Contra el olvido

Toda la raz¨®n del mundo asiste a Jordi Flujol cuando explica que los documentos de la Generalitat depositados en Salamanca son leg¨ªtima propiedad de la instituci¨®n que preside y reclama su devoluci¨®n. Nada se puede objetar a esa demanda: ni la supuesta unidad del archivo, que no existe, puesto que en ¨¦l se conservan montones de documentos que nada tienen que ver con la guerra, desde libros de actas de sociedades obreras del siglo XIX hasta fichas de afiliados al Partido Radical; ni la legitimidad de origen de esos documentos, que han ido a parar a orillas del Tormes porque fueron requisados por las tropas del ej¨¦rcito rebelde cuando tomaban las ciudades y en lugar de entregarlos al fuego, como sol¨ªan hacer los falangistas, los apilaban por si de ellos pod¨ªan obtenerse informaciones para una m¨¢s discriminada y eficaz represi¨®n.De modo que si todo se reduce a una cuesti¨®n de leg¨ªtimos derechos no habr¨ªa motivo para este debate. Esos papeles son de la Generalitat, como otros son del PNV, del PSOE, de la UGT o de la CNT, propietarios de un n¨²mero de documentos incomparablemente superior al de la Generalitat. ?sas y otras instituciones y personas tienen sobre sus respectivos papeles id¨¦nticos derechos y a todas habr¨ªa que devolver la propiedad que les fue arrebatada como resultado de su derrota en la guerra. Naturalmente, no hay ning¨²n archivo en el mundo que conserve ¨²nicamente fotocopias o microfilms: la devoluci¨®n generalizada de los papeles significar¨ªa el cierre del archivo de Salamanca.

Y a lo mejor es eso lo que hay que hacer: cerrar el archivo y clausurar uno de los escasos lugares f¨ªsicos de la memoria de la guerra. Pues resulta que todos esos papeles est¨¢n relacionados con la guerra civil, aunque no fuera m¨¢s que por el hecho de que si no hubiera habido guerra, ninguno de ellos estar¨ªa en Salamanca. Y es de eso de lo que se trata: de guardar la memoria de la guerra, acontecimiento central de la historia de Espa?a del siglo XX que proyecta su luz o su sombra hacia atr¨¢s, hacia las luchas sociales y pol¨ªticas que la hicieron posible, y hacia adelante, hacia los 40 a?os de dictadura que fueron su legado m¨¢s inmediato, hacia el exilio, hacia la transici¨®n a la democracia e incluso hasta el d¨ªa de hoy.

Llevamos 15 a?os pregunt¨¢ndonos qu¨¦ debe devolver el Estado a sus naciones y regiones y bien est¨¢ que as¨ª sea; pero es quiz¨¢ hora de preguntar tambi¨¦n en qu¨¦ pueden contribuir las regiones y naciones a la construcci¨®n del Estado. Y algo que sin duda deber¨ªan hacer es preservar la memoria de una historia com¨²n. Tal vez por eso, tras reconocer su propiedad, todas esas instituciones podr¨ªan renunciar a la posesi¨®n de sus documentos, dejarlos en Salamanca y crear sobre esa s¨®lida base un centro de estudios sobre la guerra civil. Un centro que fuera a la vez de documentaci¨®n y de investigaci¨®n, que conservara y ampliara sus fondos, que se dotara de una gran biblioteca sobre la guerra, la dictadura y el exilio; un centro que no ser¨ªa ya una secci¨®n del Archivo Hist¨®rico Nacional sino propiedad de todas las instituciones que all¨ª conservan parte de su historia y que est¨¢n interesadas en que el recuerdo de la guerra no se borre por completo de la memoria de los espa?oles.