Con o sin atenuantes

LA EXPERIENCIA indica que tanto el Plan de Empleo Rural (PER) como los que le precedieron -y casi cualquier sistema de subsidio rural imaginable- se prestan al fraude, por una parte, y a la exculpaci¨®n del mismo en nombre de consideraciones humanitarias, por otra. La justicia debe pasar por su cedazo los casos denunciados. Podr¨¢, en su caso, apreciar circunstancias atenuantes y hasta eximentes, pero nunca convalidar el delito y amparar la impunidad. El asunto ha vuelto a plantearse con motivo del juicio, iniciado ayer en Granada, contra 28 jornaleros acusados de estafa por haber cobrado indebidamente el subsidio, y el ex alcalde de la localidad granadina de Padul, acusado de haber facilitado ese fraude certificando trabajos no realizados.El PER, como antes el Plan de Empleo Comunitario, aspira a compaginar la concesi¨®n de subsidios a los trabajadores del campo de las zonas m¨¢s deprimidas con la exigencia de un esfuerzo por parte de los beneficiarios en la b¨²squeda de trabajo. El objetivo es evitar su acomodo a la situaci¨®n de parados permanentes. A tal fin, se estableci¨® que para poder percibir el subsidio -de unas 220.000 pesetas anuales- los beneficiarios tendr¨ªan que demostrar haber trabajado al menos 60 jornadas anuales, bien en el campo, al servicio de particulares, bien en trabajos de infraestructuras, relacionados con el medio ambiente, etc¨¦tera. Los alcaldes est¨¢n capacitados para firmar los trabajos de este tipo realizados.

El sistema se presta a producir efectos perversos. Por una parte, se da la paradoja de que son excluidos de la ayuda las personas que en teor¨ªa m¨¢s la necesitan: aquellas que ni siquiera pueden trabajar el equivalente a dos meses al a?o; pero esa circunstancia constituye una coartada para que la autoridad municipal administre pol¨ªticamente -de manera clientelar- su facultad para certificar esas jornadas. Ello no significa necesariamente que tal cosa ocurra, pero s¨ª que las circunstancias favorecen comportamientos fraudulentos. Tambi¨¦n se han dado casos de personas contratadas por salarios inferiores al m¨ªnimo a cambio de obtener del patr¨®n las ansiadas firmas.

Los 28 jornaleros ahora juzgados son una peque?a parte de los 400 que en su d¨ªa se autoinculparon de haberse beneficiado de las falsas certificaciones del alcalde (el cual, por su parte, ampli¨® la cifra a 1.400). La investigaci¨®n ha revelado que las circunstancias econ¨®micas y familiares de los supuestos beneficiarios distan de ser homog¨¦neas. Y si en alg¨²n caso puede hablarse de estado de necesidad, tal consideraci¨®n es manifiestamente inadecuada en otros, a juzgar por los testimonios aducidos por el fiscal. Corresponde al juez -y no a los pol¨ªticos que acudieron al juicio para respaldar a los procesados y dejarse ver en estas v¨ªsperas electorales- sopesar esas circunstancias.