La votaci¨®n sobre el Tribunal Constitucional

EL SISTEMA con que ha sido aprobada en el Congreso la ley sobre el Tribunal Constitucional pone de relieve que el Gobierno parece decidido a abandonar la f¨®rmula del consenso en el desarrollo legal de la propia Constituci¨®n, en aras, suponemos, de una pretendida efectividad. En efecto, la oposici¨®n de la izquierda a lo que consideraba un derecho de veto sobre el Parlamento del propio Tribunal, la ha llevado a votar unida contra la ley, que s¨®lo ha podido salvar el escollo de la mayor¨ªa absoluta que precisaba con el apoyo de vascos y catalanes. La sospecha de que el Gobierno est¨¦ manejando un instrumento tan delicado corno los estatutos de autonom¨ªa como moneda de cambio en otras cuestiones, es as¨ª m¨¢s que fundada. Y la paradoja de que sea la Minor¨ªa Vasca, que no vot¨® afirmativamente a la Constituci¨®n, la que venga ahora en defensa de las tesis constitucionales ucedistas completa el c¨ªrculo de las confusiones.La cuesti¨®n fundamental que ha enfrentado a la oposici¨®n con el Gobierno en este terreno ha sido la existencia de un recurso previo de constitucionalidad de las leyes org¨¢nicas, que se considera por socialistas y comunistas un derecho de veto o de censura, por parte de dicho organismo, sobre la actividad parlamentaria. El temor a?adido de que este derecho pueda jugar pol¨ªticamente en contra de la mayor¨ªa parlamentaria, caso de que ¨¦sta cambie de signo, es tambi¨¦n patente. Y a las sospechas de politizaci¨®n del alto ¨®rgano judicial se a?aden las que suponen el hecho de que ¨¦ste tendr¨¢ atribuciones para dirimir los conflictos ?institucionales? entre el Gobierno y las C¨¢maras. Pero, a nuestro juicio, no es lo m¨¢s importante el debate jur¨ªdico sobre las atribuciones del Tribunal -debate en el que a la postre existen razones v¨¢lidas en ambos bandos-, sino el significado pol¨ªtico que puede adquirir el hecho de que el ¨®rgano supremo de arbitraje sobre la constitucionalidad de nuestras leyes se apruebe con tan estrecho margen de votos.

Digamos que existe una cierta sensaci¨®n de secuestro, por parte de los expertos del Gobierno, de las interpretaciones constitucionales, incluso a la hora de establecer el ¨®rgano que ha de tener esta fundamental misi¨®n. As¨ª sucedi¨® con el decreto sobre seguridad ciudadana, en el que el Gabinete s¨¦ mostr¨® m¨¢s bien benevolente con la estricta interpretaci¨®n de las garant¨ªas jur¨ªdicas a los derechos individuales que la Constituci¨®n establece. As¨ª tambi¨¦n, en el caso de la prenegociaci¨®n del Estatuto de Guernica, en el que las principales objeciones de UCD eran de signo constitucional, objeciones que, sin duda, ya no ve despu¨¦s de firmado,el pacto. As¨ª, en fin, a la hora de dirimir la cuesti¨®n de si viola o no la Constituci¨®n -como la izquierda clama- a el propio Tribunal Constitucional. Que semejante duda, esgrimida por casi la mitad de la C¨¢mara, no ocasione m¨¢s preocupaci¨®n en el Gobierno que la recolecta necesaria,de votos para salir adelante, antes que la b¨²squeda de una soluci¨®n m¨¢s satisfactoria para todos, es lo que consideramos un ni al s¨ªntoma. Sobre todo trat¨¢ndose de un tema de la gravedad y envergadura de que se trata.