Un patrimonio moral

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha concluido el procedimiento de ejecuci¨®n de sentencia, mediante el que ser¨¢ fijada la indemnizaci¨®n debida por cierre ilegal del diario Madrid decretado por el Gobierno franquista el 25 de noviembre de 1971.Se dar¨¢ as¨ª cumplimiento a la sentencia de esa misma sala, de fecha 25 de octubre de 1976, reca¨ªda en el recurso contencioso-administrativo contra una resoluci¨®n del Consejo de Ministros de aquel r¨¦gimen de 7 de enero de 1972. Esa resoluci¨®n del Gobierno de El Pardo, invalidada por el Supremo, desestimaba el recurso de alzada contra la orden de cierre que dict¨® el Ministerio de Informaci¨®n y Turismo, regentado a la saz¨®n por Alfredo S¨¢nchez Bella. Con toda insolencia, despu¨¦s del solemne fallo judicial aqu¨ª referido, que declar¨® ilegal su acci¨®n, S¨¢nchez Bella, en la revista Blanco y Negro correspondiente al 10-16 de agosto de 1977, se declaraba orgulloso de su proceder y dispuesto, en plena exaltaci¨®n del desacato, a repetir su fechor¨ªa por la que no se le han exigido responsabilidades.

El tr¨¢mite de ejecuci¨®n de sentencia ha tenido un desarrollo accidentado. La vista se inici¨® el 20 de enero pasado, con asistencia de m¨¢s de 150 redactores y trabajadores del diario Madrid. El abogado de la empresa, Ram¨®n Pa¨ªs, expuso las bases de su demanda, que en aquella fecha ascend¨ªa a la cantidad de 3.644 millones de pesetas, donde se incluyen sumandos como el de gastos del exilio sufrido por Rafael Calvo Serer, presidente de la sociedad propietaria de Madrid, fijados en 40 millones de pesetas, y da?os morales -aflicciones, disgustos, marginaci¨®n social y conjunto de da?os morales sufridos como consecuencia de su enfrentamiento con el Gobierno, y da?os a su fama y honor como consecuencia del exilio sufridos por Rafael Calvo Serer- evaluados en 50 millones que se aducen justificados por notoriedad.

Aquel proceso de ejecuci¨®n de sentencia qued¨® en suspenso tras la intervenci¨®n del abogado del Estado, que argument¨® de forma memorable y aplic¨® en su oferta una dr¨¢stica rebaja hasta situar la indemnizaci¨®n en 70 millones de pesetas. El abogado del Estado aport¨® equivocadamente las declaraciones de la renta de un catedr¨¢tico ya fallecido, confundi¨¦ndole con uno de los abogados de Calvo Serer. En cuanto a los trabajadores del Madrid, que defendieron las libertades democr¨¢ticas y se encontraron en el paro, seg¨²n el representante de la Administraci¨®n, una vez proclamada la democracia han conseguido aquello por lo que luchaban y ninguna deuda queda con ellos. El abogado del Estado crey¨® reforzar su argumentaci¨®n aportando una prueba certifica da de la Secretar¨ªa de Estado para la Informaci¨®n en relaci¨®n con la plantilla de redactores del diario Madrid. Pero ese certificado vino a probar, por el contrario, que dos a?os despu¨¦s del cierre del diario s¨®lo dos redactores hab¨ªa conseguido trabajo fijo en alg¨²n medio informativo. Da empleo a los n¨¢ufragos del Madrid equival¨ªa, en aquellos tiempos dif¨ªciles, a granjearse las iras gubernamentales.

D¨ªas despu¨¦s hubo otro simulacro de terminar el proceso de ejecuci¨®n de sentencia, pero un oportuno certificado m¨¦dico par¨® de nuevo el reloj para que la empresa y la Administraci¨®n pudieran negociar un acuerdo. Fuentes cercanas al Gobierno, las ¨²nicas que han dado informaci¨®n a los trabajadores, afirman que los t¨¦rminos del pacto suponen la entrega de 600 millones, la asignaci¨®n de un edificio para la edici¨®n del peri¨®dico y la apertura de conversaciones para la concesi¨®n de cr¨¦ditos en las instituciones oficiales. Los trabajadores, que apostaron en la defensa de la libertad su ¨²nico patrimonio -el puesto de trabajo-, que no fueron aceptados como parte en el proceso por informe contrario del sindicato vertical, han recordado en recientes asambleas los compromisos pactados por la empresa y han reclamado su cumplimiento. Defraudarles ahora arruinar¨ªa el patrimonio moral acumulado con tanta generosidad.