Liberados del limbo de las apariencias

Cuando las sociedades olvidan que el poder s¨®lo est¨¢ justificado cuando se ejerce en garant¨ªa de los derechos de los Ciudadanos, pierden su Constituci¨®n. Este principio y su cauce procedimental la divisi¨®n de poderes- han sido olvidados, en nuestro pa¨ªs y en otros, a lo largo de una d¨¦cada, la de los ochenta, caracterizada por un notable d¨¦ficit de participaci¨®n de los ciudadanos en los asuntos de lo p¨²blico, por la consiguiente contracci¨®n de la representatividad, y por cierta p¨¦rdida de identidad democr¨¢tica por parte de los sujetos sociales, convocados a ser no m¨¢s que constimidores pasivos. Correlativamente, el sistema pol¨ªtico y econ¨®mico ha ido adquiriendo una progresiva autonom¨ªa frente a la llamada sociedad civil y a las posibilidades de control del ejercicio del poder que ¨¦sta encarna, an¨¢lisis especialmente aplicable a lo ocurrido en Espa?a, donde los resultados de las elecciones de 1982 dieron lugar a cierta creencia de ultralegitimaci¨®n, fen¨®meno inocuo en s¨ª mismo, pero peligroso en cuanto pudo provocar que el poder se viera liberado de su atadura propiamente democr¨¢tica: la limitaci¨®n del poder por la v¨ªa de los derechos fundamentales. Estoy convencido de que esa reflexi¨®n debe encabezar el desconcierto de los ciudadanos que en estos momentos piensan que los detentadores del dominio pudieron soslayar las reglas del juego, dando lugar al conocido peloteo empresarial y financiero, y a otra cuesti¨®n cualitativamente mucho m¨¢s importante, porque empe?a lo ¨²nico que realmente diferencia a la democracia, un sistema que se constituye en garante de la vida y libertad de sus miembros y que lo ¨²nico que, en consecuencia, no puede permitirse es matar y secuestrar.Cuando una democracia se encuentra en un atolladero como el presente, reacciona distinguiendo, no s¨®lo conceptualmente, entre la responsabilidad pol¨ªtica y la judicial, que tienen espacios de desarrollo y eficacia diferentes, y que conviene no confundir porque, entre otras cosas, no son en modo alguno excluyentes. Lo que, desde esa perspectiva, est¨¢ claro es que, vulnerado (hablando siempre en hip¨®tesis de trabajo) lo que es esencial de la democracia, y se despliegue o no el reproche puramente pol¨ªtico, los jueces deben intervenir, no porque sean mejores que nadie, sino porque disponen de las condiciones de soberan¨ªa funcional suficientes como para apartarse de la praxis de la oportunidad. Son independientes por declaraci¨®n constitucional, y por ello se les debe exigir que resuelvan la tensi¨®n ¨¦tica, que siempre existe entre las convicciones y la responsabilidad, del lado de las primeras, ya que no podemos olvidar que la vida y la libertad son innegociables. Est¨¢n apartados de los imperativos de la conveniencia que gobiernan el sentido d¨¦bil de la pol¨ªtica.

Desde ese punto de vista, resultan pat¨¦ticas las alusiones a la Judicializaci¨®n de la pol¨ªtica", tan caracter¨ªsticas de alguno de los supuestamente perjudicados por las actuaciones judiciales, noticiadas estos d¨ªas, y, no lo olviden, del recurrente discurso conservador espa?ol, en especial el de buena parte de la derecha judicial, siempre seducido por la indebidamente llamada "raz¨®n de Estado".

Junto al deseo expl¨ªcito de que los jueces vuelvan al limbo de las apariencias, del que les liber¨® la Constituci¨®n que nos dimos los espa?oles, los titulares de ese discurso arrojan, siempre que el sistema de poder se ve afectado por una actuaci¨®n judicial, una sospecha que nace de la. cansada costumbre de hablar, m¨¢s que de estrategias de convencimiento de los ciudadanos. Me refiero a las acusaciones de parcialidad de los magistrados, por la supuesta ideolog¨ªa de ¨¦stos o por actitudes m¨¢s o menos circunstanciales que hayan mantenido en su vida p¨²blica. Se trata, entonces, de olvidar que la democracia es una cuesti¨®n de certezas, y que lo importante para la convivencia es que los jueces realicen, con arreglo a las leyes, las funciones jurisdiccionales por las que los. ciudadanos les pagan. Est¨¢ claro que son precisamente los sujetos con mayores posibilidades reales de defensa los que delatan supuestas parcialidades, que pueden contestar (y de las, que podr¨ªan liberarse, de, ser ciertas) sin ning¨²n problema, por los cauces prevenidos en las leyes.

Hay que ir convenci¨¦ndose de que los jueces dejan de ser agentes del sistema pol¨ªtico, donde les ubic¨® el jacobinismo, para acercarse a la sociedad civil, el espacio donde est¨¢ la vida, sus actores y los derechos, en una funci¨®n mediadora entre aqu¨¦l y ¨¦sta. Y llevarlos derechos al poder, para limitar sus abusos, impugnando a los que puedan ir contra los valores que constituyen la democracia con la disculpa d¨¦ intentar protegerla. La democracia ser¨¢ fortalecida si la sociedad es capaz de decirles a sus gobernantes que existen cosas que en ning¨²n caso pueden hacerse.

Jos¨¦ Antonio Alonso es magistrado, portavoz de Jueces para la Democracia.