Ritmo lento

SE DIRIA que el frenes¨ª de las dos campa?as electorales y la tensi¨®n nerviosa producida por la espera de sus resultados y por los concili¨¢bulos en torno a la crisis ministerial han dejado exhaustos y vac¨ªos a nuestros gobernantes. A punto de cumplirse las cuatro semanas de la formaci¨®n del Gobierno, nada sabemos de la mayor¨ªa de los nuevos nombramientos que presumiblemente se disponen a realizar los ministros entrantes para cubrir los cargos de designaci¨®n pol¨ªtica en sus departamentos. Los cuatro a?os de detentaci¨®n del poder privan, al parecer, de urgencias y de prisas al Poder ejecutivo, como si la ocupaci¨®n de las palancas de mando, y no su utilizaci¨®n, constituyera la raz¨®n de ser y la justificaci¨®n de la victoria electoral de UCD. Ciertamente, en esta ocasi¨®n nos ha sido ahorrado el espect¨¢culo, m¨¢s bien poco edificante, del reparto de prebendas entre los cesados para compensarlos del disgusto de su reciente desgracia. En cualquier caso carecer¨ªa de justificaci¨®n que la remodelaci¨®n de los equipos ministeriales y de las ¨¢reas estatales conexas fuera produci¨¦ndose en forma de lento goteo o a lo largo de varios consejos de ministros.La circunstancias de que la iniciativa legislativa corresponde de hecho al Poder ejecutivo, que dispone de fuerza suficiente en el Congreso para bloquear las proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios de la Oposici¨®n, crea el serio peligro de que la abulia gubernamental, la lentitud y tardanza de su despertar tras las elecciones se transmita a la vida del Poder legislativo. Y esta amenaza es tanto m¨¢s grave cuanto que nuestros legisladores se encuentran ya en una situaci¨®n de aran retraso respecto a lo que hubiera podido realizarse en el Congreso y en el Senado en el caso de que las Cortes no hubieran sido disueltas en diciembre de 1978. Se trata, nada m¨¢s y nada menos, que de llevar hasta su ¨²ltimo t¨¦rmino el desarrollo de la Constituci¨®n, que, privada de las leyes org¨¢nicas previstas en el articulado de su texto, es un simple enunciado de buenas intenciones y loables prop¨®sitos.

El cat¨¢logo de leyes org¨¢nicas y ordinarias pendientes de discusi¨®n y aprobaci¨®n contiene tantos y tan importantes temas, que seguramente monopolizar¨¢ los esfuerzos de los congresistas y senadores a lo largo de los dos pr¨®ximos a?os. Los estatutos de autonom¨ªa, ante todo los de Catalu?a y Euskadi, cuyos proyectos aprobados por las respectivas asambleas de parlamentarios fueron depositados en la Mesa del Congreso al final de la anterior legislatura, precisar¨¢n del trabajo y de la buena voluntad de todos para que adquieran fuerza legal antes de que termine el a?o. Se necesita tambi¨¦n, de manera urgente, que el Tribunal Constitucional deje de ser una antelequia y se convierta en una instancia operativa, pues de otra forma el Poder ejecutivo, ayudado por su grupo parlamentario, podr¨ªa seguir interpretando a su antojo los l¨ªmites de su acci¨®n. El Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, la nueva instituci¨®n del defensor del pueblo, la organizaci¨®n de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad, el Poder judicial, el r¨¦gimen electoral, la reorganizaci¨®n del Senado, el Estatuto de Refugiado Pol¨ªtico, la continuaci¨®n de la reforma fiscal, el Estatuto de Televisi¨®n, las relaciones industriales, el Estatuto de la Funci¨®n P¨²blica y la regulaci¨®n del divorcio constituyen s¨®lo una parte del ampl¨ªsimo orden del d¨ªa que las nuevas Cortes heredan de las anteriores y que est¨¢n obligadas a resolver a la mayor brevedad por respeto a la propia Constituci¨®n.

Mientras el Gobierno, en cuya privilegiada capacidad de presentaci¨®n de los proyectos de ley descansa en buena medida la posibilidad de acelerar o frenar la labor de los legisladores, no salga de su actual aton¨ªa ser¨¢ dif¨ªcil que ese esfuerzo extraordinario que los electores tienen derecho a exigir a sus representantes en el Congreso y en el Senado pueda ponerse en marcha. No es una buena noticia que las informaciones procedentes del Congreso tengan como exclusivo contenido las peleas, casi incomprensibles para el ciudadano medio, sobre los grupos parlamentarios, escenario para esos ejercicios de picaresca. y peque?a astucia que contribuyen a desprestigiar la vida parlamentaria. Por ahora, sin embargo, la paralizaci¨®n de la actividad pol¨ªtica es responsabilidad casi exclusiva del Gobierno. Y nadie debe olvidar que el programa de las Cortes no es el que corresponder¨ªa a una legislatura ordinaria. La disoluci¨®n de las anteriores, al a?o y medio de su elecci¨®n, transmite a las actuales de alguna forma la condici¨®n de Cortes constituyentes, dado que la norma fundamental no es por ahora m¨¢s que una estructura de la que s¨®lo han sido construidas las paredes maestras y los cimientos. Seguiremos viviendo en un per¨ªodo constituyente, en un per¨ªodo de consolidaci¨®n de las instituciones democr¨¢ticas, mientras las Cortes no aprueben el amplio repertorio de leyes org¨¢nicas y ordinarias a las que se remiten los art¨ªculos del texto constitucional.