La ley del vino se aprueba con el rechazo del sector y de la oposici¨®n
Los productores piden que se excluya el producto de la 'ley del botell¨®n'
El Partido Popular ha sacado adelante en el Parlamento la Ley de la Vi?a y el Vino tras un proceso de negociaciones con el sector que ha durado m¨¢s de dos a?os. Durante este periodo se han manejado media docena de anteproyectos y se han presentado innumerables enmiendas en el Congreso y en el Senado. A pesar de ello, el texto aprobado es rechazado en medios de la producci¨®n y la industria as¨ª como en varias comunidades aut¨®nomas y la oposici¨®n.
Para el portavoz socialista de agricultura, Jes¨²s Cuadrado, se trata de una ley concebida para no aplicarse. En su opini¨®n, el ministro Miguel Arias Ca?ete ha traicionado al sector al prometer en su d¨ªa que sacar¨ªa al vino de las exigencias contempladas en la llamada ley del botell¨®n para su consumo, cosa que no se ha hecho. Para el sector, en este momento, lo fundamental es articular v¨ªas para dar salida a los 10 millones de hectolitros de vino que sobran anualmente en Espa?a.
Esta nueva disposici¨®n tiene de positivo la consideraci¨®n del vino como un alimento de la dieta mediterr¨¢nea. Los populares han suprimido la palabra "fundamental". En la misma se contemplan las reglas de juego en materia de riegos, nuevas plantaciones, derechos, aumento artificial de la graduaci¨®n, la prohibici¨®n de la mezcla de vinos tintos con blancos. tipos de denominaciones, exigencias para el envejecimiento de los caldos, infracciones o sanciones. Entre las cuestiones m¨¢s pol¨¦micas, no ha resuelto tres puntos: la ley del botell¨®n, los Consejos Reguladores y las competencias auton¨®micas.
El sector ha reclamado sin ¨¦xito que el Gobierno regulara todo lo referido al consumo del vino en esta ley y que sacara toda referencia de este producto en la llamada ley del botell¨®n. El ministro Miguel Arias Ca?ete se?al¨® en su d¨ªa ese compromiso frente a otros departamentos, algo que no se ha conseguido hasta la fecha.
Un segundo punto pol¨¦mico es el que contempla la nueva normativa sobre los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen. El Gobierno ha separado las competencias de gesti¨®n de las de control y estas segundas se ponen en manos de certificadores privados. En el sector se teme que esos controles sean dominados por las bodegas.
La nueva Ley del Vino se ha aprobado, adem¨¢s, cuando ya est¨¢n en vigor normas en la misma direcci¨®n en comunidades aut¨®nomas como Catalu?a o Castilla- La Mancha, existiendo disposiciones encontradas entre ambas legislaciones.
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