La trampa de la ley
En un pa¨ªs en que se consigue una m¨¢s eficaz e inmediata par¨¢lisis de cualquier servicio p¨²blico aplicando estrictamente el reglamento que convocando una huelga, ?qu¨¦ cabe decir sobre irregularidades administrativas? Todos los espa?oles saben que el cumplimiento de los reglamentos durante un solo d¨ªa supondr¨ªa un caos de tal envergadura en la Administraci¨®n p¨²blica que har¨ªa peligrar la supervivencia misma del Estado. M¨¢s a¨²n: estoy convencido de que si Bakunin -o cualquiera de los l¨ªderes hist¨®ricos del anarquismo vivieran hoy, no recomendar¨ªan la desobediencia civil, la acci¨®n directa o cualquier otra forma de rebeld¨ªa, sino, todo lo contrario, la sumisi¨®n escrupulosa, el fan¨¢tico acatamiento de la letra peque?a, la delectaci¨®n morosa en todos y cada uno de los apartados en los que se articulan las leyes, las normas, las ¨®rdenes, los oficios, etc¨¦tera. ?Cumplir el reglamento? ?Vaya bomba! Y si no que se lo pregunten a los controladores a¨¦reos: si van a la huelga, ya se sabe, aplicaci¨®n de los servicios m¨ªnimos, pero si, simplemente, se dedican a cumplir el reglamento...En lo que se refiere a los museos p¨²blicos espa?oles, el absurdo reglamentario bordea lo tragic¨®mico. De entrada, est¨¢n todos, o casi todos, fuera de la ley. Como lo saben muy bien las autoridades responsables, no tienen la posibilidad operativa de cumplirla. De hecho, si lo hicieran, tendr¨ªan que cerrar. ?Quieren un ejemplo al alcance de cualquiera? Pues c¨®janse la ley del Patrimonio, recientemente aprobada, y confronten las exigencias ordenancistas de su articulado con lo que ocurre con el museo p¨²blico de su ciudad y comprobar¨¢n, en seguida, que el Estado es incapaz de respetar la mayor¨ªa de las recomendaciones que demanda a los particulares.
?Qu¨¦ ocurre entonces? El desarrollo de la m¨¢s sofisticada t¨¦cnica para cubrir las apariencias, o lo que es lo mismo, sobre el convencimiento de la honradez b¨¢sica de la pr¨¢ctica totalidad del funcionariado de este sector, un hacer la vista gorda ante las mil irregularidades cotidianas en la esperanza de poder posteriormente embutirlas, como sea, en los r¨ªgidos l¨ªmites del articulado correspondiente.
Actividades
Por todo ello, aun desconociendo por el momento los resultados concretos de la auditor¨ªa realizada sobre los museos oficiales de nuestro pa¨ªs durante el per¨ªodo de 1978 a 1982, no me cabe la menor duda de que el c¨®mputo de las irregularidades administrativas detectadas est¨¢ en relaci¨®n directa con el mayor o menor n¨²mero de actividades que han llevado a cabo. L¨®gicamente, los m¨¢s afectados han tenido que ser el Museo del Prado y el Museo Espa?ol de Arte Contempor¨¢neo. Por contra, los que permanecen cerrados o no han desarrollado otra actividad que la de abrir sus puertas, ¨¦sos, seguro que salen indemnes. Para zanjar la cuesti¨®n no hay sino que reparar en una cuesti¨®n: el que fue director del MEAC durante el per¨ªodo auditado fue confirmado en su puesto por el actual Gobierno y permaneci¨® en ¨¦l hasta finales de noviembre de 1984, todav¨ªa no se ha cumplido el a?o desde entonces, fecha en la que fue cesado, al parecer, por haber incurrido en descortes¨ªa con el ministro de Cultura y no porque ¨¦ste estuviera muy disconforme con su gesti¨®n; el actual director del Prado fue subdirector del mismo entre 1971 y 1981, fecha en la que dimiti¨® por no estar de acuerdo con el nombramiento de Federico Sope?a, siendo entonces sustituido en el cargo por Manuela Mena, que sigue hoy en ese cargo.
En consecuencia, me inclino a pensar que los datos revelados en la presente auditor¨ªa ponen en cuesti¨®n sistemas m¨¢s que personas -unos sistemas que siguen vigentes en lo fundamental- y, como quiera que el personal directivo tampoco ha cambiado tanto, la ¨²nica consecuencia extra¨ªble es que sigue sin existir una pol¨ªtica de museos eficaz; esto es: que se contin¨²a a la deriva del arbitrismo pol¨ªtico de turno para cada vez hundirse m¨¢s.
Entre tanto, mientras se decreta la gratuidad de los museos, se anuncia la autonom¨ªa del Prado y se compra el palacio de Villahermosa por unos miles de mill¨®nes, la gerencia del mismo se dirige por carta a los medios especializados, declar¨¢ndose incapaz de seguir enviando los ejemplares de su bolet¨ªn con su car¨¢cter gratuito. O en unas recientes oposiciones al cuerpo de conservadores de museos, un tribunal formado por arque¨®logos debe juzgar la idoneidad de los aspirantes disertando sobre la transvanguardia. Claro, que ¨¦stas no son cosas que se recojan en una auditor¨ªa.
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