Cooperaci¨®n legal

Un equipo de abogados vascos est¨¢ preparando una demanda judicial para conseguir la recuperaci¨®n de las tierras para los cuatro pueblos ind¨ªgenas que viven en la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte de Colombia. El pleito, todav¨ªa en proyecto, depende de la financiaci¨®n de las instituciones vascas y cuenta con el apoyo de la Confederaci¨®n Ind¨ªgena Tayrona, que agrupa a cuatro grupos ind¨ªgenas de la sierra colombiana. Impulsada por las ONGs vizca¨ªna Zeruko Umeak y la guipuzcoana Bizi Hitzak, la iniciativa judicial pretende llevar la reivindicaci¨®n territorial ind¨ªgena hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Cuatro pueblos -los arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo- pueblan desde hace siglos la Sierra Nevada de Santa Marta, un macizo monta?oso de gran riqueza ecol¨®gica, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco. La poblaci¨®n total de la sierra es de 53.000 personas, de las que 23.000 son arhuacos. La colonizaci¨®n, primero, la ocupaci¨®n de tierras por terratenientes, despu¨¦s, y la confluencia de paramilitares, guerrilla y ej¨¦rcito luchando por el control del territorio han convertido la vida de estos pueblos ind¨ªgenas en un infierno y la paradisiaca sierra, en un lugar muy peligroso.

"No quieren sus tierras s¨®lo en sentido material; para ellos son lugares sagrados"

All¨ª fue secuestrado el guipuzcoano Asier Huegun, que permaneci¨® m¨¢s de dos meses en poder del ELN (Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional), el segundo grupo guerrillero de Colombia. Los continuos enfrentamientos armados han ido desplazando a los ind¨ªgenas hasta las zonas m¨¢s altas y menos productivas de la sierra, de una altura m¨¢xima de 5.775 metros.

En 1973 el Gobierno de Colombia reconoci¨® la Reserva Ind¨ªgena Arhuaca y diez a?os despu¨¦s, legaliz¨® el Resguardo Iku, -delimita las 195.000 hect¨¢reas de los departamentos de C¨¦sar y Magdalena que pertenecen a los ind¨ªgenas-, pero s¨®lo es papel mojado. En realidad, los ind¨ªgenas se han visto obligados a comprar sus propias tierras, ocupadas ilegalmente por colonos. "Los arhuacos destinan el 80% del dinero que reciben del Gobierno a la compra de predios. Ahora hay muchos colonos dispuestos a vender sus tierras a los ind¨ªgenas por la dram¨¢tica situaci¨®n que se vive en la sierra", asegura Marita Amiano, de la ONG de Gernika Zeruko Umeak. El a?o pasado, esta asociaci¨®n consigui¨® subvenciones de los ayuntamientos de Gernika, Ir¨²n, O?ati y Arbizu y donaciones particulares con las que los arhuacos pudieron comprar 98 hect¨¢reas de terrenos productivos. Amiano destaca la importancia de la recuperaci¨®n del territorio para estos pueblos. "No quieren sus tierras s¨®lo en un sentido material; para ellos son tambi¨¦n lugares sagrados", precisa.

Zeruko Umeak y Bizi Hitzak llevan desde 2000 apoyando la compra de tierras pero recientemente han acordado, junto a las poblaciones ind¨ªgenas afectadas, iniciar una nueva v¨ªa de recuperaci¨®n territorial: la judicial. El primer paso para conseguir llevar esta reivindicaci¨®n hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos se produjo en octubre pasado. Con una subvenci¨®n del ayuntamiento de Gernika, las ONG's enviaron a dos abogados -uno de ellos del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto- a la zona para que tomaran contacto con la realidad de las poblaciones ind¨ªgenas. "Los abogados hablaron con la Confederaci¨®n Ind¨ªgena Tayrona, a la que presentaron el proyecto judicial, que fue aprobado por unanimidad", subraya Amiano.

El plan acordado entre las ONG y los arhuacos, kankaumos, wiwas y koguis prev¨¦ presentar una demanda ante la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos. Este ¨®rgano, que act¨²a como una fiscal¨ªa, y los pa¨ªses miembros de la OEA (Organizaci¨®n de Estados Americanos) son los ¨²nicos que pueden presentar casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San Jos¨¦ (Costa Rica).

La idea es basar el pleito en la pionera sentencia de Awas Tingui (Nicaragua), dictada en septiembre de 2001 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que marc¨® un nuevo rumbo en la protecci¨®n de los derechos colectivos ind¨ªgenas. La denuncia, interpuesta en junio de 1998 por Jaime Castillo, s¨ªndico de la comunidad ind¨ªgena Mayagna, lleg¨® hasta tribunal, que fall¨® a favor de los ind¨ªgenas, condenando al Estado nicarag¨¹ense a delimitar y devolverles la propiedad de las tierras. La sentencia oblig¨® adem¨¢s a Nicaragua a invertir 50.000 d¨®lares en obras y servicios destinados al pueblo Mayagna y a indemnizarles con 30.000 d¨®lares.