S¨ªmbolos y pol¨ªtica en el Pa¨ªs Vasco

EL ENCUENTRO de Felipe Gonz¨¢lez y Carlos Garaicoetxea en el palacio de la Moncloa, celebrado el pasado jueves, coincidi¨® con los incidentes de Renter¨ªa, donde la actitud provocadora de Herri Batasuna se ali¨® con la torpeza del Gobernador Civil de Guip¨²zcoa, ideador de la rara astucia de infiltrar en una multitud festiva a una cincuentena de polic¨ªas nacionales, vestidos de paisano, pero enviados al lugar, provistos de porras y esposas, en acto de servicio. El clima de violencia en la ciudad guipuzcoana prosigui¨® a lo largo del viernes y dio lugar a la suspensi¨®n de las fiestas patronales. Para colmo de males, este tenso fin de semana se ha clausurado luctuosamente con el asesinato, en Vitoria, de un industrial a manos de ETA.La c¨ªclica repetici¨®n de frustraciones y desenga?os amenaza con cerrar cualquier salida a la pacificaci¨®n del Pa¨ªs Vasco, problema crucial para la estabilidad de nuestra convivencia democr¨¢tica. Los cr¨ªmenes terroristas son, a la vez, la causa directa de la escalada de la tensi¨®n y la consecuencia mediata de cuestiones pol¨ªticas no resueltas por las fuerzas democr¨¢ticas mediante la negociaci¨®n y el acuerdo.

En el terreno de la pol¨ªtica gubernamental en el Pa¨ªs Vasco, se echa de menos un mayor realismo en los enfoques globales sobre las relaciones entre la Administraci¨®n central y las instituciones vascas de autogobierno, as¨ª como un planteamiento original y audaz de los problemas de orden p¨²blico. Las conversaciones en el palacio de la Moncloa entre Gonz¨¢lez y Garaicoetxea concluyeron en un clima de desencanto. Hay algo del dej¨¤ vu freudiano en la comparaci¨®n entre la pol¨ªtica socialista durante estos primeros meses de mandato y la primera ¨¦poca de Adolfo Su¨¢rez. Guste o disguste, la autonom¨ªa vasca no es homologable con las comunidades artificialmente fabricadas por la v¨ªa del art¨ªculo 143. La consigna de caf¨¦ para todos es inaplicable, sea cual sea la ideolog¨ªa de los camareros instalados en el Gobierno. Tal vez la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA conceda la oportunidad para que las relaciones entre el Poder Ejecutivo y las instituciones vascas de autogobierno se muevan en un clima de negociaci¨®n y de realismo parecido al de la etapa en que se discuti¨® y aprob¨® el Estatuto de Guernica. En cualquier caso, el Gobierno de Vitoria no puede olvidar que casi el 30% del electorado de la comunidad aut¨®noma respalda a los socialistas y que el PNV representa s¨®lo a una tercera parte de los votantes -y a una cuarta parte del censo electoral- de las tres provincias.

En el ¨¢mbito del orden p¨²blico, las invocaciones del Gobierno socialista al principio de autoridad y su deseo de hacer buena letra para prevenir las eventuales cr¨ªticas de la derecha sobre el deterioro de la seguridad ciudadana han producido un retroceso respecto a la ¨¦poca del ministro Ros¨®n. Ser¨ªa injusto, sin embargo, afirmar que la dolorosa experiencia acumulada durante la transici¨®n sobre el orden p¨²blico en el Pa¨ªs Vasco haya sido in¨²til. Los sucesos ocurridos en Renter¨ªa son muy graves aunque no han alcanzado la inusitada dureza de los excesos policiales cometidos, en 1977 y 1978, en la propia Renter¨ªa, en Pamplona y en San Sebasti¨¢n. Pero el Ministerio del Interior del Gobierno socialista no ha extra¨ªdo de las equivocaciones del pasado las lecciones que le permitieran eludir errores similares en el presente. De esta forma, las medidas gubernamentales orientadas a restablecer el orden p¨²blico pueden convertirse en un factor de agravamiento del desorden que se pretende corregir. De sobra es conocida la responsabilidad que incumbe en este tipo de incidentes a grupos como Herri Batasuna. Pero esto no impide que al Gobierno se le pueda exigir, no s¨®lo congruencia entre los valores que proclama y la pol¨ªtica que practica, sino tambi¨¦n capacidad racional para analizar las situaciones y un comportamiento a la vez moral y eficaz. Desde este punto de vista, no parece propio de un Estado de Derecho que los miembros uniformados de un cuerpo de seguridad sean enviados a cumplir misiones de servicio en una concentraci¨®n vecinal disfrazados de paisano, armados con porras y organizados en pelotones. De ah¨ª a las bandas parapoliciales no queda mucho terreno por recorrer.

En los incidentes de Renter¨ªa ha desempe?ado un importante papel la decisi¨®n del Gobierno de hacer cumplir la normativa constitucional en el uso de la bandera. El art¨ªculo 4 de la Constituci¨®n establece que las banderas y ense?as de las comunidades aut¨®nomas "se utilizar¨¢n junto a la bandera de Espa?a en sus edificios p¨²blicos y en sus actos oficiales". Una ley de 28 de octubre de 1981 desarroll¨® ese precepto de manera detallada y un¨ªvoca. Para quienes respeten la legalidad constitucional, la guerra de las banderas, absurdamente desatada a partir de un incidente producido en Tolosa hace pocas semanas, es un puro desatino. Que concejales del PN-V y de Euskadiko Ezkerra cedan a los chanta es de Herri Batasuna y se opongan a que la bandera constitucional figure junto a la ikurri?a en el balc¨®n de los ayuntamientos es algo asombroso. Pero tambi¨¦n lo es que el Gobierno caiga una y otra vez en la provocaci¨®n.

Es necesario pedir al Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez, al Gobierno de Vitoria y a los partidos dem¨®cratas vascos que eviten el terreno minado y absurdo de un conflicto emocional sobre s¨ªmbolos y sustituyan las pujas electoralistas en torno a las banderas por la discusi¨®n sobre los grav¨ªsimos problemas reales que afectan al Pa¨ªs Vasco, sometido al dictado y al chantaje de una mafia organizada que extorsiona, roba y mata ante la pasividad, el miedo y la incapacidad de muchos de quienes sufren su agresi¨®n.