El Consorcio de Realojamiento debe readmitir a los 32 despedidos

El Juzgado de lo Social n¨²mero 1 ha dado un varapalo al Consorcio para el Realojamiento de la Poblaci¨®n Marginada y a su comit¨¦ de empresa, con mayor¨ªa de CCOO, por el despido de 32 empleados en una regulaci¨®n efectuada en julio, que afect¨® al 33% de su plantilla de 99 trabajadores.La magistrada Ana Fern¨¢ndez Valenti ha fallado que este organismo p¨²blico, integrado por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, debe readmitir a estos empleados, que, seg¨²n la sentencia, "han visto violada su libertad sindical".

Los despedidos, todos independientes y de UGT menos un afiliado a CC OO, impugnaron su expulsi¨®n alegando que se les hab¨ªa incluido en la lista por no pertenecer a Comisiones y a la Asociaci¨®n Desarrollo Gitano.

Seg¨²n ellos, "el comit¨¦ de empresa -formado por tres miembros de CC OO y dos de UGT dio al gerente del Consorcio, entonces reci¨¦n nombrado, una lista de trabajadores a no despedir, que coincid¨ªa con los afiliados a CCOO, con una parte de los afiliados a UGT, los miembros del comit¨¦ de empresa y sus. amigos".

Los puestos de trabajo suprimidos son: 4 coordinadores, un asesor, 3 trabajadores sociales, 15 maestros, 3 educadores-animadores, 3 administrativos y 1 botones.

El gerente de este organismo, Julio Fern¨¢ndez Mato, no pudo ser localizado ayer por este peri¨®dico. El presidente del comit¨¦ de empresa, Gabriel Mart¨ªnez, niega que se haya tenido en cuenta ninguna afiliaci¨®n para los despidos. "Para empezar, nosotros no fuimos quienes confeccionamos la lista, simplemente tuvimos que firmar 32 despidos porque d¨ªas antes se hablaba de echar al doble", explica.

Ninguna firma m¨¢s

"La disyuntiva era: mantener el programa del Consorcio y aceptar los despidos o ver c¨®mo las instituciones dejaban de mantener este organismo", a?ade Mart¨ªnez.

"No vamos a firmar ning¨²n otro expediente porque el Ayuntamiento y la Comunidad no han cumplido lo acordado, falta por poner el dinero para los realojamientos", concluye. El comit¨¦ se plantea emprender acciones legales contra la acusaci¨®n de discriminaci¨®n sindical.

La sentencia obliga al Consorcio a reponer a los afectados a su situaci¨®n anterior a la firma del acuerdo entre la direcci¨®n y el comit¨¦ de empresa para la regulaci¨®n.

Y, adem¨¢s, deben ser indemnizados por los da?os causados. La regulaci¨®n fue exigida por el Ayuntamiento y la Comunidad, que costean esta entidad, dedicada al realojamiento de chabolistas y al trabajo social en los asentamientos.