De sentido com¨²n

HAY DECISIONES que al ser tomadas a destiempo corren el riesgo de perder su virtualidad. Eso puede sucederle al pronunciamiento adoptado por el Partido Popular (PP) a favor de la dimisi¨®n del alcalde de Burgos, Jos¨¦ Mar¨ªa Pe?a, cuatro d¨ªas despu¨¦s de producida su condena por un delito continuado de prevaricaci¨®n y otro de revelaci¨®n de secretos. Sin duda, el apoyo obstinado a un alcalde condenado por un tribunal de justicia por actos atentatorios al recto ejercicio de sus funciones p¨²blicas estaba tan fuera de l¨®gica que la decisi¨®n, aunque tard¨ªa, del PP de retirarle su confianza constituye una sabia rectificaci¨®n. Pero la falta de reflejos y la sensaci¨®n de que el paso dado no ha sido espont¨¢neo, sino producto de las m¨¢s variadas presiones, neutralizan en gran medida los efectos beneficiosos -pol¨ªticos y de imagen- que se hubieran derivado de una reacci¨®n inmediata y contundente.Lo ocurrido en el seno del PP en las 96 horas transcurridas desde el viernes de la pasada semana, en que Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, su m¨¢ximo dirigente, manifest¨® su apoyo al alcalde condenado, al lunes de la actual, en que decidi¨® pedir su dimisi¨®n, es algo que no desvela el comunicado que da cuenta de la rectificaci¨®n. Sin duda, a lo sucedido hay que atribuirle una trascendencia pol¨ªtica indudable, de efectos posiblemente retardados, si se tiene en cuenta la fuerte divisi¨®n de opiniones provocada por la condena en la c¨²pula dirigente del PP. Lo que ha trascendido es que la en un principio tolerante actitud del l¨ªder del PP, producto seguramente de su mejor conocimiento de la situaci¨®n derivado de la ¨¦poca en que ejerci¨® responsabilidades pol¨ªticas en Castilla y Le¨®n, no ha podido finalmente ser mantenida ante la opini¨®n en contra de significados miembros de la direcci¨®n.

A la postre, lo que se ha impuesto en el PP es la convicci¨®n de que lo que estaba en juego era algo mucho m¨¢s importante que una alcald¨ªa. ?C¨®mo compaginar la complacencia ante un caso de conducta prevaricadora de uno de su cargos p¨²blicos, evidenciada por un tribunal de justicia tras un juicio con todas las garant¨ªas, con la estrategia anticorrupci¨®n que constituye la punta de lanza de la alternativa pol¨ªtica que presentan al electorado? Sin duda, la contradicci¨®n era tan flagrante que hubiera resultado imposible mantenerla por mucho tiempo sin riesgo de enfrentamientos en el seno del partido y de desconcierto en una parte sustancial de su electorado.

La cuesti¨®n es si la rectificaci¨®n de su tibieza inicial le va a bastar al PP para recuperar la credibilidad de su mensaje regeneracionista, y a su l¨ªder, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, para recomponer la titubeante imagen . que ha mostrado ante el desafio de la sentencia de Burgos. ?C¨®mo no mantener prevenciones frente a la sinceridad del discurso moralizador de un partido que ante un caso demostrado de corrupci¨®n en su entorno duda de si hay que condenarlo o pasarlo por alto?

Cuando se lee el relato de hechos probados de la sentencia, sintetizados en la puesta del poder pol¨ªtico del edil condenado, y de algunos concejales, al servicio de los intereses del constructor Antonio M¨¦ndez Pozo, causa extra?eza que el PP haya necesitado cuatro d¨ªas para pedir su dimisi¨®n. Como es incomprensible que pretenda p¨²blicamente minimizar estos hechos, caracterizados por la prevaricaci¨®n continuada, la revelaci¨®n privilegiada de secretos y la- falsedad en documentos p¨²blicos y privados, con la descabellada hip¨®tesis de que no han causado da?o a terceros. Adem¨¢s de a los querellantes -empresarios, asociaciones de vecinos y organizaciones sindicales-, es obvio que han causado un perjuicio evidente a los intereses generales de Burgos en la medida en que han beneficiado ilegalmente a un determinado contructor.