?Autodeterminaci¨®n o codeterminaci¨®n?

El debate sobre la autodeterminaci¨®n se produce unos 10 a?os despu¨¦s de ponerse en marcha el nuevo Estado de las autonom¨ªas, siguiendo las previsiones constitucionales y tras aprobarse los diferentes estatutos de autonom¨ªa. Podr¨ªamos, pues, aventurar que esa pol¨¦mica se origina en una valoraci¨®n cr¨ªtica de lo que ha sido esta d¨¦cada de pr¨¢ctica auton¨®mica. Desde algunas posiciones, como las representadas por la coalici¨®n CiU, se menciona expl¨ªcitamente la insatisfacci¨®n por 10 a?os de autogobierno, protagonizados en Catalu?a por esa misma coalici¨®n, como la causa inmediata de una estrategia de replanteamiento del marco del acuerdo entre el Estado y las comunidades aut¨®nomas, sancionado por el texto constitucional y las leyes estatutarias.La evaluaci¨®n de esos 10 a?os no parece propiciar ese tipo de planteamientos. Las autonom¨ªas de todo el Estado, y especialmente las autonom¨ªas catalana y vasca, han logrado en ese per¨ªodo pasar de la nada institucional a formar parte del paisaje pol¨ªtico y administrativo no solamente del Estado, sino de Europa, con una presencia significativa en el entramado regional europeo. Las comunidades aut¨®nomas, sobre todo las enmarcadas en el art¨ªculo 151 o las que disponen de transferencias especiales, aseguran buena parte de las prestaciones y servicios que reciben los ciudadanos. En esos a?os se ha consolidado un personal pol¨ªtico y administrativo propio y espec¨ªfico, que ha contribuido, junto con el desarrollo org¨¢nico espec¨ªfico, a una notable institucionalizaci¨®n de la mayor¨ªa de comunidades aut¨®nomas o, al menos, de las m¨¢s significativas.

A pesar de todo ello, y de que ese balance resulta del todo in¨¦dito y excepcional en una historia contempor¨¢nea marcada por un centralismo inmisericorde, la sensaci¨®n que predomina en una parte de la opini¨®n p¨²blica y de las fuerzas pol¨ªticas en Catalu?a o el Pa¨ªs Vasco es de insatisfacci¨®n. Elementos para ello no les faltan, al acumularse los conflictos con el Estado, al vaciarse algunas competencias v¨ªa Bruselas-Madrid o al constatar una notable permanencia de las resistencias o incompresiones de los aparatos administrativos centrales. Todo ello hace que el balance de esos 10 a?os permita hablar al mismo tiempo de consolidaci¨®n del Estado, de las autonom¨ªas y de transici¨®n hacia un equilibrio de signo distinto.

La autodeterminaci¨®n surge entonces como remedio m¨¢gico que reabrir¨ªa el proceso de negociaci¨®n global con la Administraci¨®n central, en el que, blandiendo esquemas maximalistas y amagando posibles radicalizaciones, se obtendr¨ªan mayores cuotas de poder pol¨ªtico y econ¨®mico. La respuesta desde el centro del sistema es de incomprensi¨®n y cerraz¨®n, cuando no de apelaci¨®n a principios fundamentales e intocables. En realidad, detr¨¢s de unas u otras posiciones se esconden diferentes perspectivas evaluadoras, diferentes fotos sobre lo que cada uno piensa que ser¨ªa lo deseable.

Al producirse la transici¨®n democr¨¢tica en Espa?a y abrirse el proceso constituyente confluyeron diversos planteamientos sobre el esquema de distribuci¨®n territorial de poderes. Para unos, aqu¨¦lla era la ocasi¨®n esperada para resolver uno de los contenciosos hist¨®ricos m¨¢s constantes y recurrentes de nuestra historia moderna y contempor¨¢nea. El dise?o constitucional reconoci¨® la realidad plurinacional espa?ola y estableci¨® unas bases relativamente flexibles para englobar distintas sensibilidades auton¨®micas. Se quiso tambi¨¦n aprovechar la ocasi¨®n para racionalizar m¨¢s el funcionamiento del Estado, descentralizando el aparato administrativo y abriendo la estructura de poder. Ello implic¨® la generalizaci¨®n del proceso auton¨®mico y el desarme de la acusaci¨®n de favoritismo o excepcionalidad que pod¨ªa haber provocado una f¨®rmula menos generalizable. La contrapartida ha sido la sensaci¨®n de incomodidad de unos y otros, sobre todo tras una lectura del texto constitucional que parece permitir pocas flexibilidades o tratamientos diferenciados de realidades territoriales, sociales o econ¨®micas que son, en cambio, muy distintas.

Por otra parte, desde posiciones preocupadas por la l¨®gica interna del sistema jur¨ªdico, se ha postulado repetidamente la necesidad de acabar con las ambig¨¹edades o defectos del texto constitucional, y se ha defendido la necesaria homogeneizaci¨®n del sistema. Se habla de disfunciones, de patolog¨ªas, cuando lo que hay son diferentes utilizaciones de potenciales de autonom¨ªa muy parecidos. La culpa de esas pr¨¢cticas distintas no la tienen las normas, sino esa tremenda diferenciaci¨®n social, cultural y econ¨®mica que se da entre las 17 autonom¨ªas.

El hablar ahora de autodeterminaci¨®n o el responder a ello con la sagrada unidad de la patria no es s¨®lo equivocarse totalmente de perspectiva y de enfermedad, es equivocarse de enfermo. El enfermo no es la Constituci¨®n o los distintos estatutos. Mantener esas posiciones contribuir¨¢ a aumentar las dificultades de gobernabilidad del sistema, potenciando los atavismos centralistas y una mayor conflictividad en el complejo mundo de las relaciones intergubernamentales. El enfermo es la falta de comunicaci¨®n y de negociaci¨®n pol¨ªtica entre las distintas instancias de gobierno, y ese enfermo es de mal curar por la v¨ªa de cargar a las normas lo que es responsabilidad de los pol¨ªticos. Vivimos en un mundo en el que cada vez m¨¢s predominar¨¢ el entrecruzamiento de responsabilidades y poderes. S¨®lo es posible gobernar ya en y desde la fragmentaci¨®n, desde el solapamiento y el ejercicio simult¨¢neo de competencias.

No puede sostenerse por m¨¢s tiempo una visi¨®n de la relaci¨®n entre instancias de gobierno que la ve como un juego de suma cero, en el que lo que gana un contrincante lo pierde otro. El juego real es un juego de interdependencias constantes, en el que se dan soluciones de suma positiva para muchos de los participantes. Atrincherarse en posiciones formales o de principio s¨®lo conducir¨¢ a una mayor judicalizaci¨®n del sistema y no permitir¨¢ entrar en un terreno de codeterminaci¨®n, de corresponsabilidad, que puede ser menos rentable a corto plazo, pero que, sin duda, proporciona mayores cuotas de poder real y mayores capacidades de prestaci¨®n de servicio a los ciudadanos. es profesor de Ciencias Pol¨ªticas de la universidad Aut¨®noma de Barcelona.