El proyecto de Presupuestos Generales del Estado no recoge las propuestas estabilizadoras de Rafael Termes

Las recientes declaraciones de Rafael Termes, presidente de la Asociaci¨®n Espa?ola de Banca Privada (AEB) sobre la necesidad de poner en marcha un plan de estabilizaci¨®n o austeridad han encontrado una oposici¨®n muy fuerte, tanto en algunos medios del Gobierno como entre los propios sectores empresariales y financieros que no apoyan las tesis defendidas por el presidente de la patronal bancaria.

Seg¨²n estas fuentes la oportunidad de poner en marcha un plan de estabilizaci¨®n habr¨ªa estado en el pasado mes de diciembre cuando se tomaron medidas de la importancia de la devaluaci¨®n de la peseta y se aprobaron los precios de los productos derivados del petr¨®leo, pero no ahora, una vez que se ha firmado el Acuerdo Interconfederal y va transcurrido el primer cuatrimestre del a?o. El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado presentado ante el Congreso de los Diputados ayer por la tarde no recoge en la pr¨¢ctica ninguna de las propuestas lanzadas por Rafael Termes.El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado recoge, seg¨²n fuentes consultadas, un aumento global de la presi¨®n fiscal del 1%, que no tendr¨ªa especiales repercusiones sobre el Impuesto de la Renta de las Personas F¨ªsicas (IRPF) cuyo montante total de recaudaci¨®n no crecer¨¢ en mayor proporci¨®n que el correspondiente a la tasa de inflaci¨®n prevista. Seg¨²n estas fuentes, el tipo medio m¨¢ximo a aplicar en el IRPF pasar¨¢ del 43% al 45,7% y el mayor incremento corresponder¨¢ a las rentas superiores a los ocho millones de pesetas anuales, mientras que las inferiores al mill¨®n y medio tendr¨¢n que satisfacer un importe total menor que en ejercicios anteriores. Las rentas comprendidas entre estas dos cifras apenas si ver¨¢n modificada, seg¨²n fuentes del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda, su fiscalidad.

Por otro lado se ha negado que dentro del cap¨ªtulo de ingresos fiscales se recoja una elevaci¨®n del impuesto de lujo sobre la compra de autom¨®viles o que se pretenda un aumento significativo procedente de impuestos indirectos como los que gravan los precios finales de los derivados del petr¨®leo, tabaco o bebidas alcoh¨®licas. Por el contrario se ha decidido una modificaci¨®n sobre el tipo que reg¨ªa para el impuesto sobre el beneficio de las sociedades que pasar¨¢ del 33% actual al 35%.

Oportunidad de la estabilizaci¨®n

Las decisiones b¨¢sicas que parecen componer las l¨ªneas de actuaci¨®n del Gobierno en materia de presupuestos contrastan con las manifestadas por el presidente de la patronal bancaria en Barcelona cuando se mostraba partidario de poner en funcionamiento un plan de estabilizaci¨®n con repercusiones directas sobre el consumo, a trav¨¦s de un aumento significativo del impuesto sobre la renta, como sobre el empleo a partir de la paralizaci¨®n de las medidas adoptadas sobre la reducci¨®n de la jornada laboral y otras posibles medidas que no aparecen recogidas en los convenios colectivos y que pueden suponer un aligeramiento en los costes laborales totales.

Lo que se est¨¢ discutiendo en la actualidad es la oportunidad concreta de proceder a un plan de estabilizaci¨®n cl¨¢sico o no. Para diversos sectores empresariales y altos cargos de la Administraci¨®n, la posibilidad de proceder a un ajuste estabilizador de la econom¨ªa espa?ola era posible a finales del a?o pasado, con unas elecciones generales ampliamente ganadas y cuando se tomaron decisiones de la trascendencia de la devaluaci¨®n de la peseta, modificaci¨®n del coeficiente de caja de los bancos y cajas de ahorro y elevaci¨®n sustancial de los precios de los productos petrol¨ªferos.

En ese momento, seg¨²n estas fuentes, era posible comprometer al conjunto de la sociedad espa?ola en una pol¨ªtica estabilizadora de rentas -salariales y empresariales-, precios y de gasto p¨²blico. La indecisi¨®n de aquel momento, que provoc¨® especulaciones sobre posibles limitaciones a la distribuci¨®n de dividendos empresariales a cuenta de los resultados obtenidos durante 1982, y la adopci¨®n de otros acuerdos negociados en los meses siguientes hace imposible tomar en la actualidad medidas de estabilizaci¨®n cuyos resultados pr¨¢cticos ser¨ªan discutibles cuando menos.

El Acuerdo Interconfederal firmado por la CEOE y los principales sindicatos, la negociaci¨®n colectiva del sector p¨²blico, llevada a cabo con laxitud seg¨²n algunas fuentes de la Administraci¨®n y sin ning¨²n tipo de directriz, pueden impedir la efectividad de un posible plan de estabilizaci¨®n puesto en marcha en la segunda mitad del a?o. Por otra parte, en diversos medios patronales se se?ala que un programa econ¨®mico estabilizador en sentido estricto llevar¨ªa a la ruina a, al menos, un 30% de las empresas actualmente existentes, precisamente las que padecen peores dificultades de ¨ªndole comercial y financiero.

No obstante, la batalla pol¨ªtica que est¨¢ teniendo lugar en la actualidad no es negada por nadie. Las recientes declaraciones del presidente del Congreso de los Diputados en Valladolid sobre la seguridad de que a partir del d¨ªa nueve de mayo, despu¨¦s de las elecciones municipales, se pida un esfuerzo suplementario de solidaridad nacional para salir de la crisis pueden interpretarse como un anuncio de las luchas que est¨¢n teniendo lugar.

Las afirmaciones empresariales de que a pesar de haberse aprobado la reducci¨®n de la jornada laboral a cuarenta horas semanales en el Congreso, se puede frenar su puesta en pr¨¢ctica a partir de una enmienda en el Senado, podr¨ªan ir por esta v¨ªa. La CEOE ha manifestado que en la tramitaci¨®n y aprobaci¨®n del proyecto de reducci¨®n de la jornada laboral en el Congreso no se han tenido en cuenta las manifestaciones p¨²blicas del propio Gobierno en el sentido de que en el proyecto de ley se recoger¨ªan los acuerdos alcanzados entre las partes.

Discrepancias CEOPAEB

Y en el Acuerdo Interconfederal, en opini¨®n de la CEOE, se aceptaba mantener los pactos de jornada anteriores, lo que retrasaba la entrada en vigor de las cuarenta horas hasta 1984, referirse siempre a tiempo efectivo de trabajo y empezar a hablar de c¨®mputo anual de tiempo de trabajo y no de jornada semanal.

No obstante estas matizaciones a la jornada laboral, fuentes de la CEOE han se?alado que en este a?o no era posible pedir un nuevo esfuerzo a los trabajadores, a trav¨¦s de reducciones reales en sus salarios sin contraprestaciones en el nivel de empleo, y que era m¨¢s importante que el Estado se aplicara en la consecuci¨®n de obtener logros en reducir el d¨¦ficit del sector p¨²blico por la v¨ªa de frenar las transferencias y otros gastos antes que imponer sacrificios salariales. Este fue el punto de arranque de las discrepancias entre un sector de la CEOE y la AEB con motivo de la discusi¨®n sobre los puntos del Acuerdo Interconfederal y que tuvieron como reflejo inmediato que la patronal bancaria declarara que firmaba el texto aunque mantendr¨ªa una posici¨®n de dureza en los temas de revisi¨®n salarial que han llevado a la huelga del mes pasado y a la convocatoria de una nueva para finales de abril y primeros de mayo.

Las razones de los que se muestran contrarios a un posible plan de estabilizaci¨®n han sido expuestas por el propio Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda, que de esta forma desmentir¨ªa una posible alianza entre un sector del Gobierno y sectores empresariales y financieros, se?alando que los indicadores econ¨®micos que justificar¨ªan la adopci¨®n de medidas de ese tipo no muestran una situaci¨®n preocupante.

Los datos de inflaci¨®n referidos a los primeros meses del a?o muestran un claro descenso respecto al mismo per¨ªodo del a?o anterior.