira las trampas de las ciudades
Los ministerios de Transportes y Transici¨®n Ecol¨®gica mantienen reuniones para estudiar c¨®mo vetar proyectos que no reducen el tr¨¢fico ni la contaminaci¨®n, muchos de ellos pagados con fondos europeos
Los ministerios de Transportes y Transici¨®n Ecol¨®gica han iniciado una serie de reuniones para definir de forma coordinada qu¨¦ es una zona de bajas emisiones ¡°fake¡±, es decir, aquella que se pone en marcha como medida cosm¨¦tica y que no reduce el tr¨¢fico ni la contaminaci¨®n en el municipio, tal y como confirman a EL PA?S fuentes de ambos departamentos. La Ley de Cambio Clim¨¢tico obliga a las 151 localidades espa?olas de m¨¢s de 50.000 habitantes a tener ya una en marcha, pero por ahora tan solo la cumplen alrededor de u...
Los ministerios de Transportes y Transici¨®n Ecol¨®gica han iniciado una serie de reuniones para definir de forma coordinada qu¨¦ es una zona de bajas emisiones ¡°fake¡±, es decir, aquella que se pone en marcha como medida cosm¨¦tica y que no reduce el tr¨¢fico ni la contaminaci¨®n en el municipio, tal y como confirman a EL PA?S fuentes de ambos departamentos. La Ley de Cambio Clim¨¢tico obliga a las 151 localidades espa?olas de m¨¢s de 50.000 habitantes a tener ya una en marcha, pero por ahora tan solo la cumplen alrededor de una veintena, y en algunos casos con proyectos muy poco ambiciosos, ahora en el punto de mira. Una vez que se establezcan esos criterios comunes, ser¨¢ posible sancionar a aquellas localidades que pidieron fondos europeos para montar una de estas ¨¢reas de tr¨¢fico restringido y no lo han hecho correctamente, o incluso plantearse otras medidas.
Las zonas de bajas emisiones (ZBE) son ¨¢reas ¡ªnormalmente en el centro de las urbes¡ª en las que se impide el paso a los coches m¨¢s contaminantes, los m¨¢s antiguos, bas¨¢ndose en las etiquetas de la DGT, como forma de mejorar la calidad del aire. Los que sufren m¨¢s restricciones son los veh¨ªculos clasificados A o sin etiqueta (de gasolina matriculados antes de 2001 y di¨¦sel anteriores a 2006), que suponen alrededor de 10 millones de turismos en Espa?a (el 32% del total). As¨ª ocurre en Barcelona, por ejemplo, donde los A no pueden entrar al centro entre semana en determinado horario. En algunos casos, tambi¨¦n hay restricciones para los B y C, m¨¢s nuevos, como sucede en Madrid Central. Los Eco (h¨ªbridos) y Cero (h¨ªbridos enchufables y el¨¦ctricos), en general, pueden circular por todas partes, pues generan menos poluci¨®n.
La norma estableci¨® que desde el pasado 1 de enero de 2023 ¡ªhace ya a?o y medio¡ª todas las grandes ciudades deber¨ªan contar con una de estas ¨¢reas. Seg¨²n el decreto que desarroll¨® la ley, esas zonas deben ocupar ¡°un ¨¢rea significativa y suficiente¡± para ¡°reducir la contaminaci¨®n del aire, el ruido y los gases que causan el cambio clim¨¢tico en las ciudades¡±. Esa afirmaci¨®n gen¨¦rica est¨¢ sirviendo a varias urbes, gobernadas en su mayor¨ªa por el PP y Vox, a reducir al m¨ªnimo su ¨¢rea de aplicaci¨®n o incluso permitir la entrada de todo tipo de veh¨ªculos, dej¨¢ndolas sin efecto.
En este contexto, los departamentos de ?scar Puente y Teresa Ribera se est¨¢n coordinando para establecer caracter¨ªsticas comunes que sirvan para determinar qu¨¦ zonas de bajas emisiones (ZBE) son efectivas y cu¨¢les sirven ¨²nicamente para sortear la ley, sin producir efectos positivos. ¡°Queremos establecer una serie de criterios que sirvan para determinar cu¨¢l es una verdadera ZBE. Se trata de no permitir que cada municipio lo haga a su manera y a veces con planteamientos que no se adaptan a lo que debe ser una zona de bajas emisiones¡±, apuntan fuentes de Transici¨®n Ecol¨®gica.
Por su parte, Transportes est¨¢ muy interesado en este tema como herramienta para fiscalizar a las urbes que han pedido fondos europeos Next Generation para crear sus ¨¢reas de tr¨¢fico restringido, parte de una partida de 1.500 millones para movilidad sostenible urbana. ¡°Nosotros trabajamos en la l¨ªnea de que aquellos municipios que han recibido fondos para montar su ZBE tienen que justificar que la han puesto en marcha como estaba previsto, y que la ZBE cumple los requisitos, es decir, que reduce veh¨ªculos y contaminaci¨®n. Vamos a comprobar si han cumplido con esos objetivos y, si no, tendr¨¢n que devolver las ayudas europeas¡±, se?alan desde este departamento. Est¨¢ previsto que los contactos contin¨²en en las pr¨®ximas semanas y que empiece a haber resultados despu¨¦s del verano.
Aunque los ministerios no hablan por ahora de casos concretos, las ¨²ltimas ZBE que han entrado en vigor no parecen muy efectivas: Sevilla, por ejemplo, implant¨® una de estas ¨¢reas en La Cartuja, una peque?a zona empresarial de un kil¨®metro cuadrado con poco tr¨¢fico, y adem¨¢s incluye muchas excepciones, con lo que la medida queda muy desvirtuada. Mientras, Zaragoza lo hizo en un ¨¢rea min¨²scula del centro, La L¨ªnea de la Concepci¨®n (C¨¢diz) ha considerado ZBE a un parque y Valencia solo multar¨¢ cuando haya picos de contaminaci¨®n. En cambio, Madrid s¨ª multa desde este 1 de julio a los veh¨ªculos A de no empadronados que transiten por el interior de la M-30, mientras en Catalu?a Gav¨¤, El Prat, Sant Boi, Viladecans y Castedefells han estrenado este lunes sus nuevas ¨¢reas.
A?o y medio de retraso
En cualquier caso, la gran mayor¨ªa de las ciudades obligadas a contar con estas zonas llevan ya a?o y medio de retraso respecto al plazo inicial (enero de 2023) e incluso algunas ni siquiera han comenzado con la tramitaci¨®n. Algunas se escudaban en una pr¨®rroga de 18 meses que aparec¨ªa en el decreto de 2022 ¡ªque no est¨¢ claro que sea de aplicaci¨®n para todas¡ª que de todas formas acab¨® este 1 de julio.
Este retraso ha motivado una investigaci¨®n del Defensor del Pueblo, que ha requerido informaci¨®n a 33 ayuntamientos: siete que van muy retrasados en sus proyectos, ocho que ya los ten¨ªan aprobados y manifestaron que quer¨ªan dar marcha atr¨¢s, y otros 18 que ni siquiera hab¨ªan iniciado los tr¨¢mites a finales de 2023. Por ahora, no hay novedades. Mientras, Transici¨®n Ecol¨®gica cuenta con un mapa que muestra que m¨¢s de un centenar de urbes siguen realizando los tr¨¢mites previos, pero recuerda que eso no significa que todas las ya instaladas cumplan con los requisitos requeridos.
Las ¨¢reas que est¨¢n por llegar tambi¨¦n preocupan a ambos ministerios, por el riesgo de que algunos consistorios decidan crear ¨¢reas de tr¨¢fico restringido cosm¨¦ticas y sin casi efecto. Por ejemplo, el anterior Ayuntamiento de Valladolid ten¨ªa previsto aplicar su ZBE en una zona de tres kil¨®metros cuadrados que, tras el cambio de gobierno en 2023, se redujo a tan solo uno. Otro tanto ocurre en Boadilla del Monte (Madrid), cuya futura ¨¢rea dejar¨¢ acceder a todos los coches de los vecinos y contempla 18 excepciones para los dem¨¢s.
Varias entidades ecologistas y sanitarias ¡ªEcologistas en Acci¨®n, Ecodes, ConBici, ISGlobal y Salud por derecho¡ª agrupadas en la campa?a Clean Cities lanzaron este lunes un comunicado para denunciar esta situaci¨®n. ¡°La desobediencia ha sido manifiesta desde el principio. Se vive en un continuo estado de reto entre algunos ayuntamientos y el Gobierno que est¨¢ poniendo en peligro la salud de las personas, la buena reputaci¨®n de Espa?a en la gesti¨®n de los fondos europeos y la necesidad de mejorar nuestras ciudades para hacerlas m¨¢s saludables y habitables mejorando su calidad del aire y dando m¨¢s espacio a las personas y la naturaleza¡±. Y a?aden: ¡°Nadie puede poner en cuesti¨®n que estas zonas son buenas para las personas y el comercio local. La utilizaci¨®n partidista de medidas que abogan por la descongesti¨®n del tr¨¢fico deber¨ªa tener unos l¨ªmites¡±.
Desde el Ejecutivo admiten que ser¨¢ complicado que el Estado multe a los ayuntamientos incumplidores, ya que ni la ley ni el decreto incluyen un r¨¦gimen sancionador, pero s¨ª que se est¨¢n estudiando otras medidas para aumentar la presi¨®n sobre ellos. Una opci¨®n ser¨ªa exigir la devoluci¨®n de los fondos europeos a ciudades que los pidieron e, incluso, imponerles una sanci¨®n por mal uso de los mismos; otra podr¨ªa ser un descuento de las transferencias de Presupuestos Generales del Estado hacia los consistorios d¨ªscolos, algo complejo, o un recurso contencioso-administrativo. Entre tanto, las propias entidades ecologistas tambi¨¦n podr¨ªan denunciar en los tribunales a estas localidades.
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