Una victoria p¨ªrrica

Cuenta la historia que cuando los romanos se enfrentaron, en el a?o 275 antes de Jesucristo, a la ciudad de Tarento, sus habitantes pidieron ayuda guerrera a Pirro, rey de ?piro. En las llanuras de Heracles se entabl¨® la batalla, cuya victoria fue para Pirro, gracias al uso que hizo de los elefantes; sin embargo, le cost¨® una parte importante de su ej¨¦rcito, por lo que el rey afirm¨® 'otra victoria como ¨¦sta y volver¨¦ solo al ?piro'. De ah¨ª la expresi¨®n de 'victoria p¨ªrrica'. Si efectuamos un cambio de personajes, la narraci¨®n puede tener una lectura actual en el contexto de la educaci¨®n superior espa?ola: el Ministerio de Educaci¨®n en lugar de Pirro, la Comunidad universitaria por los romanos y la Ley Org¨¢nica de Universidades por la llanura de Heracles. Salvo la demostraci¨®n de poder, fundada en la mayor¨ªa parlamentaria absoluta que sustenta al Gobierno, no es perceptible con nitidez qu¨¦ beneficios han obtenido los responsables ministeriales en contrapartida al enorme desgaste sufrido.

El Gobierno ha de ser consciente de que no puede persistir en contra de la voluntad de la Universidad

El texto legal aprobado no ha representado cambio alguno del rumbo educativo, m¨¢s all¨¢ de ciertos matices que lo impregnan de liberalismo econ¨®mico; se caracteriza sobre todo por sus carencias, porque no tiene elementos innovadores sustanciales que contribuyan a un mayor dinamismo en las actividades universitarias.

Tras la batalla, es preciso que se recupere la convivencia. ?Ahora qu¨¦? Queda el pacto de las fuerzas pol¨ªticas sobre la cuesti¨®n universitaria para mejor ocasi¨®n, a modo de asignatura pendiente que la pol¨ªtica espa?ola alg¨²n d¨ªa deber¨¢ aprobar. Pero los problemas del d¨ªa antes de la LOU siguen esperando respuestas satisfactorias el d¨ªa despu¨¦s, por lo que hay que buscar un cierto posibilismo para salir del impasse.

El Gobierno ha de ser consciente de que no puede persistir en contra de la voluntad mayoritaria de las universidades, ni debe caer en el error infantil de creer que un cambio en el sistema electoral de los rectores genera la llegada de otro colectivo de dirigentes m¨¢s afines a su ideolog¨ªa, como se ha comprobado en los meses transcurridos. Tampoco las universidades (ni las organizaciones que las agrupan) pueden optar de forma irreflexiva por la insumisi¨®n o por mantenerse al margen de la legalidad (aunque haya existido alguna opini¨®n vehemente en ese sentido, fruto de las tensas circunstancias padecidas). Ambos errores son graves, y lastrar¨ªan el protagonismo social de las universidades en una ¨¦poca donde el progreso tecnol¨®gico y los crecientes fundamentalismos econ¨®micos o culturales obligan a que los acad¨¦micos participen activamente en los debates sociales. Ser¨¢ bueno que otro Gobierno corrija el rumbo en el futuro, pero no puede condenarse a profesores y estudiantes a que resistan sin m¨¢s; eso no es esperanza, sino irresponsabilidad.

En el articulado de la ley hay varias cuestiones abiertas que el Gobierno tendr¨ªa que aprovechar para la asunci¨®n de un nuevo talante dialogante, menos dogm¨¢tico, y para que colectivos universitarios de val¨ªa, aunque no sean de su cuerda pol¨ªtica, participen en su resoluci¨®n. Se podr¨ªan agrupar algunos de los temas pendientes -que dar¨ªan una medida de la posible voluntad gubernamental de integraci¨®n de sensibilidades dife-rentes- en los cuatro bloques siguientes:

- Implantaci¨®n de la Agencia de Evaluaci¨®n de la Calidad y Acreditaci¨®n: ser¨¢ crucial para calibrar la sensibilidad del Gobierno con las actuaciones de las comunidades aut¨®nomas. El encaje de la Agencia Nacional con las agencias de calidad auton¨®micas no est¨¢ resuelto. Se requiere un ejercicio de sabidur¨ªa prudente para encontrar el equilibrio certero entre la eficiencia del sistema universitario en Espa?a y el respeto a las competencias auton¨®micas.

- Modificaci¨®n del procedimiento de selecci¨®n del profesorado: su efectividad est¨¢ ligada a la superaci¨®n de la estructura vigente de las ¨¢reas de conocimiento. Si se mantiene un cat¨¢logo reducido a un simple listado -aunque se actualice- de campos cient¨ªficos, sin ning¨²n tipo de gradaci¨®n o establecimiento de afinidades, la pregonada movilidad ser¨¢ un combate de la denostada endogamia m¨¢s ret¨®rico que real. El Gobierno deber¨ªa pensar en un nuevo sistema de contratos pedag¨®gicos entre la administraci¨®n universitaria y los departamentos o sus profesores que superase la lejana y burocr¨¢tica relaci¨®n existente.

- Mejora de los planes de estudio: padecen la aut¨¦ntica endogamia acad¨¦mica que necesita ser revisada con la incorporaci¨®n de la ense?anza virtual y la inclusi¨®n de la educaci¨®n no reglada en la oferta formativa de las universidades. En el nuevo marco legislativo s¨®lo se hallan vagas declaraciones de intenciones al respecto, sin concreci¨®n alguna. La atenci¨®n a los alumnos en las universidades p¨²blicas debe favorecerse con incentivos docentes.

- Correcci¨®n de los d¨¦ficit de financiaci¨®n de las universidades p¨²blicas: si bien la financiaci¨®n directa de las instituciones universitarias corresponde a las comunidades aut¨®nomas, ser¨ªa una falacia tomarla como excusa para que el Gobierno central se inhibiese. En particular, se tendr¨ªan que crear unos fondos estatales para la innovaci¨®n docente, otros para la cooperaci¨®n y otros para la creaci¨®n de redes de universidades. Es fundamental que se dise?en cauces para la participaci¨®n de la Universidad en la atenci¨®n de las demandas emergentes de la nueva sociedad y las estrategias de cohesi¨®n social que necesita el ejercicio pleno de la convivencia democr¨¢tica.

Francisco Michavila es catedr¨¢tico y director de la C¨¢tedra Unesco de Gesti¨®n y Pol¨ªtica Universitaria de la Universidad Polit¨¦cnica de Madrid.