El fiscal pide al Supremo que levante el secreto del papel del Cesid sobre la muerte de Lucia Urigoitia

El fiscal ha pedido a la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal upremo que anule el acuerdo del Gobiero, de 2 de agosto ¨²ltimo, que deneg¨® el levantamiento del secreto de un documento del Cesid sobre la muerte de la presunta etarra Luc¨ªa Urigoitia, en julio de 1987, por disparos de la Guardia Civil. Rogelio G¨®mez Guillam¨®n solicita que el Supremo declare que ese documento "no afecta ni pone en peligro la seguridad del Estado", por lo que debe entregarse al juez de San Sebasti¨¢n que investiga el caso y que lo reclam¨® al Ejecutivo, Justo Rodr¨ªguez.

Rogelio G¨®mez Guillam¨®n, fiscal ante la Sala Tercera del Supremo, ha formalizado sus alegaciones en relaci¨®n con el recurso de la acusaci¨®n particular del caso Urigoitia, representada por el letrado ??igo Iruin, contra la negativa gubernamental a desclasificar uno de los llamados papeles del Cesid que el juez de instrucci¨®n Justo Rodr¨ªguez, de San Sebasti¨¢n, estima necesario para su investigaci¨®n.El documento en cuesti¨®n relata que un capit¨¢n de los Servicios Especiales de la Guardia Civil manipul¨® unos casquillos de bala y el ca?¨®n de la pistola que empu?aba Urigoitia, para hacer creer al juez que la v¨ªctima de los disparos hab¨ªa utilizado su arma contra un agente antes de caer abatida.

En su escrito de alegaciones G¨®mez Guillam¨®n hace referencia al remitido el pasado 7 de noviembre respecto al recurso, "esencialmente id¨¦ntico", planteado tambi¨¦n por Iruin en nombre de la acusaci¨®n particular del caso Lasa-Zabala (secuestro, tortura y asesinato, en 1983, de los supuestos etarras Jos¨¦ Antonio Lasa y Jos¨¦ Ignacio Zabala).

En aqu¨¦l, el fiscal ped¨ªa la anulaci¨®n del acuerdo del Consejo de Ministros sobre el ¨²nico de los cuatro documentos reclamados por el juez del sumario, Javier G¨®mez de Lia?o, que el Gobierno ha admitido como existente. En el ahora conocido, respecto al caso Urigoitia, G¨®mez Guillam¨®n se remite a los razonamientos sobre la falta de vinculaci¨®n a la seguridad del Estado formulados en el relativo al caso Lasa-Zabala, dados sus objetivos "coincidentes".

De modo particular, el fiscal analiza "si el documento cuya desclasificaci¨®n ahora se pide implica efectivamente a la seguridad del Estado, como afirma el acuerdo recurrido". Indica que se trata "de una nota de significado marcadamente policial, aunque pudiera haber sido redactado", dice, "por agentes del Cesid", el servicio de informaci¨®n militar.

Recuerda tambi¨¦n el fiscal que la publicaci¨®n del documento en la prensa dio lugar a la reapertura de la investigaci¨®n penal, en la que el que en 1987 era jefe de la Agrupaci¨®n Operativa del Cesid, Juan Alberto Perote, admiti¨® que hizo "un documento con una literalidad parecida" y que la firma que aparece pudiera ser la suya.

Actuaci¨®n ilegal

G¨®mez Guillam¨®n razona que "no se trata, por consiguiente, de una denuncia period¨ªstica sin m¨¢s, sino de que el documento en cuesti¨®n est¨¢ en principio adverado por quien lo redact¨® o intervino en su redacci¨®n".En su escrito de alegaciones, G¨®mez Guillam¨®n observa que no se ve que el documento afecte y ni siquiera implique a la seguridad del Estado. Explica que, "de ser cierto [su contenido], revela una actuaci¨®n ilegal de las fuerzas policiales que s¨®lo implica a los funcionarios que intervinieron y en modo alguno a instituciones y menos a la seguridad general".

G¨®mez Guillam¨®n considera que la no aportaci¨®n de este documento, esencial para llevar a cabo la investigaci¨®n judicial y en su momento para sentenciar, lesiona el derecho al uso de los medios de prueba pertinentes, con indefensi¨®n, por el momento, de la parte interesada en su aportaci¨®n". Dado que la seguridad del Estado invocada por el Consejo de Ministros "no hay posibilidad l¨®gica de aceptarla, la conclusi¨®n ha de ser necesariamente que no hay raz¨®n para mantener la condici¨®n de secreto de dicho documento y debe ordenarse su cancelaci¨®n".

Los dos ¨²nicos papeles del Cesid cuya desclasificaci¨®n como secretos apoya el fiscal son uno de los cuatro reclamados por el juez del caso Lasa-Zabala y el reclamado por el del caso Urigoitia.

Ambos corresponden a los dos ¨²nicos recursos planteados por el procedimiento urgente que permite la ley 62 / 1978, de Protecci¨®n Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales, y en los dos se ha invocado que el secreto de los documentos vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

El fiscal solicita que ambos papeles sean examinados "in camera" o sea, por un grupo reducido de magistrados delegados del pleno de la Sala, Tercera del Supremo.