Chicago contra las f¨¢bricas de armas

Los caminos de la ley son misteriosos en Estados Unidos. Al Capone, recu¨¦rdese, no fue encarcelado como jefe de la Mafia en Chicago y responsable de decenas de asesinatos, sino como evasor de impuestos. Ahora, en la misma ciudad, el alcalde dem¨®crata Richard Daley ha emprendido una curiosa v¨ªa para poner coto a la delincuencia local: ha presentado una querella contra 38 fabricantes, distribuidores y minoristas de pistolas, rev¨®lveres, rifles y metralletas. Les pide 433 millones de d¨®lares (unos 60.000 millones de pesetas) en concepto de responsabilidad civil por los gastos que ocasiona la tenencia il¨ªcita de armas a la polic¨ªa, los bomberos y los hospitales p¨²blicos. "Si el ¨²nico lenguaje que entiende esa industria es el del dinero, vamos a emplearlo para hacerle comprender que no tiene mercado en Chicago", dice Daley.Esta acci¨®n contra la industria armament¨ªstica no es la primera. Nueva Orleans sent¨® precedente hace dos semanas, pero esgrimiendo distintos motivos. La ciudad de Luisiana se querell¨® contra los fabricantes de armas de fuego por ofrecer productos peligrosos para la salud p¨²blica al no incorporarles suficientes mecanismos de seguridad que impidan su disparo accidental. En los pr¨®ximos meses, Filadelfia, Los ?ngeles y San Francisco emprender¨¢n acciones judiciales inspiradas en uno u otro modelo. Esta novedad en materia de lucha contra la violencia en las ciudades norteamericanas es gemela del ya veterano movimiento que decenas de Estados han emprendido contra la compa?¨ªas tabacaleras.

El Ayuntamiento de Chicago acusa a los fabricantes y distribuidores de armas de fuego de hacer la vista gorda ante la venta ilegal de sus productos en la ciudad, especialmente en sus suburbios. Es una acusaci¨®n bien cimentada. En los ¨²ltimos tres meses, decenas de agentes de la polic¨ªa de Chicago recorrieron los comercios del ramo present¨¢ndose como compradores. Y en general no tuvieron el menor problema para adquirir lo que quisieran pese a no presentar ning¨²n tipo de documento legal ni permiso de armas; s¨®lo dinero. En muchos casos, los polic¨ªas se hicieron pasar abiertamente por pandilleros de barrio, miembros de bandas de motoristas, esbirros de la mafia o mercenarios internacionales.

El jueves, Daley anunci¨® la presentaci¨®n de la querella contra 22 fabricantes, 4 distribuidores y 12 tiendas mientras se exhib¨ªan 171 fusiles y metralletas compradas en los ¨²ltimos tres meses por los agentes. El arsenal es suficiente para poner en fuga a la mejor fuerza policial del mundo y forzar toda una intervenci¨®n del Ej¨¦rcito. Chicago lleva d¨¦cadas luchando contra la leyenda de ciudad violenta. De hecho, tiene las ordenanzas municipales m¨¢s estrictas de EE UU en lo relativo a tenencia de armas por particulares. Pero la mercanc¨ªa sigue fluyendo, como lo demuestra el que en los ¨²ltimos 10 a?os la polic¨ªa local haya confiscado y destruido 178.000 armas de fuego.

"Los fabricantes y vendedores de armas", dijo Daley, "saben que est¨¢n haci¨¦ndoles llegar sus productos m¨¢s mort¨ªferos a los delincuentes de Chicago, pero optan por hacer la vista gorda para proseguir con el negocio". La industria se defiende recordando que la segunda enmienda de la Constituci¨®n norteamericana garantiza el derecho de los particulares a tener armas y usarlas para su leg¨ªtima defensa. "Estamos vendiendo un producto legal y no vemos ninguna raz¨®n para que Chicago u otras ciudades se querellen contra nosotros", dice Georgia Nichols, presidente del American Shooting Sports Council, una de las grandes cadenas de venta de armas de fuego.

Los particulares ya se hab¨ªan anticipado al movimiento emprendido ahora por los ayuntamientos. En enero se celebrar¨¢ en el tribunal federal de Brooklyn (Nueva York) la vista oral de un juicio que sentar¨¢ en el banquillo a medio centenar de fabricantes de armas denunciados por una asociaci¨®n de v¨ªctimas de la violencia. El argumento es semejante al planteado por el Ayuntamiento de Chicago: los fabricantes son culpables de irresponsabilidad criminal por despreocuparse del modo en que sus productos son distribuidos y vendidos.

Capone tuvo que responder de la falta de pago de sus impuestos. Ahora, el cigarrillo y la pistola tambi¨¦n se enfrentan en EE UU a un desaf¨ªo legal muy amenazador para sus intereses. A falta de poder para prohibir su producci¨®n y venta, particulares y autoridades quieren que los fabricantes paguen sumas millonarias por los da?os sociales que causan.