El profeta

EL FISCAL general del Estado, Ortiz ?rculo , ha decidido no ejercer acciones penales contra el parlamentario navarro Jaime Iribarren, que augur¨® p¨²blicamente "un futuro inmediato de gran sufrimiento" horas antes de que ETA asesinase, el pasado d¨ªa 8, al teniente coronel Jes¨²s Cuesta. Ortiz ?rculo considera que tales declaraciones no tienen encaje en ninguna figura delictiva del C¨®digo Penal. Esa decisi¨®n ha sido criticada por los portavoces de varios partidos, mientras que la ministra de Justicia, Margarita Mariscal, ha anunciado que el Gobierno se propone una reforma legal que permita actuar judicialmente contra manifestaciones como las del diputado navarro.Estamos en un terreno resbaladizo. Por una parte, ser¨ªa un disparate dejarse llevar por la precipitaci¨®n y forzar interpretaciones ad hoc para evitar la impunidad de esta gente. Tambi¨¦n ser¨ªa un error introducir en un c¨®digo reci¨¦n estrenado una modificaci¨®n, que sirva para responder a este caso particular. Se trata, adem¨¢s, de las declaraciones de un parlamentario, cuyo derecho a la libertad de expresi¨®n est¨¢ especialmente protegido. Pero al mismo tiempo no puede ignorarse la carga de amenaza impl¨ªcita contenida en declaraciones de quienes no disimulan su relaci¨®n con ETA (a trav¨¦s de la llamada Coordinadora KAS). Especiamente c¨²ando se sabe que la eficacia de sus intentos de amedrentar a la mayor¨ªa es inseparable de esa relaci¨®n y de la sensaci¨®n de impunidad que ello les produce.

El nuevo c¨®digo, define la apolog¨ªa como "la exposici¨®n, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusi¨®n, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor". Sin embargo, para que tal exposici¨®n se considere delictiva ser¨¢ preciso que "por su naturaleza o circunstancias constituya una incitaci¨®n directa a cometer delito". Ciertamente, ser¨ªa forzado deducir de las palabras de Iribarren una incitaci¨®n directa al asesinato del militar. El derecho penal es exigente en cuanto a la tipificaci¨®n del delito, por un lado, y a la causalidad, por otro. La decisi¨®n del fiscal general, avalada por los fiscales del Tribunal Supremo, parece, por tanto, l¨®gica y prudente: en terreno tan delicado m¨¢s vale pecar por defecto que por exceso.

Pero que no sea una actitud jur¨ªdicamente punible no significa que no sea pol¨ªtica y morajinente condenable. Como muestran las im¨¢genes de televisi¨®n, Iribarren tuvo buen cuidado de leer las palabras que conten¨ªan la amenaza. Seguramente porque quer¨ªa que quedase claro el mensaje, a la vez que se aseguraba de no cogerse los dedos. Ese mensaje consiste en afirmar que si el Gobierno no se aviene a aceptar las exigencias de ETA no deber¨¢ luego extra?arse de que se produzcan desgracias; es decir, atentados. A estas alturas ser¨ªa una ingenuidad ignorar que el efecto intimidatorio perseguido por los portavoces pol¨ªticos de la cosa es inseparable de su proximidad a, digamos, el brazo ejecutor. Tienen todo el inter¨¦s en dejar claro que saben de que va, en insinuar una relaci¨®n privilegiada con eso que en sus documentos denominan la referencia obligada: ETA.

Eso no significa que Iribarren supiera que ese d¨ªa y hora un comando iba a atentar contra un militar en Madrid. Menos inveros¨ªmil es suponer que ciertos dirigentes del brazo pol¨ªtico sean alertados en t¨¦rminos gen¨¦ricos de que "se prepara una ofensiva", y que utilicen esa informaci¨®n privilegiada para dar verosimilitud a sus amenazas. Pero esto hay que probarlo.