El Supremo estima la recusaci¨®n por Batasuna de un magistrado

La Sala Especial del Tribunal Supremo encargada de los procesos de ilegalizaci¨®n de partidos estim¨® ayer la recusaci¨®n de Batasuna contra el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ?ngel Rodr¨ªguez Garc¨ªa. Batasuna considera que este magistrado carece de imparcialidad objetiva por afinidad con el Gobierno, y la sala especial, en contra del informe del ministerio fiscal, ha decidido apartarle del proceso.

El tribunal decidi¨® aceptar los motivos de recusaci¨®n planteados por Batasuna contra ?ngel Rodr¨ªguez. El partido independentista radical alega que este magistrado es el encargado de velar por el control judicial de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el antiguo Cesid, y de haber sido el presidente de la comisi¨®n de expertos que elabor¨® un proyecto de reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, por encargo del Ministerio de Justicia. Rodr¨ªguez ser¨¢ sustituido por Pedro Antonio Mateos Garc¨ªa, tambi¨¦n de la Sala de lo Contencioso.

La Sala Especial del Supremo tambi¨¦n convalid¨® la aceptaci¨®n por parte del magistrado Clemente Auger de los motivos de su recusaci¨®n, por lo que tambi¨¦n queda apartado definitivamente del proceso de ilegalizaci¨®n. Auger no pertenece a la sala, pero estaba sustituyendo en la misma a otro magistrado tambi¨¦n recusado.

En cambio, la sala rechaz¨® las recusaciones del presidente del Tribunal Supremo, Francisco Hernando Santiago, y de la magistrada Milagros Calvo. En el caso del primero, Batasuna aleg¨® que en su calidad de presidente del Consejo General del Poder Judicial hab¨ªa votado a favor del informe de la Ley de Partidos Pol¨ªticos. Tampoco se acept¨® que el hecho de que la juez Calvo asistiese a una rueda de prensa en la que se opin¨® sobre la ilegalizaci¨®n de Batasuna fuese motivo bastante para apartarla del proceso.

La Sala Especial se reunir¨¢ el pr¨®ximo viernes para iniciar la fase de recibimiento a prueba. La demanda del ministerio fiscal propuso una treintena de testigos, en tanto que Batasuna propondr¨¢ sus medios de prueba cuando el tribunal abra esta fase.

Por su parte, el fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina inform¨® ayer al fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, de que la Mesa del Parlamento vasco y las Juntas Generales de Vizcaya han podido cometer un delito de desobediencia a las resoluciones judiciales previsto en el art¨ªculo 410 del C¨®digo Penal.

El citado art¨ªculo se?ala textualmente: "Las autoridades o funcionarios p¨²blicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u ¨®rdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ¨¢mbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrir¨¢n en pena de multa de tres a doce meses e inhabilitaci¨®n especial para empleo o cargo p¨²blico por tiempo de seis meses a dos a?os".

El fiscal se?ala que la responsabilidad que eventualmente pudiera derivarse de las conductas que ponen de manifiesto los acuerdos del Parlamento vasco y de las Juntas Generales de Vizcaya es atribuible a personas aforadas en el Pa¨ªs Vasco, por lo que entiende que el caso deber¨ªa corresponder a la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco. Aunque Molina no quiere condicionar al fiscal del Estado, es obvio que aprecia delito, porque, en caso contrario no hubiera pedido el testimonio de la causa y hubiera destacado la inexistencia de il¨ªcito penal, lo que no se ha producido.