Dictamen a medias

ERA PREVISIBLE que las conclusiones de la comisi¨®n Rold¨¢n coincidieran en lo jur¨ªdico (responsabilidades penales e irregularidades administrativas) y fueran divergentes en lo pol¨ªtico (alcance de las responsabilidades). En el escenario de la comisi¨®n tambi¨¦n se ha dibujado la l¨ªnea divisoria que hoy separa a las fuerzas pol¨ªticas del arcoparlamentario: de un lado, PSOE, Convergencia i Uni¨®, Partido Nacionalista Vasco y Coalici¨®n Canaria; de otro, Partido Popular, Izquierda Unida y Grupo Mixto.?Quiere ello decir que las conclusiones de la comisi¨®n han estado condicionadas por la estrategia global que cada uno de estos grupos pol¨ªticos mantiene frente a la acci¨®n del Gobierno? Parece obvio que s¨ª, aunque habr¨ªa sido deseable que estas posturas previas se hubieran atemperado lo m¨¢s posible a la realidad de los hechos investigados y a la l¨®gica de las soluciones consideradas m¨¢s eficaces para sancionarlos y erradicarlos. Pese a ello, no puede negarse que el trabajo realizado por los integrantes de la comisi¨®n Rold¨¢n responde en un tanto por ciento muy elevado a la tarea que se les encomend¨®.

Se dijo en un principio que el ¨¦xito de la comisi¨®n depend¨ªa de la voluntad pol¨ªtica de sus miembros para vencer resistencias, as¨ª como de su capacidad para desmontar obst¨¢culos legales de aparente consistencia. Las resistencias, de existir, han sido vencidas: los comisionados han tenido acceso a los documentos y testimonios necesarios para. su labor de investigaci¨®n. Y tampoco se han encontrado con ning¨²n impedirnento legalmente insuperable para seguir el rastro del mal uso de los fondos reservados sin necesidad de poner en cuesti¨®n su car¨¢cter secreto.

En lo jur¨ªdico no ha habido duda alguna sobre la existencia de indicios de criminalidad en la gesti¨®n presupuestaria y administrativa de Luis Rold¨¢n durante su mandato al frente de la Guardia Civil, as¨ª como en la actuaci¨®n de otras personas. Tampoco la ha habido en cuanto a la comprobaci¨®n de %nsuficiencias objetivas" en los sistemas de gesti¨®n y control que facilitaron tales comportamientos irregulares y presuntamente delictivos. La remisi¨®n de tales indicios debidamente documentados al juzgado que instruye el proceso penal contra Rold¨¢n cumple una de las funciones propias de las comisiones parlamentarias de investigaci¨®n: colaborar con la justicia en aquello que pueda ser constitutivo de delito. Tambi¨¦n lo es se?alar las lagunas e insuficiencias normativas que facilitan la vulneraci¨®n de las leyes y llamar la atenci¨®n del legislativo para que ponga remedio.

Pero la un¨¢nimidad y el consenso se han roto en la funci¨®n m¨¢s espec¨ªfica y ardua que compete a las comisiones de investigaci¨®n: la exigencia de responsabilidades pol¨ªticas. No puede decirse que en este aspecto capital los comisionados hayan acertado. Unos (el bloque formado por PSOE, CiU, PNV y Coalici¨®n Canaria) se han quedado cortos, y otros (PP, IU) se han pasado. Se han quedado cortos los primeros porque, tras reconocer impl¨ªcitamente que las dimisiones de los ex ministros Corcuera y Asunci¨®n est¨¢n relacionadas con la aceptaci¨®n de responsabilidades pol¨ªticas por el caso Rold¨¢n, se han abstenido de exigirlas expl¨ªcitamente. Y se han pasado los segundos porque en su af¨¢n de extender las responsabilidades pol¨ªticas al m¨¢s alto nivel (en una especie de moci¨®n de censura subrepticia) quieren implicar directamente al presidente del Gobierno.

El dictamen oficial de la comisi¨®n, as¨ª como las enmiendas particulares, todav¨ªa deber¨¢ ser debatido por el Pleno del Congreso. Hay tiempo, pues, de perfilar un poco m¨¢s las conclusiones que finalmente se adopten en cuanto a las responsabilidades pol¨ªticas. Puede admitirse, como tesis m¨¢s acorde con la naturaleza de los hechos y con la ubicaci¨®n que tiene la Direcci¨®n General de la Guardia Civil en el organigrama admistrativo, que estas responsabilidades se limiten al Ministerio del Interior. Pero a condici¨®n de que se determinen y se exijan de forma inequ¨ªvoca. Ser¨ªa rid¨ªculo que el pr¨®fugo Rold¨¢n fuera el ¨²nico responsable pol¨ªtico, adem¨¢s de serlo presuntamente tambi¨¦n penal, de todas las fechor¨ªas que se le imputan durante su prolongado mandato al frente de la Guardia Civil.