La Constituci¨®n y la autonom¨ªa catalana

JORDI PUJOL declar¨® recientemente en Madrid que "a Catalu?a se le est¨¢ quedando peligrosamente estrecha la autonom¨ªa", al tiempo que expon¨ªa algunas objeciones frontales a la aplicaci¨®n que se est¨¢ realizando del T¨ªtulo VIII de la Constituci¨®n. El presidente de la Generalitat aprovech¨® una cena coloquio de la Federaci¨®n de Casas Regionales y Provinciales para explicar el desconcierto de Catalu?a ante lo que considera un incumplimiento del pacto auton¨®mico con que se plante¨® -y fue posible- nuestro proceso democr¨¢tico.El mensaje no puede deslindarse de las graves dificultades financieras en que se halla inmersa la Generalitat, que afectan de modo especial a los servicios del sector sanitario. Pero no responde ¨²nicamente a esa circunstancia, que podr¨ªa ser m¨¢s o menos coyuntural. El palpable desacuerdo entre las Administraciones central y auton¨®mica -que se adereza con un cruce regular de recursos de anticonstitucionalidad- a prop¨®sito de la frontera de las respectivas competencias va acompa?ado de algo mucho m¨¢s importante y significativo: un sentimiento de agravio por parte de amplias capas de la ciudadan¨ªa de Catalu?a, independientemente de que Pujol exager¨¦ la cuota del problema que corresponde al Gobierno socialista. No se trata del recelo secular contra el viejo Estado centralista, sino de una nueva desconfianza contra la eficacia del modelo instaurado tras la muerte de Franco. Aunque Jordi Pujol no consiguiera hacer desaparecer -en un debate especial del Parlament- las dudas existentes sobre la eficacia de la gesti¨®n econ¨®mica de su Gabinete (tal y como ha subrayado el ministro Lluch la satisfacci¨®n de las reclamaciones econ¨®micas de la Sanidad catalana ni siquiera alcanzar¨ªa para cubrir una cuarta parte del d¨¦ficit), los socialistas tampoco han podido refutar las cifras que demuestran que los recortes de los recursos destinados a Catalu?a van m¨¢s all¨¢ de una distribuci¨®n arm¨®nica, entre todo el territorio espa?ol, de la necesaria austeridad.

Hay que recordar, sin embargo, que el nacionalismo catal¨¢n, encamado en gran parte por el partido y la persona de Pujol, tuvo un papel tan fundamental en la redacci¨®n del Estatuto de Sau y de ese mismo T¨ªtulo VIII de la Constituci¨®n como el de sus actuales adversarios socialistas. Entonces ni los unos ni los otros consiguieron evitar la imprecisi¨®n de la Carta Magna auton¨®mica de Catalu?a. Por el contrario, los acuerdos fueron valorados en aquellos tiempos como positivos para todos, y los negociadores catalanes, tanto convergentes como socialistas y comunistas, aceptaron que el Gobierno de UCD introdujera en su esta tuto unas cl¨¢usulas financieras que ahora consideran lesivas e indefinidas. Desde entonces tanto los gobernantes de UCD como los del PSOE han venido desarrollando, en nombre del pragmatismo, una pol¨ªtica cargada de recelos, cautelas y recortes respecto a las autonom¨ªas en general y de Catalu?a en particular, que desdice el esp¨ªritu con el que se formaliz¨® el pacto democr¨¢tico del Estado con las nacionalidades hist¨®ricas. Y esto es as¨ª hasta el punto de que, por ejemplo, en una cuesti¨®n tan fundamental para Catalu?a como es su lengua espec¨ªfica empieza a ser una llamativa constante que las diferencias de criterio ya no pasen por la frontera de las diferentes opciones partidistas, sino que separen en bloque a todos los representantes de mocr¨¢ticos en el Parlament (socialistas incluidos) del punto de vista del Gobierno central.

?ste es el trasfondo del ¨²ltimo recurso presentado por el Consejo de Ministros contra la ley catalana de la Funci¨®n P¨²blica, consensuada y aprobada por unanimidad en ¨¦l Parlament, que establec¨ªa la obligatoriedad de que los aspirantes a ser funcionarios en Catalu?a acreditasen un conocimiento, oral y escrito de la lengua catalana. En esta tensi¨®n, la situaci¨®n de los socialistas catalanes adquiere relieves que bordean la tragedia: los puntos de vista que suscriben en Barcelona son objeto de recurso por parte de quien gobierna con mayor¨ªa absoluta en Madrid gracias precisamente -entre otros- a sus votos (el PSC-PSOE fue mayoritario en Catalu?a en las legislativas de 1982). Ciertamente, la pr¨®xima consulta electoral permitir¨¢ conocer, con esta adici¨®n de vicisitudes, lo que piensan los ciudadanos de las cuatro provincias del Principado.