?Qui¨¦n teme a los padres?

Cualquier ley que desarrolle la Constituci¨®n en materia de ense?anza est¨¢ obligada a apuntar a un doble objetivo: integrar los dos sistemas escolares, el p¨²blico y el privado, que hemos heredado de una historia de clasismo y divisiones, y articular los derechos y libertades que la Constituci¨®n reconoce -fundamentalmente, el derecho a la educaci¨®n, la obligatoriedad de la ense?anza b¨¢sica y la libertad de ense?anza- de modo equitativo y eficaz.El art¨ªculo 27 de la Constituci¨®n fue uno de los logros de aquel consenso al que llegaron todos los partidos pol¨ªticos. Tras ¨¦l est¨¢n fuera de lugar las proclamas apocal¨ªpticas, sobre todo a prop¨®sito de asuntos en que se mezclan dinero y religi¨®n, majader¨ªas como la de la invasi¨®n de Checoslovaquia, los soviets, el totalitarismo y la secreta conspiraci¨®n para apoderarse de? alma de los ni?os, resultan simplemente grotescas. La ley org¨¢nica del Derecho a la Educaci¨®n (LODE), que est¨¢ a punto de discutirse en las Cortes, no es, jur¨ªdicamente, m¨¢s que una de las posibles articulaciones de los deberes, libertades y derechos reconocidos en la Constituci¨®n (e, indirectamente, en los pactos internacionales firmados por Espa?a): respeta escrupulosamente (m¨¢s no puede hacerse con ellas) todas las libertades fundamentales exigibles por los ciudadanos, ope constitutionis (como la libertad de ense?anza y sus derivaciones: libertad de establecer centros docentes, libertad de c¨¢tedra, libertad de elegir centro docente). Su superioridad sobre otras leyes reside en que desarrolla a los dem¨¢s derechos -incluida la ayuda de los poderes p¨²blicos a los centros docentes seg¨²n un elemental principio: emplear prioritariamente los recursos en hacer efectivo el derecho de todos a la educaci¨®n.

Participaci¨®n en el centro

La LODE parte de un modelo de escuela- p¨²blica basado en la programaci¨®n general y en la participaci¨®n. La programaci¨®n -en la que intervienen los interesados a trav¨¦s de consejos escolares de diversos niveles, desde el del Estado al del centro- es el ¨²nico modo actualmente eficaz de racionalizar un sistema educativo al .servicio de todos. Se acusa, por esto al proyecto de ley de estatalista. Pero si se lo compara con la ley de Centros, que deroga (sacada adelante con los votos del PNV y de CiU), resulta que reserva menos competencias que ella, tanto al Estado frente a las autonom¨ªas como a la Administraci¨®n en general frente al consejo escolar. En particular, los directores de los centros dejar¨¢n de ser nombrados para ser elegidos. La LODE ampl¨ªa, en efecto, la participaci¨®n de padres, profesores y alumnos en la gesti¨®n del centro, participaci¨®n que est¨¢ siendo ya el medio de transformar la escuela estatal centralizada, r¨ªgida y autoritaria, en una escuela p¨²blica, descentralizada, flexible y democr¨¢tica, capaz de conjuntar los esfuerzos educativos de familia y escuela. Los consejos escolares funcionan ya hace tiempo, legal y realmente, y con ¨¦xito notable. Aunque la LODE les de importantes competencias nuevas, no son tantas que vayan a convertirlos, como tambi¨¦n se ha dicho, en an¨¢rquicos soviets. Siempre que se trata de los centros p¨²blicos, las diferencias entre Gobierno y oposici¨®n no se refieren a principios b¨¢sicos. Tampoco, hay que decirlo, cuando se trata de los centros privados.

El principal conflicto se refiere a las condiciones para la financiaci¨®n p¨²blica ' de los centros priva dos. La LO.DE propone concertar su incorporaci¨®n a una red programada de centros gratuitos, incorporaci¨®n que depender¨¢ de las necesidades de escolarizaci¨®n que puedan - satisfacer. La oposici¨®n sigue manteniendo en este punto las mismas posturas que engendraron el actual sistema de subvenciones incontroladas y el fracaso de sus sucesivos proyectos de ley de Financiaci¨®n. Los Gobiernos de UCD sintieron una imperiosa urgencia por transformar en gratuitos m¨¢s del 90% de los antiguos colegios de pago; emplearon en ello hasta 80.000 millones de pesetas anuales a costa de incumplir todos los programas de inversi¨®n y dejar abandonados los centros p¨²blicos. El Grupo Popular sigue insistiendo en el cheque escolar, un sistema que no existe en parte alguna, porque, entre otras razones, exige un -tremendo despilfarro de recursos, pero que reviste de dignidad ideol¨®gica su concreto prop¨®sito program¨¢tico: financiar ante todo el funcionamiento de los actuales centros privados y la creaci¨®n de otros nuevos.

Entre quienes pretenden la de aparici¨®n de los centros privados los que aspiran a privatizar incluso los centros p¨²blicos, la LODE propone una utilizaci¨®n racional de todos los recursos disponibles para hacer efectivo el derecho b¨¢sico de todos a la educaci¨®n. Desde luego, resulta delicado ,conciliar la titularidad privada con a financiaci¨®n p¨²blica, y dil¨ªcil loprar que los centros privados no usen los recursos de todos para fines particulares no ya sectarios ) partidistas- Enfrentados a este problema, en Estados Unidos, por ejemplo, se ha llegado a considerar inconstitucional la financiai¨®n de escuelas confesionales. En todo caso, parece razonable exigir como contrapartida la exclusi¨®n de todo ¨¢nimo de lucro y de todo criterio discriminatorio de admisi¨®n, as¨ª como una distribuci¨®n de competencias entre titular y consejo, escolar an¨¢logas -no id¨¦nticas- a las de los centros p¨²blicos (como dice la Constituci¨®n), lo cual respeta la capacidad de gesti¨®n del titular y la de fijaci¨®n de los rasgos pedag¨®gicos, morales, organizativos, religiosos o deportivos que se consideren definitorios del car¨¢cter propio del centro.

La maldad de la LODE, seg¨²n algunos, es que reconoce este car¨¢cter propio ¨²ltimo s¨®lo de palabra, neg¨¢ndolo de hecho con la participaci¨®n. Esto dicen los mismos que, incomprensiblemente, confunden en una sola batalla la defensa de padres y titulares. Para quienes proclaman que el derecho a la educaci¨®n pertenece primariamente a la familia, debe ser amargo decirle que su misi¨®n se acaba con la elecci¨®n de tipo de educaci¨®n y de ideario, que en la puerta del colegio comienzan otros derechos que no son los suyos, los derechos de propiedad. En verdad, sorprende tanto temor a los padres entre quienes dicen defender sus derechos a elegir el tipo de educaci¨®n de sus hijos, aunque sea s¨®lo cuando otros se lo ofrezcan.