Una sentencia ejemplar

EN EL debate de ayer en la C¨¢mara de los Comunes, el ministro de Defensa Michael Heseltine ha repetido la tesis con la que el gobierno pretende justificar el hundimiento del Belgrano durante la guerra de las Malvinas; pero se ha atrincherado una vez m¨¢s detr¨¢s del secreto militar para no facilitar los datos que exig¨ªa la oposici¨®n laborista sobre las condiciones de dicho hundimiento. Es, m¨¢s, ha dedicado una parte de su discurso a atacar al funcionario de su ministerio, Clive Ponting, responsable de haber facilitado a un diputado laborista documentos secretos sobre ese tema. Esta actitud demuestra hasta que punto el gobierno de la se?ora Thatcher se ha sentido afectado por la sentencia que ha absuelto a dicho funcionario. Sin esta absoluci¨®n, probablemente el debate no hubiese sido posible, o hubiese sido muy diferente. El poder hubiese impuesto su ley: la culpabilidad del funcionario que hab¨ªa revelado documentos secretos hubiese encubierto los otros aspectos de la cuesti¨®n.La importancia de la sentencia consiste en que un jurado brit¨¢nico ha abierto una brecha en la ley de secretos oficiales, al absolver a un funcionario de Defensa procesado por haber comunicado datos protegidos a un miembro del Parlamento. El fondo de la cuesti¨®n es secundario, pero vale la pena recordarlo: durante la expedici¨®n a las Malvinas, los brit¨¢nicos hundieron el crucero argentino Belgrano: en ese momento hab¨ªa activas intervenciones para forzar una negociaci¨®n, y el Gobierno brit¨¢nico las hundi¨® simult¨¢neamente, de forma que la guerra prosigui¨® hasta la reconquista total del archipi¨¦lago, con la consiguiente p¨¦rdida de vidas humanas de los dos bandos y la imposibilidad de una soluci¨®n que hubiera podido ser imparcial. Una parte de la opini¨®n p¨²blica brit¨¢nica, personalizada en el diputado laborista Tam Dalyett, cree que el hundimiento fue premeditado e in¨²til, y que una negociaci¨®n hubiese sido positiva.

El Gobierno de Thatcher hizo una confesi¨®n de su mala conciencia con su actitud de ocultaci¨®n de datos y de enga?ar al Parlamento y a la opini¨®n p¨²blica. La duda de si negociar o guerrear podr¨ªa ser en aquel momento m¨¢s o menos favorable para el Reino Unido puede permanecer; lo que ahora no se puede mantener es que los datos de la situaci¨®n puedan haber sido enclaustrados apoy¨¢ndose en una ley de secretos. La absoluci¨®n del funcionario que facilit¨® esos documentos salta por encima de los matices de lealtad o deslealtad en el cumplimiento de su funci¨®n para llegar al centro de la cuesti¨®n: la invalidaci¨®n en un caso concreto de la ley de secretos oficiales.

Es especialmente significativo el hecho de que el procesamiento del funcionario se haya producido desde el poder y su absoluci¨®n la haya dado un jurado de 12 personas. Si la justicia brit¨¢nica pasa por ser una de las m¨¢s imparciales del mundo, una gran parte se lo debe a jueces de sentido com¨²n, pero otra muy importante a esa consagraci¨®n literal del sentido com¨²n que es la instituci¨®n del jurado. La capacidad de ¨¦ste, que ha sabido abstraerse de las enormes presiones del triunfalismo, del poder establecido y abundantemente elegido por la mayor¨ªa de la naci¨®n y de lo que se ha presentado como una causa nacional para llegar al fondo del debate y establecer una doctrina en contra del abuso de los secretos oficiales, es ejemplar. Supone la capacidad de una sociedad viva para enfrentarse con lo que aparece como una forma no democr¨¢tica del poder. La velocidad con que se trata de aislar a los presuntos responsables directos, como el ministro de Defensa o el fiscal general, salvando al primer ministro -"Estaba de vacaciones", ha dicho tontamente Thatcher-, revela parad¨®jicamente otra virtud que deb¨ªa cundir: el temor, la sensaci¨®n de fracaso de un Gobierno tan poderoso ante una manifestaci¨®n de la opini¨®n p¨²blica constituida por solamente 12 ciudadanos con sentido com¨²n y de su propia responsa bilidad.