Impunidad y realismo

EL ASESINATO de Fernando M¨²gica ha vuelto a suscitar dos cuestiones recurrentes de la lucha contra el terrorismo: el de la eventual ilegalizaci¨®n del entorno pol¨ªtico de ETA y el de la preparaci¨®n de la Ertzaintza para la represi¨®n de todas las actividades ilegales del nacionalismo violento. Ambas cuestiones remiten a su vez a una preocupaci¨®n que en los ¨²ltimos meses ha pasado a primer plano: el de la impunidad en que se mueven quienes dirigen ese entramado que combina la violencia difusa y la concentrada, desde el asesinato a la algarab¨ªa violenta e intimidatoria.El consejero Atutxa ha planteado la cuesti¨®n en t¨¦rminos muy claros. Hay que decidirse entre dos opciones: o ilegalizar formalmente a KAS, Jarrai y dem¨¢s disfraces de una misma violencia o legalizaci¨®n y sometimiento a la ley de esos colectivos. Si esta vez no se ha planteado expl¨ªcitamente la deslegalizaci¨®n de HB es porque, en general, se considera inconveniente, no porque tal cosa sea imposible o antidemocr¨¢tica. Cualquier partido podr¨¢ ser disuelto si se demuestra que incurre en alg¨²n supuesto tipificado como de asociaci¨®n il¨ªcita o que su organizaci¨®n y actividades son contrarias a los principios democr¨¢ticos. No ser¨ªa dif¨ªcil demostrar que HB no es democr¨¢tica ni por sus principios, ni por su organizaci¨®n, ni por sus actividades. Los numerosos candidatos o cargos p¨²blicos de ese partido detenidos en los ¨²ltimos a?os por actividades relacionadas con ETA podr¨ªan invocarse en apoyo de esa hip¨®tesis. Por lo dem¨¢s, la distinci¨®n entre las diferentes siglas de la misma cosa ha perdido sentido desde el momento en que los que mandan en KAS (la coordinadora a la que pertenece ETA) son los mismos que mandan en HB.

Pero que un partido pueda ser disuelto no significa que deba serlo. De entrada, no es lo mismo no legalizar que ilegalizar. Tal vez sea bueno que HB participe en los comicios, aunque s¨®lo sea para que sus dirigentes comprueben que llevan cerca de nueve a?os perdiendo apoyo electoral. En todo caso, m¨¢s ¨²til parece por ahora, de acuerdo con el planteamiento de Atutxa, legalizar a HB en el sentido en que lo reclama para KAS: que se les aplique la ley; que se levante esa bula por la que sus miembros parecen tener derechos (a insultar, amenazar, convocar tumultos, agredir a pac¨ªficos manifestantes) que no se reconocen a los de m¨¢s partidos. Digan lo que digan algunos ap¨®stoles de la equidistancia, ese mundo de KAS y HB se mueve con una perceptible sensaci¨®n de impunidad que agrava el efecto intimidador y desmoralizador de sus agresiones. Acabar con tal situaci¨®n requiere otra actitud por parte de pol¨ªticos, jueces, medios de comunicaci¨®n y, sobre todo, de la polic¨ªa.

La existencia de una polic¨ªa auton¨®mica, enraizada en la poblaci¨®n vasca, se consider¨® imprescindible para resolver el problema de ETA. Lo que nadie previ¨® fue que ese mismo enraizamiento iba a hacer a la Ertzaintza m¨¢s vulnerable a las agresiones y provocaciones del mundo violento. Por lo general, un guardia civil o polic¨ªa nacional est¨¢ cuatro o cinco a?os en el Pa¨ªs Vasco, y en ese tiempo nunca pierde la perspectiva de irse. Mientras que un ertzaina vive desde siempre en Euskadi, no tiene expectativa de cambiar de destino y es conocido por sus vecinos, incluidos los confidentes de ETA. Los grupos especializados de la Ertzaintza han demostrado eficacia en el desmantelamiento de las redes de extorsi¨®n y algunos comandos, pero la mayor¨ªa de los agentes que patrullan las calles y carreteras no est¨¢n psicol¨®gicamente preparados para enfrentarse a la violencia del entorno de ETA. Tampoco, seg¨²n parece deducirse de la huida del comando que asesin¨® a M¨²gica, para hacer frente a un grupo dispuesto a utilizar sus armas.

No lo est¨¢n, entre otras cosas, porque no hay semana que no oigan a altos dirigentes pol¨ªticos y muy escuchados comentaristas perorar sobre el origen pol¨ªtico del contencioso y de la causa que mueve a los que disparan contra ellos o les queman el coche. Y no hay d¨ªa en que no lean en los peri¨®dicos sutiles objeciones a la extradici¨®n de colaboradores de la banda o a la identificaci¨®n mediante carteles de los activistas m¨¢s buscados: entre ellos, los que dispararon contra M¨²gica, uno de los cuales fue detenido hace cuatro o cinco a?os cuando preparaba un atentado contra la autov¨ªa de Leizar¨¢n, pero absuelto por el mismo juez que considera que los v¨ªdeos no son prueba para condenar a los v¨¢ndalos de Jarrai. Hay que restablecer el imperio de la ley, quiz¨¢ con las propuestas de Atutxa, pero tambi¨¦n utilizando los mecanismos que ya existen. Algo que, entre los GAL y la impunidad, apenas se ha intentado.