El juicio del 'caso del SIDA' de Bellvitge se centra en problemas burocr¨¢ticos y no en los afectados

El juicio iniciado ayer en la Audiencia de Barcelona contra los procesados por las transfusiones de sangre con SIDA realizadas en el hospital de Bellvitge entre octubre de 1986 y febrero de 1987 se centr¨® puramente en cuestiones de procedimiento administrativo del hospital, hasta el punto de que el resultado de la irregularidad dos parientes portadores del anticuerpo del virus del SIDA, apenas fue tratado. Tres de los doctores encausados sostuvieron que los responsables de la sanidad catalana sab¨ªan que el hospital no realizaba las pruebas para detectar el SIDA, incumpliendo una orden de la Generalitat, y el ex director del centro, el doctor Josep Maria Capdevila Mirabet, declin¨® cualquier responsabilidad en el citado incumplimiento.

En el juicio apenas se hizo referencia a los afectados por la actuaci¨®n del hospital, portadores del virus y que viven en vilo al no saber si desarrollar¨¢n o no la enfermedad. De hecho, cuatro de los encausados se limitaron a hablar del proceso administrativo del hospital en la tramitaci¨®n de un expediente que deb¨ªa dar v¨ªa libre a la compra de los reactivos necesarios para realizar la prueba de detecci¨®n del SIDA. El hecho es que ese expediente no se aprob¨®, los reactivos no fueron adquiridos, pese a que el centro ten¨ªa la obligaci¨®n de realizar los tests, y dos pacientes tratados en Bellvitge que recibieron transfusiones de sangre son actualmente portadores de anticuerpos del SIDA.Los perjudicados todav¨ªa no saber, si en un futuro llegar¨¢n a desarrollar la enfermedad, aunque el, criterio de los expertos en esta materia apunta a que pr¨¢cticamente la totalidad de los portadores de anticuerpos acaban sufriendo los efectos del s¨ªndrome.

Por la irregularidad cometida en el hospital fueron procesados quienes en el momento de los hechos ocupaban cargos de responsabilidad en Bellvitge: el director y el gerente del centro, Josep Maria Capdevila Mirabet y Fortunato Fr¨ªas, respectivamente. Se sentaron tambi¨¦n en el banquillo la responsable del banco de sangre de la residencia, doctora Carme Ferran, y los doctores del mismo servicio Antonio Rubi¨® Baget y Roberto Ram¨®n Sans. Con respecto a este ¨²ltimo, el fiscal retir¨® la acusaci¨®n, aunque debe ser juzgado porque la acusaci¨®n particular mantiene los cargos. Para los dem¨¢s, el fiscal Jos¨¦ Maria Mena solicita penas que oscilan entre un a?o de prisi¨®n y tres meses de arresto, en el caso del gerente, y un a?o de prisi¨®n y ocho meses de arresto para los dem¨¢s acusados. El fiscal. pide tambi¨¦n 10 millones de pesetas de indemnizaci¨®n para cada uno de los perjudicados por las lesiones ya ocasionadas y 15 millones de pesetas m¨¢s por si desarrollan el SIDA.

M¨¦dicos en la sala

El juicio por el llamado caso del SIDA ha levantado expectaci¨®n en la clase m¨¦dica, ya que se trata de la primera vista penal en Espa?a por un error de este tipo. Por ello, en la sala d¨®nde se celebr¨® el juicio hab¨ªa una considerable representaci¨®n de la profesi¨®n m¨¦dica, sobre todo de facultativos del hospital de Bellvitge.El ex director de Bellvitge, Josep Maria Capdevila Mirabet, insisti¨® en declinar una responsabilidad directa porque el centro no comprara los reactivos necesarios para practicar las pruebas del SIDA. El facultativo cont¨® que en julio de 1986 recibi¨® una carta de la responsable del banco de sangre, la doctora Carme Ferran, en la que le expon¨ªa la necesidad de practicar las pruebas del SIDA. "Yo fui el promotor del expediente administrativo para la compra del material", a?adi¨®. El expediente administrativo es un complejo tr¨¢mite burocr¨¢tico que, seg¨²n las declaraciones de los procesados, debe ser cumplimentado y aprobado como paso previo a la compra de lo solicitado. Sin embargo, el doctor Capdevila no supo explicar con claridad el motivo de que ese expediente no estuviese resuelto el 1 de noviembre el 1986, fecha de entrada en vigor de la ley, ni en diciembre, ni en enero y febrero de 1987.

Tanto Antonio Rubi¨® como Roberto Ram¨®n Sans sostuvieron que con anterioridad a la orden de la Generalitat ya hab¨ªan planteado la necesidad de realizar las pruebas. Cuando ya hab¨ªa entrado en vigor el decreto, los dos facultativos y la doctora Ferran insistieron en la necesidad de comprar los reactivos para realizar las pruebas. El expediente fue estudiado por la comisi¨®n de administraci¨®n del hospital, que resolvi¨® no autorizar la compra.

"En adminsitraci¨®n nos dijeron que el doctor Capdevila no daba la autorizaci¨®n", precis¨® Rubi¨®. Carme Ferran explic¨® que, antes de la efectividad del decreto, coment¨® la dificultad para comprar el material necesario a Enric Argelagu¨¦s, director del Programa de Donaci¨®n y Transfusi¨®n Sangu¨ªnea del Departamento de Sanidad de la Generalitat. "Me dijo que no me preocupase", a?adi¨® Ferran. Rubi¨® afirm¨® que Argelagu¨¨s tuvo conocimiento de que no se realizaban las pruebas en otras dos ocasiones.

Ferran, al ver sus peticiones deso¨ªdas, se entrevist¨® en enero de 1987 con Jaume Bergued¨¢, subdirector del Instituto Catal¨¢n de la Salud (ICS), quien 1,3 contest¨® que lo hiciera constar en el acta hospitalaria. El 26 de febrero del mismo a?o, en reuni¨®n con los m¨¢ximos responsables del hospital, Carme Ferran coment¨® que una periodista de EL PA?S le hab¨ªa preguntado sobre la cuesti¨®n. "La reuni¨®n se interrumpi¨® y al d¨ªa siguiente el doctor Capdevila dio la orden de cesar las transfusiones".