El Ministerio del Interior

LOS DOS ¨²ltimos atracos con homicidio cometidos en Madrid han sido, perpetrados con todas las dosis de brutalidad que comporta la criminalidad primitiva. Las airadas respuestas de los vecinos de las v¨ªctimas y el dolor contenido de sus familiares son reacciones l¨®gicas en quienes padecen directamente el grave deterioro de nuestra convivencia ciudadana. En Barcelona y otras grandes capitales espa?olas se vienen sucediendo dram¨¢ticos episodios de esta nueva cr¨®nica negra, que exige, frente al desbordamiento de la pasi¨®n, un esfuerzo de an¨¢lisis capaz de sugerir la aplicaci¨®n de soluciones eficaces. La inseguridad ciudadana y la delincuencia com¨²n en una sociedad democr¨¢tica, castigada con elevados niveles de paro, son cuestiones complejas que no aceptan recetas milagreras ni remedios voluntaristas.Desde hace meses, sectores reaccionarios de la sociedad espa?ola han utilizado el tema de la seguridad ciudadana como punta de lanza de una operaci¨®n pol¨ªtica contra el Gobierno constitucional. La irritaci¨®n, el temor y la c¨®lera de los ciudadanos han sido manipulados por la derecha autoritaria para combatir las reformas del C¨®digo Penal y la ley de Enjuiciamiento Criminal, medidas incluidas en el programa del partido triunfador en las elecciones y plenamente conformes con los principios constitucionales. Atribuir exclusiva o primordialmente el deterioro del orden a esa reforma legislativa es una maniobra reaccionaria que se inscribe en la l¨ªnea de quienes piensan que la pena de muerte o la aplicaci¨®n de la ley de fugas ser¨ªan los remedios adecuados para combatir la delincuencia. Otra cuesti¨®n diferente, sin embargo, ser¨ªa averiguar si nuestro ineficiente sistema de administraci¨®n de justicia, desde la polic¨ªa judicial hasta los tribunales, pasando por la instrucci¨®n de los sumarios y las actuaciones del ministerio fiscal, se halla en condiciones de aplicar una legislaci¨®n penal propia de una sociedad civilizada. La conclusi¨®n l¨®gica de ese debate ser¨ªa reformar los instrumentos administrativos que impiden poner en pr¨¢ctica la reforma legal, en vez de dar marcha atr¨¢s en la modernizaci¨®n de nuestro ordenamiento jur¨ªdico. No son las leyes, sino los servicios policiales y el aparato judicial encargados de aplicarlas, los que no est¨¢n a la altura de los tiempos.

Sin embargo, ese acoso sistematizado de la derecha autoritaria, que ha descubierto las posibilidades de explotar la demagogia a costa de un problema real ante el que la sociedad se halla altamente sensibilizada, no absuelve al Gobierno de sus responsabilidades, que corresponden en este terreno de forma preferente al Ministerio del Interior. Es un secreto a voces que el funcionamiento de los cuerpos de la seguridad ha empeorado en los ¨²ltimos 14 meses. Los malos resultados obtenidos en la defensa de la seguridad ciudadana demuestran claramente que el ministro Barrionuevo ha sido incapaz de imprimir a su departamento una direcci¨®n pol¨ªtica eficaz. La confusi¨®n de competencias, las predilecciones arbitrarias y las fobias injustificadas han generado rencillas sin cuento entre los distintos cuerpos de seguridad, que han dado lugar a espect¨¢culos tan grotescos como la pelea a pu?etazo limpio en una playa entre funcionarios del Cuerpo Superior y miembros de la Guardia Civil, mientras los contrabandistas escapaban.

El aparcamiento de la ley de Unificaci¨®n de los Cuerpos de Seguridad confirma la l¨ªnea titubeante del ministerio, impotente para solucionar los conflictos entre el Cuerpo Superior, la Polic¨ªa Nacional y la Guardia Civil. La aparici¨®n en televisi¨®n del ministro del Interior del Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez en el momento de entregar a su hom¨®logo brit¨¢nico la estatuilla de un guardia civil caus¨® probablemente menos asombro a los electores del PSOE -para los que la imagen del tricornio de Tejero es todav¨ªa demasiado expresiva- que sorpresa a los miembros del Cuerpo Superior de Polic¨ªa y la Polic¨ªa Nacional, convertidos en los patitos feos de las fuerzas de seguridad por Jos¨¦ Barrionuevo. Mientras el Gobierno socialista abdica de sus proyectos de reforma de la Benem¨¦rita, con arreglo a las necesidades de los tiempos, polic¨ªas eficaces y con probada capacidad para servir lealmente a un orden p¨²blico democr¨¢tico han sido relegados a servicios burocr¨¢ticos.

A lo largo de la historia de Espa?a, la soluci¨®n dada por diferentes reg¨ªmenes a los problemas de orden p¨²blico ha consistido -como ha demostrado de manera fehaciente el profesor Manuel Ballb¨¦ con una reciente investigaci¨®n- en la militarizaci¨®n del orden p¨²blico. La Constituci¨®n de 1978, sin embargo, cre¨® el marco legal para resolver ese viejo problema con garant¨ªas de ¨¦xito, sobre la base de que no es posible -hasta por la propia coherencia del sistema- confiar los problemas de la seguridad ciudadana a cuerpos militares, ni utilizar sistemas o m¨¦todos propios del mundo castrense para administrar el orden en el seno de una sociedad democr¨¢tica. Sin embargo, la actuaci¨®n del Gobierno en este campo parece convertirlo en ac¨¦rrimo defensor de la continuidad del viejo sistema.

La ¨²nica forma de romper el c¨ªrculo vicioso de las acusaciones mutuas entre polic¨ªas y jueces sobre el deterioro de la seguridad ciudadana ser¨ªa determinar las grandes l¨ªneas del funcionamiento del orden p¨²blico en una sociedad democr¨¢tica, dise?ar una pol¨ªtica policial adecuada y aplicar la competencia y la autoridad necesarias para llevarla a la pr¨¢ctica. El actual equipo pol¨ªtico del Ministerio del Interior ha demostrado sobradamente su incapacidad para hacer frente a ese reto. La sospecha, m¨¢s que fundada, de que las cr¨ªticas a esa desgraciada gesti¨®n tratan de ser paliadas con grotescos favores informativos -dispensados por los creadores de imagen del ministerio- a los medios que m¨¢s virulentamente atacan la pol¨ªtica global del Gobierno resulta del todo ominosa. Crucificar al ministro de Justicia desde cierta prensa para salvar a bombo y platillo al ministro encargado de la polic¨ªa, aut¨¦ntico responsable de la desmoralizaci¨®n de los cuerpos de seguridad y de la deficiente planificaci¨®n de la seguridad ciudadana, es una tonta argucia o una redomada estupidez. El orden p¨²blico se ha deteriorado fundamentalmente porque se ha deteriorado antes la direcci¨®n de la acci¨®n policial. Y esto se advierte en m¨²ltiples manifestaciones: desde el aluvi¨®n de escuchas telef¨®nicas incontroladas hasta la detenci¨®n -?qu¨¦ decir de la utilizaci¨®n por el Gobierno socialista del eufemismo retenci¨®n?- del dirigente comunista Enrique Curiel por sus "antecedentes policiales". ?Esperar¨¢ Felipe Gonz¨¢lez a que le detengan -o le retengan- sus propios subordinados por sus antecedentes anteriores a 1975 o se decidir¨¢ de una vez a poner orden en su propia casa para que mejore tambi¨¦n el orden en la calle?.