Menores sin ley

El informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la aplicaci¨®n de la Ley Penal del Menor no puede ser m¨¢s preocupante: esta ley, vigente desde hace apenas tres a?os, se incumple de manera sistem¨¢tica por falta de medios. La denuncia del Consejo no es una sorpresa: ya se dijo cuando entr¨® en vigor la ley que sus ambiciosos objetivos de reeducaci¨®n y reinserci¨®n del menor delincuente quedaban muy lejos de los escasos medios que se pon¨ªan a su disposici¨®n. Pero lo novedoso del informe es que esos medios siguen ausentes, con el efecto grav¨ªsimo de que la jurisdicci¨®n de menores en Espa?a funciona mal y est¨¢ al borde del colapso. Por eso, no ha podido ser m¨¢s afortunada la llamada que ha hecho el Defensor del Menor, Pedro N¨²?ez Morgades, a los nuevos gobiernos auton¨®micos y locales, a ra¨ªz de la participaci¨®n de un menor en la muerte de una turista griega en Madrid, para que tomen conciencia de la necesidad de respaldar una ley cuyo objetivo es recuperar al menor delincuente para la sociedad.

La Ley Penal del Menor articula un sistema alternativo de tratamiento espec¨ªfico, menos represivo y m¨¢s reeducador, acorde con la normativa constitucional y la Convenci¨®n de los Derechos del Ni?o. Pero tan buenos prop¨®sitos exig¨ªan, para no quedarse en pura ret¨®rica, una infraestructura judicial potente -m¨¢s fiscales, sobre todo-, flanqueada de equipos multiprofesionales -pedagogos, asistentes sociales, psic¨®logos- para el seguimiento de los fines socioeducativos asignados a las medidas de tratamiento y una red suficiente de centros de internamiento y de rehabilitaci¨®n.

Pero ni el Gobierno central, del que dependen los medios judiciales, ni las autonom¨ªas, a las que la ley atribuye la provisi¨®n de centros y especialistas, se han tomado en serio sus compromisos legales y responsabilidades p¨²blicas en este terreno, a tenor de la situaci¨®n que describe el Consejo del Poder Judicial. Ninguna autonom¨ªa cumple ni de lejos los m¨ªnimos exigidos: centros de internamiento saturados y sin medios de tratamiento adecuados, pr¨¢ctica inexistencia de centros terap¨¦uticos para los adolescentes con trastornos mentales y drogodependientes, escandalosa falta de educadores y equipos especializados, y un largo etc¨¦tera. Estas carencias convierten a la jurisdicci¨®n de menores en Espa?a en una ficci¨®n. Y lo m¨¢s grave es que no hay atisbos de que se quieran cambiar de verdad las cosas.