Los editores espa?oles defienden ¡°la gesti¨®n colectiva¡± de derechos de autor ante la nueva directiva europea
El gremio se une a otras asociaciones que reclaman al Ministerio de Cultura ser los garantes de un equilibrio en el mercado
Un goteo incesante de reclamaciones empieza a llegar al Ministerio de Cultura, que lidera Jos¨¦ Manuel Rodr¨ªguez Uribes. Asociaciones de escritores, editores y de artistas de diversas disciplinas reivindican que se garanticen sus derechos de autor una vez Espa?a adapte a su legislaci¨®n la nueva directiva europea sobre esta cuesti¨®n. Por el momento, informan fuentes del Ministerio, no hay una fecha exacta, aunque ser¨¢ antes del 1 de junio por los plazos que estableci¨® la Uni¨®n Europea cuando aprob...
Un goteo incesante de reclamaciones empieza a llegar al Ministerio de Cultura, que lidera Jos¨¦ Manuel Rodr¨ªguez Uribes. Asociaciones de escritores, editores y de artistas de diversas disciplinas reivindican que se garanticen sus derechos de autor una vez Espa?a adapte a su legislaci¨®n la nueva directiva europea sobre esta cuesti¨®n. Por el momento, informan fuentes del Ministerio, no hay una fecha exacta, aunque ser¨¢ antes del 1 de junio por los plazos que estableci¨® la Uni¨®n Europea cuando aprob¨® esta norma en 2019.
La Federaci¨®n de Gremios de Editores de Espa?a (FGEE) ha sido la ¨²ltima en solicitar al Gobierno que ¡°mantenga la gesti¨®n colectiva obligatoria de derechos de propiedad intelectual¡± cuando se aplique la directiva. Los editores reclaman as¨ª que estas organizaciones se mantengan como garantes para ¡°aportar al mercado equilibrio y la seguridad jur¨ªdica necesaria¡±. El sector considera que es ¡°una de las grandes conquistas europeas para el mundo de la creaci¨®n¡± con la que adem¨¢s se garantiza ¡°la cobertura asistencial a miles de autores¡±.
Esta demanda llega despu¨¦s de que la SGAE se uniera el pasado viernes a la petici¨®n de la Conferencia de Asociaciones de Escritores y Escritoras de Espa?a, la Asociaci¨®n de Medios de Informaci¨®n (AMI) y a las entidades de gesti¨®n de derechos de autor espa?olas reunidas en Adepi para garantizar que sus derechos sean ¡°conveniente y equitativamente retribuidos por la circulaci¨®n y distribuci¨®n de su trabajo a trav¨¦s de redes digitales, frente a posiciones puramente mercantilistas¡±.
¡°Los autores son piezas fundamentales en el ejercicio de la creaci¨®n, pero tambi¨¦n las m¨¢s fr¨¢giles de una cadena que con la irrupci¨®n de las nuevas tecnolog¨ªas corren serio riesgo de quedar sepultadas bajo los intereses de las grandes empresas de la era digital¡±, se?al¨® la SGAE.
Estas peticiones de las asociaciones est¨¢n relacionados con el art¨ªculo 15 de la directiva. El texto otorga a los editores de prensa el derecho a conceder o no el visto bueno a webs con ¨¢nimo de lucro para que compartan ¡°fragmentos significativos¡± de sus publicaciones. El legislador pretendi¨® as¨ª responder a las quejas de los autores, indignados con que sus obras lleguen a m¨¢s espectadores y lectores que nunca, mientras los ingresos se desv¨ªen hacia otros bolsillos.
En el caso de Espa?a, tras la desaparici¨®n de Google News en 2014, han surgido otros buscadores, como Google Discover, que agrega y propone a los usuarios varios art¨ªculos seg¨²n sus gustos y su historial de b¨²squedas e intereses. El pasado noviembre Cedro, la entidad de gesti¨®n de los derechos de autor del sector editorial, present¨® una demanda contra Google en la que exigi¨® 1,1 millones de euros por un presunto impago de derechos de autor. El organismo consider¨® que se trataba del dinero que Google Discover debe dar a los autores y editores por ¡°la agregaci¨®n de fragmentos de noticias de diferentes ediciones digitales de peri¨®dicos y de otras publicaciones¡±, con base en la Ley de Propiedad Intelectual.
Hasta la fecha, estas plataformas tecnol¨®gicas se amparaban en que solo deb¨ªan reaccionar a posteriori, cuando se les comunicaba que alojaban un contenido no autorizado. Ahora, seg¨²n la aplicaci¨®n de la directiva europea, tendr¨¢n que demostrar que han realizado ¡°los mayores esfuerzos¡± para alcanzar un pacto, impedir r¨¢pidamente el acceso a las obras denunciadas y encargarse de que no vuelvan a estar disponibles.
Asimismo, el art¨ªculo 17 insta a los portales que almacenan, organizan y difunden contenidos de usuarios con fines comerciales a contar con una licencia previa de los creadores de esas obras. Es decir, que una plataforma de v¨ªdeo como YouTube, por ejemplo, sea capaz de eliminar un contenido que sea usado sin tener los derechos sobre el mismo. Una decisi¨®n que ya ha provocado las quejas de otros sectores que consideran que esto es solo el inicio de la censura previa en Internet.