La corrupci¨®n abri¨® el camino de los militares al poder

Defraudada la esperanza popular depositada en el gobierno peronista, que se inici¨® en 1973 y en el marco de una crisis pol¨ªtica, econ¨®mica e institucional sin antecedentes, desde hace mes y medio, las Fuerzas Armadas argentinas asumieron nuevamente la conducci¨®n del pa¨ªs.

El golpe de Estado, que se concret¨® en la madrugada del 24 de marzo al ponerse en marcha la de nominada ?Operaci¨®n Bolsa?, fue recibido, en principio, con una mezcla de alivio e indiferencia. Tras detener a la ex presidente de la naci¨®n, Mar¨ªa Estela Mart¨ªnez de Per¨®n, a bordo del helic¨®ptero que la trasladaba desde la Casa de Gobierno a la residencia oficial, las tropas del Ej¨¦rcito, la Marina y la Aeron¨¢utica se lanzaron sobre Buenos Aires y las ciudades m¨¢s importantes del interior. Los argentinos se despertaron esa ma?ana al son de las marchas militares.

?Agotadas todas las instancias del mecanismo constitucional —afirmaba el primer bando militar—, superada la posibilidad de rectificaciones dentro del marco de las instituciones y demostrada, en forma irrefutable, la imposibilidad de recuperaci¨®n del proceso por v¨ªas naturales, llega a su t¨¦rmino una situaci¨®n que agravia a la naci¨®n y compromete su futuro?.

La historia de un fraude

La huelga general, auspiciada por la CGT en caso de una intervenci¨®n militar, no tuvo ¨¦xito entre los trabajadores. Los siete millones y medio de votantes que encumbraron al peronismo, asistieron pac¨ªficamente al derrocamiento de Isabel Per¨®n y no opusieron ninguna resistencia al nuevo orden instaurado por las Fuerzas Armadas.

Solo tres a?os atr¨¢s, el 25 de mayo de 1973, los militares se retiraban de la Casa de Gobierno en medio de una multitud que los insultaba y conscientes de que los pocos aciertos logrados durante la administraci¨®n castrense, no compensaban los siete a?os de dictadura que hab¨ªa sufrido ¨¦l pueblo argentino. En su lugar, el flamante presidente H¨¦ctor J. C¨¢mpora lanzaba un programa que sintetizaba, seg¨²n ¨¦l mismo lo expuso, el m¨¢ximo anhelo peronista: construir ?una patria socialmente justa, econ¨®micamente independiente y pol¨ªticamente soberana?.

Pero el tiempo puso en evidencia que las promesas y las consignas eran formas vac¨ªas de contenido. Si bien es cierto que los presos pol¨ªticos salieron de las c¨¢rceles y que el poder adquisitivo de los trabajadores experiment¨® temporalmente una sensible mejora, adem¨¢s de reducirse la deuda externa de seis mil millones de d¨®lares en un 23 por ciento durante el primer a?o, tampoco cabe duda que el Gobierno prest¨® m¨¢s atenci¨®n a la lucha que libraban entre si las heterog¨¦neas facciones justicialistas que al cumplimiento de su programa.

El esfuerzo de las autoridades se centr¨® en desprestigiar a la organizaci¨®n guerrillera Montoneros (peronistas de izquierda), cuyos militantes hab¨ªan ganado un inusitado prestigio combatiendo fogosamente a la dictadura militar de depuesta y soportando el peso de la campa?a electoral justicialista. El 1. ? de mayo de 1974 es el mismo general Per¨®n quien, investido ya como presidente, asume la disputa partidaria expuls¨¢ndolos del movimiento. El enfrentamiento con el ?l¨ªder de los trabajadores?, oblig¨® a los Montoneros a retornar a la clandestinidad desde donde, junto al Ej¨¦rcito Revolucionario del Pueblo, comenzaron a hostilizar al Gobierno. Como contrapartida surgi¨® la Alianza Anticomunista Argentina (ultraderecha), visiblemente protegida por el oficialismo, dejando un saldo que actualmente supera los dos mil asesinatos.

De esta manera, el tan cacareado Plan Trienal del Ministerio de Econom¨ªa, cuya aplicaci¨®n tendr¨ªa que suponer un resurgimiento de la alica¨ªda industria nacional y una explotaci¨®n racional de las riquezas, qued¨® reducido a su m¨¢s m¨ªnima expresi¨®n: el congelamiento de los precios como forma artificial de contener la inflaci¨®n.

Los ¨²ltimos 90 d¨ªas

Mar¨ªa Estela Mart¨ªnez de Per¨®n ascendi¨® a la primera magistratura del pa¨ªs envuelta en una crisis econ¨®mica que en nada contribuy¨® a paliar las divisiones partidarias que generaron la muerte de su esposo. Por el contrario, el enfrentamiento que suscit¨® la disputa por la herencia de Per¨®n entre el ?l¨®pez reguismo? —grupo con el que se identificaba la presidente— y la c¨²spide sindical paraliz¨® la escasa actividad gubernamental y se tradujo en un manifiesto ?vac¨ªo de poder?.

Hasta entonces, las Fuerzas Armadas, encubiertas en un dudoso profesionalismo, se hab¨ªan dedicado a la lucha antiguerrillera sin intervenir directamente en los asuntos del Estado. Tres meses antes del derrocamiento de la viuda de Per¨®n, la paciencia de los militares lleg¨® al l¨ªmite. A trav¨¦s del comandante en jefe del Ej¨¦rcito, general Jorge Videla, lanzaron un ultimatum otorgando al Gobierno un plazo de 90 d¨ªas para rectificar su rumbo.

El momento elegido por los uniformados no pod¨ªa ser mejor. La corrupci¨®n administrativa y las estafas cometidas o promovidas por las autoridades, en las que se halla involucrada la misma presidente, eran el lema obligado de todos los peri¨®dicos. Isabel Per¨®n, por otra parte, ve¨ªa d¨ªa a d¨ªa desmoronarse su prestigio ante el creciente aumento del coste de vida y los conflictos obreros que contestaban su gobierno.

La respuesta oficial al llamado de atenci¨®n militar, desat¨® finalmente las tensiones acumuladas. El ministr¨® de Econom¨ªa, Emilio Mondelli, anunci¨® por la red de radio y televisi¨®n un plan que, elaborado conjuntamente con el embajador norteamericano, Robert Hill, auspiciaba un dr¨¢stico congelamiento salarial, En el orden externo, basado en la necesidad de fomentar las inversiones el ?Plan Mondelli? propon¨ªa, para satisfacer al Fondo Monetario Internacional, la desnacionalizaci¨®n de las empresas anteriormente ?argentinizadas? y la modificaci¨®n de toda la legislaci¨®n que impidiera obtener mayores dividendos al capital extranjero.

Con una inflaci¨®n pronosticada en un 600 por 100 para fin de a?o y una deuda externa que bordea los diez mil millones de d¨®lares —35 por 100 m¨¢s que en 1973—, el anuncio del equipo econ¨®mico no pod¨ªa concitar el apoyo popular. Desobedeciendo las ¨®rdenes impartidas por las direcciones sindicales que apoyaban a Isabel Per¨®n, las huelgas obreras se propagaron r¨¢pidamente en los centros industriales del pa¨ªs. Era evidente que el aumento del 20 por 100 otorgado por la presidente no pod¨ªa cubrir ni siquiera el alza del 28 por 100 que hab¨ªa experimentado los productos de primera necesidad durante el mes de febrero. En el otro extremo del agitado contexto social, los empresarios convocaron a una reuni¨®n para determinar el camino a seguir. La resoluci¨®n del c¨®nclave patronal se hizo p¨²blica en todos los medios period¨ªsticos, los que se ocuparon de se?alar que el lanzamiento de un nuevo ?lock out? no ten¨ªa otro fin que el de socavar las d¨¦biles bases sobre las que todav¨ªa hac¨ªa equilibrio el Gobierno.

En los cuarteles, mientras tanto, hab¨ªa comenzado la cuenta atr¨¢s. Los militares s¨®lo esperaban que la Junta de Comandantes en Jefe decidiera la hora y el d¨ªa en que saldr¨ªan con las tropas a la calle.