Someter a las mujeres a un r¨¦gimen de refugiadas no es la soluci¨®n

Desde que en 1978 la Junta de Andaluc¨ªa pusiera en marcha las primeras actuaciones p¨²blicas para informar y ayudar a las mujeres con problemas de malos tratos (los Centros Asesores de la Mujer), y especialmente desde que en 1983 se creara en Espa?a el Instituto de la Mujer, la pol¨ªtica dirigida a este grave problema ha mejorado considerablemente, tanto la legislaci¨®n como los recursos, pero no ha variado en sus dos l¨ªneas b¨¢sicas, animar a las mujeres a denunciar y esconderlas en centros de acogida.

La primera l¨ªnea, promover la denuncia, ha sacado realmente a la luz muchas de las agresiones que antes permanec¨ªan ocultas, m¨¢s de 24.000 en el a?o 2001, pero la mayor¨ªa de ellas, se resuelven en juicios de faltas con penas irrisorias. Las ¨²ltimas campa?as han seguido insistiendo en animar a la denuncia, lo cual puede ser peligroso, ya que aumenta el riesgo de sufrir una agresi¨®n, de hecho m¨¢s del 90% de las muertes se producen cuando las mujeres han denunciado, o han iniciado un proceso de separaci¨®n o divorcio.

Cuando una mujer denuncia ha dado un paso importante, por tanto es fundamental que a partir de ese momento se pongan en marcha los mecanismos necesarios para su seguridad que, por ahora, no se hace. Puede llegar a ser una irresponsabilidad que desde el Estado se anime a denunciar sin garantizar una m¨ªnima protecci¨®n.

La segunda l¨ªnea, crear centros de acogida para esconder a las mujeres y a sus hijos, sin duda, ha evitado algunas muertes, pero tiene tambi¨¦n un efecto parad¨®jico, mientras ellas tienen que estar escondidas, los maltratadores hacen su vida normal impunemente. Es el ¨²nico delito en el que a la v¨ªctima se la esconde.

Es verdad que han habido avances que hay que valorar positivamente, est¨¢ bien que se pongan en marcha planes y que se ayude econ¨®micamente a las mujeres y que se le ponga un dispositivo para avisar a la polic¨ªa cuando sean agredidas, pero es hora de cambiar la estrategia. La violencia de g¨¦nero, es una realidad que, aun afectando a los derechos m¨¢s fundamentales, todav¨ªa no se abordan con el compromiso que requiere un problema de esta gravedad. Es urgente y necesario intervenir con la aprobaci¨®n de una ley espec¨ªfica que deber¨ªa contar, por supuesto, con el consenso de todos los grupos pol¨ªticos, no ser¨ªa explicable que no lo hubiera en un tema como este.

Una ley espec¨ªfica se justifica, fundamentalmente, para combatir un grave problema social en el que est¨¢ comprobado que la actuaci¨®n de las instituciones no son suficientemente eficaces. En Espa?a, desde 1996 hasta mayo del 2002 fueron asesinadas entre 400 y 500 mujeres, otras muchas, no se sabe cuantas, sufren graves secuelas f¨ªsicas y psicol¨®gicas. Todav¨ªa no se ha elaborado un programa estad¨ªstico fiable que recoja adecuadamente toda la informaci¨®n, existe por tanto disparidad de datos, dependiendo de quien los de.

Sabemos, igual que se ha dicho de la ley de partidos, que no ser¨¢ la panacea, lo que no quita que se puedan poner en marcha instrumentos legales m¨¢s eficaces compaginando el ¨¢mbito civil y penal con medidas de protecci¨®n de las v¨ªctimas y de sus hijos e hijas, y medidas cautelares para ser ejecutadas con car¨¢cter de urgencia.

Est¨¢ claro que para el Gobierno existen problemas que no pueden esperar y hay que elaborar leyes urgentemente, como la ley de partidos, o la ley de reforma laboral. La violencia contra las mujeres tampoco puede esperar, la soluci¨®n no puede seguir siendo esconder a las mujeres, a esta altura ya no es admisible que en un Estado de derecho, una media de 6.000 personas al a?o (mujeres, ni?os y ni?as), 3.668 s¨®lo en Andaluc¨ªa en el a?o 2001, se encuentren hasta tal punto desprotegidas y vulnerables que el propio Estado las someta a un r¨¦gimen de refugiadas en su propio pa¨ªs.

Carmen Olmedo Checa es diputada del PSOE.