Acuerdo entre el Gobierno vasco y las diputaciones sobre reparto de funciones

El Gobierno vasco y las diputaciones forales de la comunidad aut¨®noma han llegado a un acuerdo sobre redistribuci¨®n mutua de competencias de acuerdo con lo establecido en la Ley de Territorios Hist¨®ricos (LTH). Las interpretaciones divergentes sobre dicha ley fueron decisivas en la crisis institucional y pol¨ªtica que determin¨® el cese de Carlos Garaikoetxea como lendakari. Al firmar, el mi¨¦rcoles, los 45 decretos de transferencias en que se ha concretado el acuerdo, ambas partes expresaron su satisfacci¨®n por haber solventado en menos de cuatro semanas un problema que durante largos meses pareci¨® irresoluble.En opini¨®n del vicelendakari, Javier Garc¨ªa Egocheaga, que es a la vez presidente de la comisi¨®n mixta Gobierno-diputaciones, la "voluntad pol¨ªtica de las partes" ha facilitado el acuerdo. Es evidente que el cambio de filosof¨ªa inherente a la sustituci¨®n de Garaikoetxea por Jos¨¦ Antonio Ardanza ha posibilitado el entendimiento, pero dista de estar descartado que la pol¨¦mica de fondo sobre la posibilidad de que las diputaciones ejerciten su capacidad de actuaci¨®n sobre materias cuya titularidad corresponde al Gobierno, reaparezca en el debate de los presupuestos de unas y otra instituciones.

El acuerdo logrado implica el trasvase, en ambas direcciones, de m¨¢s de 4.500 funcionarios. El cap¨ªtulo m¨¢s importante corresponde a Sanidad, puesto que 2.894 trabajadores de dicho sector hasta ahora dependiente de las diputaciones pasar¨¢n a la n¨®mina del Gobierno aut¨®nomo. Ello podr¨ªa dar lugar a ciertas tensiones, dado que el acuerdo prev¨¦ el mantenimiento de la situaci¨®n laboral y salarial de los transferidos y, que existen fuertes diferencias salariales entre trabajadores de la misma categor¨ªa, seg¨²n pertenezcan a las diputaciones o al Gobierno vasco. Seg¨²n una informaci¨®n publicada en la revista nacionalista Euzkadi, los m¨¦dicos dependientes de las diputaciones perciben unos emolumentos de hasta el 240% superiores a los salarios de los dependientes del Gobierno regional.

Por otra parte, el pleno del Parlamento vasco aprob¨®, tras ocho meses de negociaci¨®n entre los diferentes grupos parlamentarios, el texto consensuado del proyecto de ley por el que se crea la instituci¨®n del Ararteko (literalmente, mediador), equivalente al Defensor del Pueblo.

El texto propuesto recoge la enmienda presentada en su d¨ªa por Euskadiko Ezkerra, por la que se exige una mayor¨ªa cualificada de tres quintos (45 diputados) para el nombramiento.

Como candidatos suenan el actual decano del Colegio de Abogados de Vizcaya y presidente de la comisi¨®n Pro-Derechos Humanos del Pa¨ªs Vasco, Juan Mar¨ªa Vidarte, independiente pr¨®ximo al PNV. Otros nombres citados son los del magistrado Juan Alberto Belloch, miembro destacado tambi¨¦n de la asociaci¨®n Pro-Derechos Humanos y de Jueces para la democracia; el del tambi¨¦n magistrado Adri¨¢n Celaya; el del abogado donostiarra Jos¨¦ Ram¨®n Recalde, antiguo director de Derechos Humanos del Consejo General Vasco; el del alcalde de Vitoria, Jos¨¦ ?ngel Cuerda; y el del diputado Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s de Euskadiko Ezkerra.