La Comunidad interpone recurso contra 52 chal¨¦s de Sevilla la Nueva

La Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas de la Comunidad ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para detener la construcci¨®n de 52 chal¨¦s en Sevilla la Nueva (4.000 habitantes). Las casas se venden a precio libre cuando, seg¨²n las normas urban¨ªsticas, son las ¨²nicas del municipio que deber¨ªan tener alg¨²n grado de protecci¨®n p¨²blica. Adem¨¢s, las parcelas son m¨¢s peque?as de lo reglamentado (132 metros cuadrados, en vez de 175 metros).

El equipo de gobierno municipal no da marcha atr¨¢s y considera que 'no compete a la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas decidir sobre esta cuesti¨®n'. El grupo municipal socialista, en la oposici¨®n, mantiene por su parte que 'a estos hechos se les llama simplemente estafa'.

El Consistorio est¨¢ gobernado por cinco concejales independientes - cuatro de ellos pertenec¨ªan al PP hasta que el partido los expuls¨® en diciembre por firmar una moci¨®n de censura apoyada por un tr¨¢nsfuga del PSOE- y uno del grupo mixto.

La promoci¨®n de 52 chal¨¦s adosados Los Nardos contin¨²a su construcci¨®n. Ya el 23 de enero pasado la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas, Urbanismo y Transportes exigi¨® al Ayuntamiento que anulase las licencias otorgadas el 27 de julio de 2001. Les daba el plazo de un mes. El Consistorio, sin embargo, decidi¨® que las obras deb¨ªan seguir su curso. 'Se tom¨® en pleno la decisi¨®n de no anular las licencias en base a informes t¨¦cnicos encargados a empresas independientes', sostiene ?ngel Batanero (independiente), portavoz del equipo de gobierno.

El PSOE denunci¨® las supuestas irregularidades de las viviendas ante el Gobierno regional en agosto del a?o pasado. La portavoz socialista, Pilar Barroso, explica que los j¨®venes se tienen que ir a otros pueblos como Villamanta o Villanueva de Perales por los altos precios que alcanzan las viviendas en este municipio. 'Los adosados en cuesti¨®n se est¨¢n vendiendo a 168.000 euros (28 millones de pesetas), cuando, si se hubiera respetado la protecci¨®n p¨²blica, el precio ser¨ªa de 102.000 euros (17 millones de pesetas)', asegura.