S¨®lo siete de los 39 inculpados por Barbero en el 'caso Filesa' se sentar¨¢n en el banquillo

, S¨®lo siete de los acusados en el caso Filesa -financiaci¨®n irregular del PSOE- se sentar¨¢n en el banquillo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Ayer, el juez Enrique Bacigalupo, que sustituy¨® a Marino Barbero en la instrucci¨®n de la causa, dict¨® auto de apertura de juicio oral. El juez Barbero hab¨ªa imputado delitos a 39 personas, entre cargos y militantes del PSOE y directivos de empresas y banqueros. En opini¨®n del fiscal, la lista deber¨ªa reducirse a 23. Bacigalupo la ha dejado en siete. El caso se sigue por falsedad de documentos mercantiles, emisi¨®n de facturas falsas, delito fiscal y delito electoral.

Algunos dirigentes del PSOE se mantienen como acusados, pero para otros, como Guillermo Galeote, ex secretario de Administraci¨®n y Finanzas del partido, o Aida ?lvarez, ex coordinadora de Finanzas socialista, se ha acordado el sobreseimiento.Los siete que se sentar¨¢n en el banquillo son Josep Maria Sala, senador y dirigente del PSC; Carlos Navarro, ex diputado del PSOE y ex responsable de finanzas del grupo parlamentario socialista; Luis Oliver¨®, administrador ¨²nico de las empresas Filesa, Malesa y Time Export y t¨ªo pol¨ªtico de Navarro; Alberto Flores, vinculado a las tres sociedades y hermano de la senadora socialista Elena Flores; Ram¨®n Moreda, ex administrador general del PSOE en las elecciones de 1989; Carlos Ponsa, socio fundador de Time Export, e ??igo Larraz¨¢bal, de El Viso Publicidad, responsable de las campa?as del PSOE.

Adem¨¢s de recortarse la lista, el Fiscal no podr¨¢ mantener las peticiones que en octubre formul¨® contra los acusados, pues el juez Bacigalupo ha sobrese¨ªdo tambi¨¦n algunos de los delitos fiscales y de falsedad, uso de informaci¨®n privilegiada, fraude de subvenciones, malversaci¨®n de caudales, tr¨¢fico de influencias o estafa que les afectaban.

Sala, Navarro, Oliver¨®, Flores, Ponsa, Moreda y Larraz¨¢bal seguir¨¢n en libertad, aunque con la obligaci¨®n de presentarse en el juzgado cada primero de mes.

El juez ha fijado una fianza solidaria de 388 millones de pesetas para Sala, Navarro, Flores y Oliver¨®, con el fin de asegurar las responsabilidades civiles que pudieran establecerse en el proceso y ha declarado a Filesa, Malesa y Time Export responsables civiles subsidiarias. Tambi¨¦n ha fijado fianzas menores, de 15 millones, para Ponsa y Larraz¨¢bal.

El magistrado ha rechazado la pr¨¢ctica totalidad de las peticiones formuladas por el representante del Partido Popular. S¨®lo ha admitido una: la imputaci¨®n contra ??igo Larraz¨¢bal, de El Viso Publicidad, por delito fiscal.

El instructor ha acordado tambi¨¦n el sobreseimiento libre de todos los empresarios y banqueros (Alfonso Esc¨¢mez, Jos¨¦ Antonio S¨¢ez de Azc¨²naga, Jos¨¦ ?ngel S¨¢nchez Asia¨ªn, y Emilio Ybarra) que financiaron al PSOE porque ya regularizaron su situaci¨®n fiscal, y tambi¨¦n ha denegado la apertura de juicio contra la Comisi¨®n Ejecutiva Federal del PSOE.

La argumentaci¨®n del magistrado para mantener unas acusaciones y sobreseer otras se basa en que, a su entender, en el derecho penal vigente no existe un delito de financiaci¨®n ilegal o encubierta de partidos pol¨ªticos, sino, en todo caso, una infracci¨®n administrativa por la superaci¨®n de ciertos l¨ªmites en las aportaciones econ¨®micas, sancionada con multa administrativa. Ninguna acusaci¨®n ha fundamentado la financiaci¨®n irregular del PSOE, sino delitos ocasionalmente vinculados a la financiaci¨®n del partido.

Adem¨¢s, a?ade el juez, las facturas utilizadas para camuflar fiscalmente los fondos entregados no son falsas. A su modo de ver, las facturas son aut¨¦nticas puesto que responden a la voluntad del emisor, est¨¢n firmadas con firma real y el receptor est¨¢ de acuerdo. Eso no hace que la factura sea falsa, sino mendaz, y eso no es delito. Podr¨ªa dar lugar a delito fiscal, pero como casi todos han regularizado su situaci¨®n fiscal, s¨®lo cabe el archivo.

El juez Bacigalupo hace consideraciones acerca de la moralidad del hecho. "Sobre estos hechos", precisa el auto, "cabe un juicio moral o un juicio pol¨ªtico. Sin embargo, la Constituci¨®n no confiere a ning¨²n juez el derecho a emitir juicios morales o pol¨ªticos sobre las conductas de los ciudadanos (...) Las razones que pudieran fundamentar un juicio de car¨¢cter moral no autorizan a los jueces a crear el derecho que no ha creado el Parlamento" . El resumen que el magistrado hace del proceso se?ala que "el PSOE habr¨ªa recibido aportaciones para su financiaci¨®n de parte de empresas y bancos a cambio de facturas por servicios inexistentes, emitidos por sociedades vinculadas a dicho partido (Filesa, Malesa, Time Export)". Con estas facturas, los donantes habr¨ªan incluido en sus declaraciones fiscales partidas por gastos deducibles en el Impuesto de Sociedades. Existen indicios de que las aportaciones pueden no haber sido declaradas correctamente en las cuentas electorales de las elecciones generales y europeas de 1989. Las empresas que expidieron las facturas por servicios inexistentes tambi¨¦n habr¨ªan omitido declarar como ingresos las cantidades recibidas. Tanto los donantes como los receptores no pagaron el IVA.