A golpe de C¨®digo

Reci¨¦n acabada una profunda reforma del C¨®digo Penal -nada menos que 166 art¨ªculos de una tacada, y 204 en lo que va de a?o-, puesta en marcha para endurecer las condenas por terrorismo y la reiteraci¨®n de delitos menores, el Gobierno se descuelga con otra que pretende convertir en delito, sancionado con prisi¨®n de tres a cinco a?os, la convocatoria de referendos o consultas populares por parte de autoridades sin competencias para ello, as¨ª como la asignaci¨®n de fondos p¨²blicos a grupos parlamentarios judicialmente disueltos o a partidos ilegalizados. Pocas dudas caben de qui¨¦n es el destinatario de esa reforma y, de haberlas, el propio Mariano Rajoy se ha encargado de despejarlas: el lehendakari y su anuncio de un posible refer¨¦ndum sobre su plan soberanista.

Una iniciativa legal tan grave, que pretende resolver con penas de c¨¢rcel situaciones que tienen otras v¨ªas de impugnaci¨®n en las leyes, habr¨ªa exigido como m¨ªnimo una consulta previa con las principales fuerzas pol¨ªticas, y en especial con el PSOE, al que nuevamente se le quiere colocar en la tesitura de aceptar lo que el Gobierno quiere o, en caso contrario, ser tachado poco menos que de antipatriota. Pero no s¨®lo no ha habido tal consulta; tambi¨¦n se ha hurtado al propio Congreso el debate de la iniciativa, ya que la intenci¨®n del Gobierno es introducir esta reforma mediante una enmienda en el Senado.

A este Gobierno, como ya se puso de manifiesto con su decisi¨®n de elevar de 30 a 40 a?os el l¨ªmite legal de cumplimiento de condena, parecen importarle muy poco los consensos si se trata de iniciativas de las que espera r¨¦ditos electorales. Y ello a pesar de que la contrapartida sea elevar todav¨ªa m¨¢s el list¨®n de la tensi¨®n frente a un desaf¨ªo pol¨ªtico -el plan Ibarretxe- que exige respuestas m¨¢s finas y acompasadas que la amenaza del C¨®digo Penal y la c¨¢rcel.

El C¨®digo Penal es el instrumento menos adecuado para resolver los conflictos pol¨ªticos. Lejos de resolverlos, puede enconarlos; y, en todo caso, es una constataci¨®n clamorosa del fracaso de la pol¨ªtica. La acumulaci¨®n de leyes y reformas ad hoc mediante procedimientos de urgencia, unidos a la instrumentalizaci¨®n de jueces y tribunales, conduce a un deterioro del Estado de derecho y a una situaci¨®n objetiva de excepci¨®n, sobre todo si las reformas se hurtan al debate parlamentario. Rajoy se ha manifestado esta vez sin ambig¨¹edad: "Si alguien hace algo que no puede hacer en el ejercicio de las competencias constitucional y estatutariamente reconocidas, est¨¢ infringiendo la ley y, por tanto, eso es un delito". ?Cree este Gobierno que amenazar a Ibarretxe con la c¨¢rcel es el m¨¦todo m¨¢s acertado para bloquear su plan soberanista?