El voto contra los ilegales en California destapa el caos migratorio en M¨¦xico
"En lugar de ver millones de mexicanos cruzando la frontera estadounidense veremos millones de productos". As¨ª describ¨ªa hace tiempo el presidente de M¨¦xico, Carlos Salinas de Gortari, los efectos bals¨¢micos del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canad¨¢. Hoy, cuando los ciudadanos de California se disponen a votar la llamada Propuesta 187, que pretende decidir el futuro de m¨¢s de 700.000 mexicanos indocumentados, esas palabras resuenen como un eco cargado de iron¨ªa. La pol¨¦mica sobre la inmigracion ilegal en Estados Unidos ha destapado para los mexicanos la dimensi¨®n real del fen¨®meno, oculto bajo los discursos desarrollistas.
El pasado 1 de enero, cuando entr¨® en vigor del TLC, los mexicanos estrenaban la sensaci¨®n de estar por fin, codo a codo, con el socio rico del Norte. Ahora, las banderas gringas se queman ante la Embajada de Estados Unidos en la capital del pa¨ªs.Entre 1.000 y 2.000 mexicanos tratan cada d¨ªa de cruzar ilegalmente la frontera por la ciudad de Tijuana, en el Estado de Baja California, seg¨²n la polic¨ªa fronteriza estadounidense. En 1989, Estados Unidos devolvi¨® a 873.000 mexicanos. Este a?o las repatriaciones sobrepasan el mill¨®n. En la pasada d¨¦cada, casi tres millones de mexicanos emigraron a Estados Unidos.
A pesar de su dimensi¨®n, el problema s¨®lo parec¨ªa existir en M¨¦xico para algunas organizaciones humanitarias. La puesta en marcha, en octubre, de dos campa?as para reforzar la vigilancia fronteriza por parte estadounidense encendieron la luz de alarma. Bautizadas de forma muy ilustrativa, la Operaci¨®n Guardi¨¢n en Baja California, y la Operaci¨®n Salvaguarda, en Arizona, eran la prolongaci¨®n de la Operaci¨®n Bloqueo, abierta hace un a?o en Tejas. Las detenciones de clandestinos aumentaron al mismo tiempo que las denuncias contra los agentes fronterizos por malos tratos.
Y por fin lleg¨® la 187, una propuesta contra la inmigraci¨®n ilegal que el gobernador de California, Pete Wilson, ha enarbolado para garantizar su reelecci¨®n. La iniciativa pretende impulsar la salida de los dos millones de indocumentados de este Estado, impidiendo su acceso a los servicios educativos y sanitarios de que disfrutan y que costean con sus impuestos los californianos legales.
El documento ha dado en la l¨ªnea de flotaci¨®n del agudo nacionalismo mexicano. Pol¨ªticos, intelectuales y comentaristas han denunciado la xenofobia y el racismo que transpiran los vecinos de arriba. La guerra de cifras ha comenzado. Puede que sea cierto, escriben los analistas que los indocumentados cuesten a California 3.000 millones de d¨®lares al a?o, (375.000 millones de pesetas), pero aportan el 15% de su Producto Interior Bruto.
La cuesti¨®n lleg¨® hasta el informe presidencial presentado el pasado 1 de noviembre. "M¨¦xico seguir¨¢ defendiendo los derechos laborales y humanos de sus trabajadores", dijo Salinas ante la C¨¢mara de Diputados. Fue una de las escasas frases que fren¨® la lluvia de abucheos que ca¨ªa sobre el presidente y levant¨® los aplausos de todos los legisladores.
Una respuesta menos un¨¢nime tuvo la Operaci¨®n Dignidad, una campa?a de boicoteo contra los comercios fronterizos estadounidenses puesta en marcha por diversas organizaciones mexicanas. Los sueldos de este pa¨ªs son demasiado bajos y las ofertas de las tiendas del otro lado de la frontera demasiado tentadoras como para dejarse vencer por simbolismos solidarios.
La repulsa que ha despertado la propuesta 187 no ha impedido las cr¨ªticas a la joya del sexenio salinista: su pol¨ªtica econ¨®mica neoliberal. Una vi?eta en un diario mexicano mostraba a Pete Wilson justificando su iniciativa: "Pero si esta idea de restringir los servicios sociales a los mexicanos la tomamos del mismo Gobierno mexicano".
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