Cambio clim¨¢tico: la posici¨®n de Espa?a

El problema del cambio clim¨¢tico ha sido una de las cuestiones m¨¢s pol¨¦micas de la Cumbre de R¨ªo de Janeiro y que m¨¢s inter¨¦s e inquietud ha despertado en la opini¨®n p¨²blica de las naciones desarrolladas.La posici¨®n espa?ola frente a este problema ha sido objeto de cr¨ªticas de ecologistas y sindicatos. Estas cr¨ªticas argumentan que Espa?a ha adoptado una actitud que impide, dentro de la Comunidad Europea, medidas eficaces e innovadoras; como la implantaci¨®n del impuesto ecol¨®gico, cerrando as¨ª las v¨ªas para abordar el problema del cambio clim¨¢tico.

Creo, al contrario, que la posici¨®n del Gobierno espa?ol sobre el cambio clim¨¢tico es una postura inequ¨ªvoca, coherente y de una l¨®gica que no resulta dif¨ªcil de entender, pero que exige seguramente una mayor explicaci¨®n.

El cambio clim¨¢tico se produce, seg¨²n teor¨ªas cuya evidencia cient¨ªfica todav¨ªa se discute, como consecuencia de la acumulaci¨®n en la atm¨®sfera de los llamados gases de efecto invernadero (fundamentalmente, CO2, metano y ¨®xidos de nitr¨®geno), generando una especie de escudo que impide la reflexi¨®n de los rayos solares, y provoca un aumento progresivo de la temperatura de la Tierra.

Par¨¢detener este proceso ser¨ªa necesario limitar la emisi¨®n CO2, que proviene fundamentalmente de la producci¨®n de electricidad t¨¦rmica y del transporte autom¨®vil.

Como el fen¨®meno afecta al conjunto del planeta, una reducci¨®n de emisiones en un pa¨ªs ser¨ªa in¨²til si otros no hacen lo mismo. Se trata de un problema global, que s¨®lo puede ser resuelto entre todos, porque la atm¨®sfera es una e indivisible. En consecuencia, el Gobierno espa?ol ha impulsado la adopci¨®n de medidas a nivel internacional y comunitario para repartir equitativamente las capacidades de emisi¨®n, de forma que se reconozca la distinta responsabilidad de cada uno de los pa¨ªses en la generaci¨®n del problema que se pretende corregir. Lo contrario ser¨ªa, en mi opini¨®n, olvidar la m¨¢s elemental exigencia de equidad frente a los pa¨ªses en desarrollo.

En efecto, la acumulaci¨®n en la atm¨®sfera de CO2 -el principal gas de efecto invernadero- es responsabilidad, en su mayor parte, del mundo industrializado, que genera actualmente el 43% de las emisiones mundiales de CO2.

Desarrollo y emisiones

Los pa¨ªses en desarrollo generan s¨®lo un tercio de las emisiones, pero las aumenta a un ritmo m¨¢s veloz, lo que provocar¨¢ en el futuro un cambio radical en la distribuci¨®n mundial de dichas emisiones.

Se estima as¨ª que los pa¨ªses de la OCDE, responsables en 1985 de aproximadamente el 50% de las emisiones, s¨®lo lo ser¨¢n del 25% a mediados del siglo XXI, si no se modifican las tendencias actuales. En cambio, aumentar¨¢ el peso de las emisiones de China, India, los pa¨ªses del este de Europa y de la antigua URSS, si ¨¦stos son capaces de crecer a un ritmo superior a la media mundial.

La participaci¨®n de China en el total de las emisiones, por ejemplo, se triplicar¨ªa, pasando del 10% actual hasta un valoren torno al 30%. Pero actualmente China emite 0,6 toneladas de carbono por habitante y a?o (t/ h / a), y Estados Unidos, 5,7 t / h / a. La responsabilidad de unos y de otros ser¨ªa mucho m¨¢s diferente a¨²n si contabiliz¨¢semos el efecto acumulado de las emisiones en el ¨²ltimo siglo, que es m¨¢s significativo que el flujo actual.

El significado de estas cifras es bastante claro: si existe un problema de cambio clim¨¢tico provocado por la acci¨®n humana, es necesario implicar en su soluci¨®n a todos los pa¨ªses, industriales y en desarrollo. Pero ser¨ªa inaceptable hacerlo a costa de cortar las posibilidades de desarrollo de los menos desarrollados, neg¨¢ndoseles la posibilidad de acceder a los niveles de bienestar del que otros pa¨ªses disfrutan desde hace varias d¨¦cadas y que es precisamente la causa del problema.

No s¨®lo ser¨ªa injusto, sino tambi¨¦n ineficaz para luchar contra el cambio clim¨¢tico a trav¨¦s de la colaboraci¨®n internacional, porque dificilmente pueden alcanzarse acuerdos de los que todos se benefician, pero cuyos costes se reparten de forma muy desequilibrada entre las partes.

Por todo ello, Espa?a ha mantenido que un elemento indispensable en la estrategia frente al cambio clim¨¢tico es el reconocimiento de una responsabilidad compartida, pero diferenciada, asumiendo los pa¨ªses m¨¢s industrializados una responsabilidad mayor de este problema global porque lo han causado en mucha mayor medida.

En este sentido, los pa¨ªses de la CEE, y con ellos Espa?a, decidieron adoptar en 1990 una posici¨®n avanzada y de liderazgo sobre el resto de los pa¨ªses industriales: nos comprometimos de forma unilateral a estabilizar las emisiones globales del CO, en el conjunto de la CEE en el a?o 2000, en el nivel alcanzado en 1990.

Con la adopci¨®n de este compromiso, la CEE pretendi¨® mostrar su inequ¨ªvoca voluntad pol¨ªtica de abordar el problema del cambio clim¨¢tico. Y ello, a pesar de que su contribuci¨®n al total de las emisiones mundiales de anh¨ªdrido carb¨®nico s¨®lo es el 13%, muy inferior al 22% de Estados Unidos.

Y ello, a pesar de las incertidumbres que a¨²n existe¨¢sobre la aut¨¦ntica naturaleza y dimensi¨®n del problema al que nos enfrentamos y, en consecuencia, sobre los distintos costes y beneficios de las medidas para abordarlo.

Las investigaciones realizadas indican que la acumulaci¨®n en la atm¨®sfera de gases con efecto invernadero provocar¨¢ en el pr¨®ximo siglo -sin poderse precisar cu¨¢ndo, tal vez en un plazo inferior a 50 a?os- un aumento significativo de la temperatura media del planeta.. Pero su magnitud no se sabe con exactitud, pudiendo oscilar entre 1,5 y 4,5 grados cent¨ªgrados. Ello podr¨ªa provocar la desaparici¨®n de bosques y otros ecosistemas, el deshielo de los casquetes polares y una subida del nivel del mar que podr¨ªa inundar extensas superficies en todo el planeta. Se comprende as¨ª, ante este riesgo, la preocupaci¨®n manifestada en R¨ªo por pa¨ªses como Mauricio, aunque las consecuencias ser¨ªan graves para todos.

Otras investigaciones parecen indicar una menor gravedad e inminencia de estos fen¨®menos. Por esta raz¨®n, hay quienes han defendido, como l¨ªnea de acci¨®n m¨¢s conveniente, continuar con los estudios e investigaciones sobre el tema, sin emprender ajustes destinados a reducir las emisiones de CO2 hasta no tener una idea bastante m¨¢s precisa sobre la aut¨¦ntica dimensi¨®n del problema.

El riesgo existe

La opini¨®n general manifestada en R¨ªo es que este comportamiento ser¨ªa poco responsable porque, aunque hoy no seamos capaces de saber cu¨¢n grande es, el riesgo existe, y las consecuencias del cambio clim¨¢tico pueden ser graves y pudieran no dejar tiempo para reaccionar cuando se manifiesten.

Por ello la mayor¨ªa de los pa¨ªses, y Espa?a entre ellos, proponen estrategias no negret, aplicando medidas tendentes a estabilizar y reducir las emisiones y que tengan tambi¨¦n consecuencias positivas sobre el ahorro y la eficiencia energ¨¦tica. Dicho con otras palabras, la mejor alternativa es suscribir una p¨®liza de seguro frente al riesgo de cambio clim¨¢tico, repartiendo su coste de forma equitativa entre todos los que compartimos el riesgo.

?Pero c¨®mo hacerlo?

Nuestra posici¨®n ha sido clara: si las emisiones de CO2 son un recurso limitado, hay que repartir capacidades de emisi¨®n per c¨¢pita, de forma que no produzcamos entre todos m¨¢s de las que entendamos tolerables.

En este sentido, conviene recordar que el compromiso de estabilizaci¨®n de las emisiones de CO2 adoptado por la CE en 1990 se estableci¨® a nivel global, admiti¨¦ndose la posibilidad de que Estados miembros, como Espa?a, con menores niveles de desarrollo y menores niveles de emisiones per c¨¢pita, pudieran continuar aument¨¢ndolas hasta el a?o 2000, mientras que otros deben disminuirlas. Conviene saber que las emisiones de CO2 en Espa?a son de 1,3 toneladas de carbono por h/ a, y en la muy ecol¨®gica Dinamarca, 3,2, o en Alemania, 3 t/h/a, de forma que a¨²n disminuyendo ellos un 25% y nosotros aumentando un 25% todav¨ªa tendr¨ªan una responsabilidad instant¨¢nea mucho mayor que la nuestra. Y ello sin referirnos, como deber¨ªamos, a la responsabilidad acumulada.

Lo mismo se produce, de forma mucho m¨¢s extrema, a nivel internacional. No se le puede pedir a Bangladesh que en adelante congele sus emisiones de CO2 a sus niveles actuales, casi despreciables (0,1 t/h/a), mientras que Estados Unidos contin¨²en lanzando a la atm¨®sfera 5,7 t/h/a.

Si se trata de repartir cantidades, hay que repartir cantidades y fijarse objetivos realistas. El recurso a mecanismos de precios puede ser necesario, incluso conveniente, pero es dudoso que sea el procedimiento m¨¢s adecuado, o que sea m¨ªnimamente efectivo en los plazos previstos.

Espa?a no descarta la posibilidad de aplicar mecanismos impositivos u otras medidas econ¨®micas como parte de la estrategia comunitaria frente al cambio clim¨¢tico. Al contrario, creo personalmente que la fiscalidad de la energ¨ªa como sistema de determinaci¨®n de precios finales debe ser profundamente revisada desde una perspectiva de desarrollo sostenible. El actual modelo fiscal de la energ¨ªa no tiene m¨¢s l¨®gica que la de su ra¨ªz hist¨®rica asociada al monopolio de carburantes l¨ªquidos y no toma en consideraci¨®n los efectos, externos producidos por las distintas formas de energ¨ªa ni los costes a largo plazo de los recursos no renovables que consumen. Una adecuada fiscalidad indirecta es un precioso instrumento para una estrategia de desarrollo sostenible, modificando el comportamiento de los agentes econ¨®micos y favoreciendo la aplicaci¨®n de nuevas tecnolog¨ªas de ahorro y producci¨®n energ¨¦tica.

Pero la propuesta impositiva que se ha avanzado informalmente para su discusi¨®n en la CEE y que grava a partes iguales el contenido energ¨¦tico y el contenido en CO2 de las distintas fuentes de energ¨ªa plantea en Espa?a una serie de objeciones.

En primer lugar, porque no resulta aceptable desde un punto de vista ecol¨®gico que energ¨ªas con consecuencias tan diferentes para el medio ambiente como son la energ¨ªa hidroel¨¦ctrica o la energ¨ªa nuclear reciban, sin embargo, la misma penalizaci¨®n fiscal.

En segundo lugar, porque hay que analizar bien, y a ello estar pos dispuestos, su eficacia y sus efectos sobre las econom¨ªas de cada pa¨ªs, puesto que el objetivo no es pagar la energ¨ªa m¨¢s cara, sino racionalizar su uso y reducir emisiones, debiendo analizarse cuidadosamente las relaciones causa/efecto entre ambas cuestiones.

En tercer lugar, porque no es muy razonable aplicar un impuesto al consumo de carb¨®n y al mismo tiempo gastar enormes cantidades de recursos subvencionando su uso.

Pero, sobre todo, es dif¨ªcil aceptar que gravar las emisiones de CO2 pueda ser una medida capaz de tener en cuenta la diferente responsabilidad de los pa¨ªses en la acumulaci¨®n de gases en la atm¨®sfera. Habr¨ªa que aplicar, cosa que no se ha propuesto, tipos impositivos muy distintos para cada pa¨ªs. En todo caso, m¨¢s que un impuesto sobre los flujos de emisiones har¨ªa falta gravar los stocks acumulados en el pasado o las desviaciones con respecto a la media comunitaria de las emisiones de cada pa¨ªs. Esto es lo que queremos discutir, sin que nuestros socios m¨¢s desarrollados, grandes consumidores de energ¨ªa. f¨®sil y tres veces m¨¢s contaminadores que nosotros, tengan inter¨¦s en hacerlo. Bien est¨¢ que defiendan sus intereses, pero que no nos den gato por liebre d¨¢ndonos lecciones de ecolog¨ªa que se corresponden mal con la realidad.

El 'impuesto verde'

En suma, Espa?a ha defendido la conveniencia de estudiar con mayor profundidad el llamado impuesto verde, que adem¨¢s no es ni mucho menos la ¨²nica v¨ªa para abordar el problema del cambio clim¨¢tico, sin que ello sirva de excusa para eludir el necesario reparto de capacidades de emisi¨®n.

Hay adem¨¢s otro tipo de medidas que pueden tener una gran eficacia desde un punto de vista medioambiental, pero que ni siquiera se han considerado. Una de ellas es el establecimiento de un mercado de derecho de emisi¨®n, del que ya existen algunas experiencias en Estados Unidos, como han propuesto en R¨ªo algunos economistas de la India. Esta alternativa tampoco est¨¢ exenta de problemas de naturaleza t¨¦cnica o pol¨ªtica, pues exigir¨ªa asignar a cada pa¨ªs unos derechos para emitir una determinada cantidad de CO2, que luego se podr¨ªan intercambiar entre s¨ª a trav¨¦s del pago de un precio. Este tipo de plantamientos podr¨ªa aportar, si de verdad se quisiera, una poderos¨ªsima contribuci¨®n al problema del desarrollo y el medio ambiente, desde una perspectiva que combine la equidad y la eficacia.

Si se concediese a cada ser humano el derecho de emitir 1,3 toneladas de carbono al a?o (el nivel espa?ol), se fijase un precio de 25 d¨®lares por el derecho a emitir una tonelada de carb¨®n y los pa¨ªses ricos compraran los derechos a emitir que los pa¨ªses menos desarrollados no usan, se originar¨ªa un flujo de 70.000 millones de d¨®lares en los pa¨ªses ricos a los pobres. Ello equivaldr¨ªa a duplicar la actual ayuda al desarrollo mundial.

?ste es el verdadero debate. Un debate apasionante y complejo, porque en ¨¦l se sintetizan, m¨¢s que nunca, las grandes opciones que definir¨¢n nuestro modo de vida y lo que entendemos por bienestar y solidaridad.