El consenso econ¨®mico

El acercamiento entre socialistas y convergentes dificilmente puede explicarse desde una ¨®ptica estrictamente pol¨ªtica. En el horizonte del corto y el medio plazo se perfila la negociaci¨®n de dos reformas fundamentales del ¨¢mbito econ¨®mico que han de influir en varias legislaciones parlamentarias: la ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas F¨ªsicas (IRPF) y el nuevo modelo de financiaci¨®n auton¨®mica. Si la primera viene obligada por la evidente obsolescencia de la actual normativa tributarla, la segunda ha de servir para consolidar el Estado de las autonom¨ªas.Ambas son cuestiones de Estado, y al Gobierno de la Generalitat no se le escapa que el logro de una reforma por medio del consenso puede serle mucho m¨¢s beneficiosa que a trav¨¦s de los mecanismos de las mayor¨ªas y las minor¨ªas parlamentarias. Los mensajes lanzados por los m¨¢s destacados l¨ªderes de CiU en las ¨²ltimas semanas han aludido repetidamente a la necesidad de lograr ese consenso. Un mensaje que coincide con el llamamiento efectuado por el ministro de Econom¨ªa, Carlos Solchaga, en uno de los m¨¢s prestigios foros del mundo econ¨®mico catal¨¢n: los Debates Costa Brava. El pasado 24 de marzo, en Lloret de Mar, Solchaga se refiri¨® ante 400 empresarios, economistas y profesores catalanes a la necesidad de "crear entre todos un cambio cultural en empresas, sindicatos y asalariados" para alcanzar con ¨¦xito la plena integraci¨®n de Espa?a en la Comunidad Europea". Un llamamiento al consenso social y econ¨®mico que tres d¨ªas despu¨¦s har¨ªa de forma m¨¢s expl¨ªcita en el Congreso de los Diputados.

El Gobierno catal¨¢n ha recogido el guante de ese pacto, con la esperanza de plasmarlo en las nuevas leyes del IRPF y de financlaci¨®n auton¨®mica. La nueva ley tributaria est¨¢ ya pr¨¢cticamente ultimada, y deber¨¢ ser debatida pr¨®ximamente en las Cortes. La reforma fiscal viene forzada por dos aspectos diferenciados: por un lado, las sentencias de los tribunales contrarias a Hacienda respecto de la tributaci¨®n separada o conjunta de las familias y la propia antig¨¹edad de la normativa, creada por el Gobierno de Uni¨®n de Centro Democr¨¢tico en un momento pol¨ªtico y econ¨®mico absolutamente distinto del actual; y por otro, la necesidad de armonizar la ley espa?ola con las normativas comunitarias, con vistas al Mercado ¨²nico Europeo de 1993.

Equidad regional

El conseller de Econom¨ªa y Finanzas de la Generalitat, Macl¨¢ Alavedra, un hombre bien relacionado con sus opositores socialistas, ha dado ya su punto de vista sobre cu¨¢les deber¨ªan ser, a su entender, los ejes de la nueva imposici¨®n: la pol¨ªtica fiscal se deber¨ªa utilizar no s¨®lo como elemento recaudador, sino como un instrumento de pol¨ªtica econ¨®mica, de tal forma que puedan desgravar todas aquellas inversiones que signifiquen innovaci¨®n, que las tributaciones sobre plusval¨ªas no sean tratadas ¨²nicamente como beneficios empresariales, que favorezca la salida a bolsa de las empresas medianas y que fomente el ahorro familiar.

Pero si el consenso parece necesario en materia fiscal, lo es mucho m¨¢s en la nueva ley de financiaci¨®n auton¨®mica, que deber¨¢ entrar en vigor el 1 de enero de 1992. La reciente reforma del Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial (FCI) ha dejado bien claro que la equidad regional a trav¨¦s de la redistribuci¨®n presupuestaria es uno de los objetivos del Gobierno. El logro de un consenso en este asunto ha permitido a la Generalitat no perder todo lo que habr¨ªa perdido si la modificaci¨®n del FCI se hubiera realizado en funci¨®n de la opini¨®n mayoritaria de los representantes de las comunidades aut¨®nomas. A juicio de Alavedra, el objetivo de la reforma del actual sistema es mejorar la financiaci¨®n auton¨®mica y obtener una igualdad de servicios entre comunidades, partiendo de criterios de pesetas por habitante, en lugar de aplicar el sistema del coste efectivo de los servicios traspasados a las comunidades y de criterios redistributivos. El Gobierno de la Generalitat considera que no basta con disponer de determinadas partidas para gestionar ¨¢reas concretas.

Ante la imposibilidad pol¨ªtica de alcanzar el ideal del sistema vasco de cupos, su objetivo es lograr no s¨®lo m¨¢s dinero en cada ejercicio, sino mayor autonom¨ªa de gesti¨®n. Para ello, Alavedra no ha dudado en reclamar que las comunidades asuman el coste pol¨ªtico de recaudar, es decir, de ejercer un papel siempre ingrato y poco rentable electoralmente. Pero s¨®lo si aquello que recauden -una parte del IRPF o una parte del IVA- puede ser gestionado / invertido por cada Gobierno aut¨®nomo en los sectores que juzgue conveniente.

Alavedra afirma: "Es evidente que para nosotros autonom¨ªa pol¨ªtica quiere decir autonom¨ªa financiera y quiere decir participaci¨®n en la fiscalidad. Y la rnanera de participar es algo que hoy por hoy yo dejo muy abierto precisamente porque hay un objetivo pol¨ªtico prioritario: intentar encontrar un consenso" en torno a la futura ley.