El debate del d¨¦ficit

CONFORME AVANZA el saneamiento de los desequilibrios b¨¢sicos de la econom¨ªa, espa?ola, conviene iniciar el debate sobre los destinos y extensi¨®n del d¨¦ficit p¨²blico, ayuno hasta ahora de contenidos. La necesidad de frenar el d¨¦ficit ha sido, durante estos ¨²ltimos a?os, un axioma que no necesitaba de demostraci¨®n. El d¨¦ficit p¨²blico era un mal en s¨ª mismo. Sin embargo, comienzan a o¨ªrse voces, algunas dentro de la propia Administraci¨®n, que consideran que el volumen del d¨¦ficit se encuentra en porcentajes del producto interior bruto parecidos a los del resto de los pa¨ªses de nuestro entorno.Hay una categor¨ªa de anatematizadores del d¨¦ficit que, desde el sentido com¨²n, defienden su control para evitar los abusos, las corrupciones y, sobre todo, la ineficacia en la gesti¨®n del sector p¨²blico. Es exigible a este grupo de personas que ahonde en las condiciones en que, a su parecer, disminuir¨ªa el desequilibrio financiero p¨²blico; es decir, si habr¨ªa que aumentar el peso de los impuestos, el orden de prioridades en la persecuci¨®n del fraude fiscal, si bajar¨ªan el sueldo de los funcionarios o disminuir¨ªan el empleo p¨²blico, si gastar¨ªan menos dinero del contribuyente en aviones o en escuelas, si dejar¨ªan que quebrasen los bancos ineficientes, etc¨¦tera. ?stas son las opciones que interesan al ciudadano y que aumentar¨ªan su participaci¨®n pol¨ªtica.

Pero trufados en este debate hay otros intereses que defienden la disminuci¨®n del. d¨¦ficit desde posturas ideol¨®gicas previas, que tambi¨¦n deben expresar su definici¨®n sobre qu¨¦ tipo de sociedad quieren bajo el equilibrio presupuestario. Espa?a es un pa¨ªs en el que determinados sectores empresariales denuncian la magnitud del d¨¦ficit, mientras que recogen las prebendas que el Presupuesto les proporciona. En un art¨ªculo publicado en EL PA?S (1 y 2 de julio), el profesor Julio Segura describe a quienes est¨¢n de acuerdo en que el sector p¨²blico pague dos billones por la crisis bancaria privada, desean que se haga cargo de los problemas financieros del sector el¨¦ctrico, demandan ayudas a la exportaci¨®n y a la inversi¨®n privadas y claman por la reducci¨®n de cuotas de la Seguridad Social y de los impuestos. Muchos de estos agentes se pronuncian p¨²blicamente en contra del d¨¦ficit, cuando lo que est¨¢n pidiendo, de hecho, es una ampliaci¨®n del mismo o una redistribuci¨®n a su favor y, por consiguiente, en contra de las funciones asistenciales.

El Banco de Espa?a ha terminado un informe -encargado en su d¨ªa por entonces ministro de Econom¨ªa y Hacienda, Miguel Boyer- en el que se eval¨²a, por primera vez, lo que cuesta la pol¨ªtica de intervenci¨®n estatal en el sector privado de la econom¨ªa: tres billones de pesetas de 1986, lo que significa casi el doble que el d¨¦ficit de las administraciones p¨²blicas del pasado ejercicio. Y ello no incluye el coste de la crisis bancaria (cercano a dos billones de pesetas) y las ayudas de las comunidades aut¨®nomas y de los municipios. El avance de este informe indica que los gastos estatales en ayudas directas por la v¨ªa de subvenciones o desgravaciones fiscales a las empresas (p¨²blicas y privadas) han pasado desde el 7,8% del PIB en 1979, a cerca del 10% durante 1986. Un reciente estudio de la Comisi¨®n Europea eval¨²a el promedio de tales ayudas en el ¨¢rea de la Comunidad en un promedio del 4% del PIB (excluyendo agricultura y construcci¨®n). El sector empresarial espa?ol est¨¢ mucho m¨¢s intervenido que en otros pa¨ªses occidentales, aun cuando el sector p¨²blico resulta comparativamente peque?o.

Del informe del Banco de Espa?a ¨²nicamente se conoce un peque?o avance. Ser¨ªa de utilidad p¨²blica su publicaci¨®n inmediata, no s¨®lo para que nuestros gobernantes conocieran, con la mayor exactitud posible, lo que cuesta cada medida que se toma en consideraci¨®n, sino para que se utilicen sus conclusiones ante la pr¨®xima concertaci¨®n social. El conocimiento de esta informaci¨®n sellar¨ªa la voz de muchas demagogias de uno y otro signo.