El sector minero propone cerrar 5.000 polvorines para evitar robos de dinamita

La industria minera y los fabricantes de explosivos han propuesto el cierre de los 5.000 minipolvorines distribuidos por toda Espa?a para evitar robos como el que supuestamente se produjo en la mina Conchita de Asturias y que facilit¨® la comisi¨®n de los atentados del 11-M. Los minipolvorines suelen estar en el campo, pegados a la bocamina, sin vigilancia, cerrados s¨®lo por una llave. Los fabricantes se comprometen a distribuir los explosivos a la carta, con sus propios medios, antes de tener que aumentar el n¨²mero de vigilantes privados, ya que creen que disparar¨ªa sus costes y crear¨ªa nuevos riesgos.

El sector de la miner¨ªa y los fabricantes de explosivos han visto con preocupaci¨®n los pasos dados hasta ahora por el Gobierno para incrementar la seguridad de los polvorines a ra¨ªz del robo de no menos de 210 kilos de dinamita que supuestamente fue perpetrado en la Mina Conchita por la llamada trama de Avil¨¦s, clave para la perpetraci¨®n del ataque combinado a cuatro trenes con 13 bombas el 11 de marzo.

Los cambios comenzaron con una orden ministerial de Presidencia del Gobierno, del pasado 21 de julio, pero ahora se prepara una reforma urgente de los Reglamentos de Seguridad Minera y Explosivos "con el fin de incrementar la presencia de vigilantes de seguridad privada en la custodia de dichas materias en los lugares de consumo". Los cambios afectar¨ªan tambi¨¦n al C¨®digo Penal, de forma que se podr¨ªa encarcelar a quien faltara a sus labores de custodia. y registro de los explosivos.

Cartas a dos ministerios

La Confederaci¨®n Nacional de Empresarios de la Miner¨ªa y Metalurgia (Confedem) ha enviado sendas cartas a los ministerios del Interior y de Industria, departamentos que tienen encomendados el velar por la seguridad en este tipo de asuntos, en la que reclaman que se cuente con ellos para dichas reformas, a fin de evitar que la reforma tenga "una ineficacia por nadie deseada".

Los empresarios mineros, que cuentan con el apoyo de los fabricantes de explosivos -Uni¨®n Espa?ola de Explosivos tiene la mayor parte del mercado espa?ol-, relatan en la carta que el control de los explosivos "ha sido ejercido siempre con eficacia probada por el Cuerpo de la Guardia Civil, que ha tutelado tanto la seguridad en su fabricaci¨®n, almacenamiento y transporte como su empleo en los lugares de consumo".

Sin embargo, a?aden, "la salvaguarda de ese control se ha ido derivando en los ¨²ltimos cuatro a?os hacia las empresas usuarias, a las que se ha cargado con la grav¨ªsima responsabilidad de prevenir y evitar las conductas que utilizan los explosivos en delitos de extrema gravedad (terrorismo". Esta derivaci¨®n ha supuesto una elevaci¨®n de costes y "una significativa p¨¦rdida de la eficacia alcanzada por la seguridad p¨²blica".

La Confedem explica que esa seguridad p¨²blica ha sido sustituida por "una seguridad privada que se basa en medidas burocr¨¢ticas y en una seguridad f¨ªsica prestada por j¨®venes vigilantes", con los que no se ha conseguido "mantener los niveles de seguridad que le son exigibles". Estos j¨®venes, a?ade, suelen tener entre 20 y 30 a?os y "s¨®lo han dispuesto de una preparaci¨®n superficial" y no tienen la condici¨®n de agentes de la autoridad". Este sistema se pone en contraste con lo que se hace en pa¨ªses de nuestro entorno, "en los que la protecci¨®n de todo el sector es encomendada, incluso, a las fuerzas armadas". Espa?a no hab¨ªa sufrido ning¨²n robo de explosivos en los ¨²ltimos 32 a?os, hasta el que fue perpetrado para el 11-M.

Los mineros y los fabricantes de explosivos ven "de dif¨ªcil comprensi¨®n la actitud de dejaci¨®n manifestada por el Estado al atribuir a las empresas la responsabilidad inmediata de la seguridad de los explosivos y, en definitiva, de evitar los actos en los que pudieran emplearse". Tras estas l¨ªneas, los empresarios piden entrevistarse con la subsecretaria de Interior, Soledad L¨®pez Fern¨¢ndez, y con el director general de Pol¨ªtica Energ¨¦tica y Minas, Jorge Sanz Oliva.

Operaci¨®n Lechera

La propuesta que le llevar¨¢n consiste b¨¢sicamente en el cierre de los 5.000 minipolvorines que almacenan explosivos y detonadores en las propias minas. Las m¨¢s de 1.000 industrias extractivas de mineral que utilizan explosivos pueden tener como m¨¢ximo diez de estos cofres y, en el caso de la Mina Conchita, la explotaci¨®n dispon¨ªa de ocho (cinco para Goma 2 Eco y tres para detonadores). Los minipolvorines son cajas fuertes encastradas en las faldas monta?osas pr¨®ximas a las bocas de las minas que albergan, como media, 50 kilos de dinamita cada uno o 500 detonadores.

Los informes de la Guardia Civil sobre el 11-M enviados al juez Juan del Olmo revelan que estos cofres de seguridad -con una sola llave de seguridad, sin vigilancia continua, situados en zonas aisladas donde nadie acude tras acabar la jornada laboral- son muy vulnerables a un posible robo. Sin embargo, dichos informes agregan que el robo en la f¨¢brica o en los dep¨®sitos intermedios se considera casi imposible por las enormes medidas de seguridad dispuesta en torno a los b¨²nkeres en los que se guardan los explosivos. Adem¨¢s, las llaves de la mayor¨ªa de ellos est¨¢n en poder de la Guardia Civil, encargada de abrirlos.

La propuesta se llama Operaci¨®n Lechera y consiste b¨¢sicamente en distribuir a la carta los explosivos, con furgones privados de los productores, de forma diaria y cada vez que se vaya a hacer una voladura. La carga ser¨ªa entregada y los sobrantes ser¨ªan recogidos en la ruta de vuelta. Lo que se trata de evitar es que el explosivo "duerma en el campo sin seguridad". Uni¨®n Espa?ola de Explosivos dispone de 28 dep¨®sitos de seguridad y de 12 f¨¢bricas desde los que se podr¨ªan distribuir los explosivos a la carta, ya que ninguno de ellos dista m¨¢s de 40 kil¨®metros de las principales minas espa?olas.