Chile, en suspenso

Los chilenos viven d¨ªas de desvelo con la lectura del contundente informe de la Comisi¨®n Rettig, grupo de prestigiosas personalidades al cual el presidente Aylwin encarg¨® investigar los delitos con consecuencia de muerte o desaparici¨®n de personas cometidos durante el r¨¦gimen militar de Pinochet. Resulta conmovedor el recuento de los 2.279 casos que toca el informe, aun cuando ¨¦stos constituyen s¨®lo la punta del iceberg de todo lo ocurrido en 17 a?os de dictadura, si se considera que todav¨ªa hay muchos casos de ejecutados que no se consignan en ning¨²n balance y que tampoco se registran aqu¨ª tantas otras formas de represi¨®n que, como la tortura y el exilio, fueron ejercidas diariamente por el Gobierno pinochetista.Pr¨¢cticamente todos los sectores pol¨ªticos y sociales chilenos han asumido con inter¨¦s las conclusiones de la Comisi¨®n Rettig, reconociendo que los horribles hechos all¨ª consignados son indesmentibles y consecuentes con una pol¨ªtica de exterminio y de violaci¨®n sistem¨¢tica de los derechos humanos. El informe es lapidarlo, incluso, cuando le imputa a la DINA y la CNI la ejecuci¨®n de la mayor¨ªa de los delitos y, por ende, le asigna a Pinochet -el creador y cabeza m¨¢xima de aquellos servicios secretos- la autor¨ªa intelectual de estos cr¨ªmenes considerados de lesa humanidad. Sin embargo, contrariando el prop¨®sito de reconciliaci¨®n que anim¨® al nuevo Gobierno al crear esta comisi¨®n investigadora, la verdad oficial que hoy llega a los chilenos m¨¢s bien ha provocado un sentimiento popular de indignaci¨®n e impotencia. Al mismo tiempo, es evidente que ha dejado al desnudo las febles bases en las que se funda la tradici¨®n democr¨¢tica chilena.

En un brillante y emotivo discurso, el presidente Aylwin pidi¨® perd¨®n a las v¨ªctimas por la culpa que tuvo el Estado en la acci¨®n de tantos delitos, pero no se anim¨® a exigirle a Pinochet siquiera la renuncia a su cargo de comandante en jefe del Ej¨¦rcito. Asimismo, aunque enrostra severamente a los tribunales sus faltas y omisiones en desmedro de la Justicia, tampoco propuso la, derogaci¨®n de la Ley de Amnist¨ªa vigente, mediante la cual est¨¢ asegurada la impunidad de la. mayor¨ªa de estos cr¨ªmenes.

La lectura del informe efectivamente est¨¢ animando las demandas de justicia m¨¢s que de reconciliaci¨®n, al tiempo que se abren de nuevo en la sociedad chilena una serie de heridas que parec¨ªan cicatrizarse. El Ej¨¦rcito, acorralado por la verdad, vuelve a asumir una acci¨®n desafiante y de solidaridad con su comandante en jefe, al grado que entra en pol¨¦mica p¨²blica con el partidosocialista y con la prensa que agita las banderas del castigo a los culpables. Una reacci¨®n mucho m¨¢s templada, sin embargo, han adoptado los marinos, aviadores y carabineros, cuyas instituciones han recibido con solemnidad el informe y asumen, en general, su responsabilidad.

Malestar en la derecha

Del lado de la derecha, si bien nadie ha justificado las violaciones contra los derechos humanos, la verdad es que no agradan mucho estos informes o las pesquisas judiciales para un esclarecimiento mayor de los hechos y los culpables. No hay duda de que en estos procesos pudieran verse comprometidos no pocos de sus dirigentes pol¨ªticos que entonces sirvieron como ministros o funcionarios de estrecha relaci¨®n con Pinochet. A manera de doblar luego tan ingrata p¨¢gina se explica la buena disposici¨®n de los dos partidos de oposici¨®n para discutir y aprobar a la mayor brevedad posible todas las iniciativas que el Gobierno leproponga al Parlamento para reparar materialmente a los familiares de las v¨ªctimas. Pero no hay ning¨²n pol¨ªtico de este sector que se haya sumado a la demanda de otros partidos y organizaciones sociales por la renuncia de Pinochet, la derogaci¨®n de la Ley de Amnist¨ªa y una reforma severa del poder judicial.

En el otro extremo del arco iris pol¨ªtico chileno, la frustraci¨®n cunde al comprobarse las limitaciones claras que tiene el r¨¦gimen de transici¨®n para por lo menos exonerar de los cargos p¨²blicos a los principales autores de la represi¨®n. Esta situaci¨®n se hace todav¨ªa m¨¢s pat¨¦tica cuando al cumplir un a?o la Administraci¨®n de Aylwin todav¨ªa permanecen en las c¨¢rceles decenas de presos pol¨ªticos de la dictadura. Ciertamente que este flagrante y absurdo contraste puede abrir paso a nuevos episodios de violencia, como el homicidio que hace algunos d¨ªas termin¨® con la vida de un m¨¦dico del Ej¨¦rcito que colabor¨® con la tortura.

Quiz¨¢ los que mantienen mayor confianza en el informe Rettig y en la posibilidad de que loscr¨ªmenes de la dictadura no queden impunes sean las organizaciones pol¨ªticas m¨¢s moderadas. Llama la atenci¨®n la vehemencia demostrada por los j¨®venes democristianos, del partido del presidente Aylwin, en su campana por la depuraci¨®n del poder judicial. Este hostigamiento a los altos magistrados ha llevado al m¨¢ximo tribunal a advertir p¨²blicamente que en Chile vuelve a estar "en peligro la estabilidad institucional", sentencia que recuerda la de la misma corte antes del golpe militar de 1973.

Esta grave acusaci¨®n, sumada a la rebeld¨ªa de Pinochet y el Ej¨¦rcito, y a esos sensacionalistas augurios de la prensa de derecha que amenazan otra vez con el caos y la acci¨®n del extremismo, caen como un balde de agua fr¨ªa para los chilenos que conf¨ªaban en la consolidaci¨®n r¨¢pida de su proceso democr¨¢tico.

Por ahora, el informe Rettig est¨¢ provocando controversia, indignaci¨®n, temores y otros sentimientos encontrados con la armon¨ªa social. Por otro lado, junto a la n¨®mina de los muertos y desaparecidos por la dictadura, el pa¨ªs quiere poner ahora la de los millones de chilenos torturados, exillados y perseguidos de tantas otras formas. Todos ellos tambi¨¦n se merecen una verdad oficial, as¨ª como una consecuente reparaci¨®n moral o material por parte de un Estado que por fin se reconoce culpable, pero que al mismo tiempo sigue en connivencia con los m¨¢s crueles verdugos de la sociedad chilena.